Empieza la campaña para las elecciones generales del 20 de diciembre, y ya han comenzado las promesas de los diferentes partidos. Es bueno que así sea. Las elecciones no solo sirven para escoger representantes, sino también para que las opciones políticas adquieran compromisos públicos que luego puedan los ciudadanos comprobar en qué medida fueron cumplidos. Pero tenga usted cuidado con ese estilo de hacer política consistente en ofrecer más servicios o bienes públicos. Los tendrá que pagar con sus impuestos.
De los programas electorales recordaremos siempre la única vez en la que el socialista Enrique Tierno Galván habló de forma sincera, cuando dijo aquello de que los programas electorales se hacen para no ser después cumplidos. Ese cinismo anida en todos los que desprecian a los votantes. Es decir, en todos los intervencionistas, que piensan que el político o el funcionario sabe en cada momento lo que a la gente le conviene, mejor que las propias personas. Esa arrogancia está presente en la izquierda, pero no es monopolio de la izquierda.
Debemos cuidarnos también de aquellos que no dicen lo que en realidad piensan hacer. Zapatero, por ejemplo, nunca dijo que fuera a pactar con ETA sin exigir ni su disolución, ni el reconocimiento del mal causado. Esos políticos también están en todo el espectro, y conviene alejarse de ellos, aunque sus palabras siempre suenen bonitas, o precisamente por ello.
Pero esté alerta también cuando un partido le prometa que si gana dará esto o lo otro, invertirá el doble en aquello, o hará gratuito tal o cual servicio. Nada es gratuito. La tendencia humana es siempre la de creer que los servicios públicos están pagados por todo el mundo, menos por uno mismo, que lo recibe gratuitamente. No es así. Véalo más bien al contrario: los paga usted, y lo usan todos los demás, incluidos los que no lo necesitan, los que tienen una renta mayor que la suya, o los que podrían pagárselo de su bolsillo. Una cosa es ayudar a aquel que necesita ser ayudado, y otra es regalar servicios a todos.
Los problemas de España, además, no son de escasez de gasto en bienes, servicios y subvenciones públicas. Más bien todo lo contrario. Lo acaba de analizar certeramente Juan Ramón Rallo hablando de la educación pública, pero lo mismo se puede decir de una Sanidad pública que es imposible mantener con su actual configuración, en un país en el que fallece más gente de la que nace. Más bien al contrario: España debería haber reducido mucho su gasto público durante la crisis, no mediante recortes, sino con reformas estructurales. No haberlo hecho en la medida necesaria puede animar a que políticos y funcionarios crean que, una vez pasado lo peor, pueden volver a gastar tanto como antes.
En la campaña electoral exijamos compromisos firmes sobre la defensa de la libertad, sobre la unidad nacional, sobre una visión clara y consecuente de la amenaza islamista. Exija principios. Pero si lo que le prometen son nuevos servicios o subvenciones no deje de preguntar cuánto le van a costar a usted.
