Un informe publicado la semana pasada por la Comisión Palestina Independiente para los Derechos Humanos (ICHR, por sus siglas en inglés) criticaba a la Autoridad Palestina y a Hamás por atacar los derechos humanos y las libertades en la Margen Occidental y en la Franja de Gaza.
El informe, que, en Occidente, ha sido ignorado por los principales medios de comunicación y por organizaciones pro derechos humanos, revela que diez palestinos murieron en enero de este año en la Margen Occidental y en la Franja de Gaza como consecuencia de la anarquía, el desorden y el uso indebido de armas.
El informe cita también casos de tortura y de malos tratos en las cárceles de la AP y de Hamás. ICHR señalaba un aumento en el número de casos de tortura en las prisiones pertenecientes al temido Servicio de Seguridad Preventiva de la AP en la Margen.
La Comisión señala que durante enero recibió 56 quejas relativas a torturas y malos tratos en prisiones palestinas: 36 en la Franja de Gaza y 19 en la Margen Occidental. Además, esta organización pro derechos humanos recibió incontables quejas referidas a detenciones arbitrarias e ilegales de palestinos por parte de la AP y de Hamás.
ICHR escribió que además había recibido quejas de palestinos que acusaban a las fuerzas de seguridad de la AP en la Margen de apropiarse de su dinero de manera indebida. La organización también recibió quejas relativas a ataques a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a manifestaciones pacíficas y a las libertades académicas.
Respecto a los diez palestinos muertos durante el mes de enero, el informe revelaba que la mitad de ellos murió como consecuencia de violentos enfrentamientos entre clanes. Un palestino murió mientras trabajaba en un túnel de contrabando en la frontera entre la Franja y Egipto. Tres palestinos murieron en lo que la organización describe como casos de "anarquía en la seguridad y uso indebido de armas". En la Franja de Gaza, según el informe, una niña de 13 años llamada Wisam Ashur se suicidó ahorcándose en la casa en que vivía con su familia.
Respecto a la tortura, la organización afirma que recibió quejas de palestinos que afirmaban haber sido torturados mientras estaban detenidos en prisiones de la Autoridad Palestina y de Hamás.
La comisión cuenta que, durante el mes de enero, recibió 85 quejas relativas a detenciones ilegales y arbitrarias por parte de ambos Gobiernos palestinos. Muchos de los detenidos afirmaron haber sido puestos bajo custodia por delitos de raíz política.
En cuanto a los ataques a la libertad de expresión y a las manifestaciones pacíficas, la organización pro derechos humanos señala que, el 12 de enero de 2014, policías de la AP usaron la fuerza para disolver una manifestación de jóvenes palestinos al norte de Ramala. Entre 60 y 70 manifestantes, prosigue el informe, resultaron heridos en la cabeza y en las piernas cuando los policías los atacaron con porras y granadas aturdidoras.
El pasado 28 de enero, policías de la Autoridad Palestina emplearon munición real para dispersar a gente que lanzaba piedras en el centro de Ramala, según el informe. Afirmaba también que no había motivo para usar la munición real durante el incidente. Cuatro manifestantes resultaron heridos, como documenta el informe, al ser atacados con porras por los policías.
Durante la última semana de enero, señala el informe, las fuerzas de seguridad de Hamás asaltaron dos campus universitarios en la Franja de Gaza y se excedieron en el uso de la fuerza para dispersar estudiantes que se manifestaban contra las altas tasas universitarias.
En la Margen Occidental, el Servicio de Seguridad Preventiva convocó a una serie de estudiantes sospechosos de estar implicados en actividades políticas para interrogarlos y, según revela el informe, una universidad de Jericó expulsó a un estudiante por sospecharse que su hermano y su cuñado pertenecían a Hamás.
En cuanto a la anarquía y los desórdenes en la Margen Occidental, la organización pro derechos humanos señala un incidente que tuvo lugar cerca de Hebrón el pasado 18 de enero. Ese día, más de 100 hombres asaltaron el edificio del ayuntamiento de Yata, valiéndose de un buldózer para abrirse paso.
El alcalde, Musa Majamarah, declaró que los asaltantes eran familiares y amigos de un miembro del consejo municipal que había sido despedido. El alcalde se quejaba de que, aunque había advertido a la policía de la AP de que era posible que se produjera un ataque semejante, no se enviaron refuerzos policiales.
El informe descubrió que la Autoridad Palestina seguía ignorando sentencias judiciales. Señalaba que el Servicio de Seguridad Preventiva y la Fuerza General de Inteligencia ignoran habitualmente las órdenes de diversos tribunales relativas a la puesta en libertad de detenidos palestinos, y citaba siete casos ocurridos durante el último mes.
Hace dos semanas, representantes de la Comisión Palestina Independiente para los Derechos Humanos se reunieron con Said Abu Ali, ministro del Interior de la Autoridad Palestina, y discutieron con él casos de tortura y de violación de los derechos humanos en la Margen Occidental. También hablaron de la continuada represión de estudiantes palestinos en la Universidad Bir Zeit de la Margen Occidental. Muchos estudiantes se han quejado de haberse convertido en objetivo de diversas ramas del aparato de seguridad palestino por motivos políticos.
Lo descubierto por el informe muestra una vez más que ni la Autoridad Palestina ni Hamás respetan los derechos humanos ni la libertad de expresión en los territorios que controlan.
El hecho de que Hamás sea responsable de violaciones de los derechos humanos y de ataques contra la libertad de expresión no debería sorprender a nadie.
Lo que sí resulta sorprendente es que los dirigentes de la Autoridad Palestina, que a menudo alardean de que los palestinos que viven bajo su jurisdicción gozan de democracia y de libertad de expresión, sigan mintiendo respecto a su expediente en derechos humanos, no sólo a sus electores, sino a los medios de comunicación occidentales y a los donantes internacionales.
La AP ha conseguido desviar la atención de estos problemas culpando de todo a Israel. Por lo que respecta a la Autoridad Palestina, Israel es el único culpable de violar los derechos humanos y de atacar las libertades de expresión y de prensa.
Evidentemente, la mayoría de los periodistas, Gobiernos y grupos pro derechos humanos occidentales han preferido respaldar la postura de la Autoridad Palestina, según la cual los únicos malos son los israelíes. Y por eso, precisamente, el informe de la ICHR sobre la anarquía, los desórdenes y las violaciones de derechos humanos por parte de la AP y de Hamás será ignorado por completo en Occidente.