El aborto no es sólo una cuestión de creencias religiosas, ni siquiera de convicciones morales. Es algo que tiene que ver con la defensa de la vida y la dignidad humana, unos principios que han caracterizado a todas las sociedades civilizadas a lo largo de la historia. La izquierda española tiene un serio problema para entender este principio básico cuando defiende con mayor entusiasmo los derechos de los grandes simios o de cualquier otra especie protegida que los derechos de los no nacidos. Cuando una sociedad pone su potencial científico y social al servicio de una mentalidad de la muerte, en vez de al servicio de la vida, es que algo esencial está fallando. Si relativizamos el valor de la vida, estamos poniendo en riesgo la propia supervivencia de nuestra sociedad. Porque después de los no nacidos pueden venir aquellos cuya vida no tenga socialmente valor y así sucesivamente.
Zapatero ha decidido impulsar el aborto en España como una de las señas de identidad de su proyecto político. Nuestro país se convertirá, en caso de salir adelante esta reforma, en el país europeo con una legislación más claramente pro-abortista. El aborto dejará de ser un delito despenalizado en determinados supuestos, para convertirse en un derecho de la mujer que podrá ejercer sin la más mínima restricción ni respeto para los derechos del ser que lleva en su seno, ni por supuesto del otro progenitor. Incluso una menor que requiere autorización de sus padres para ponerse un piercing podrá abortar sin conocimiento siquiera de sus progenitores. La reforma, tal y como la plantea el Gobierno, constituye un fraude político, provoca una fractura social y es una clara vulneración de nuestra Constitución.
La reforma constituye un fraude político porque el PSOE ocultó deliberadamente en su programa electoral la liberalización del aborto. Once millones de españoles pudieron votar a Zapatero porque creyeran su promesa del pleno empleo, por su compromiso de que subiría las pensiones o por muchas otras cosas que los socialistas prometieron en su campaña electoral y ahora no cumplen. Pero ningún español pudo votar a Zapatero para que liberalizara el aborto, sencillamente porque no lo dijo. Si el Gobierno siente ahora urgencia por hacer esta reforma de enorme calado social debería someterla a referéndum o esperar al menos a proponerla en las próximas elecciones.
Hay sin duda una dosis muy importante de oportunismo político en el momento de plantearla reforma. No es casual que Zapatero impulse esta reforma en su momento de mayor debilidad política y con un Gobierno noqueado por una brutal crisis económica que es incapaz de afrontar. Hay un evidente interés del Gobierno por desviar la atención de los españoles de su principal preocupación en estos momentos, un paro galopante que manda a las listas de desempleo a cientos de miles de españoles cada mes. Zapatero intenta abrir otros debates que a pesar de no tener demanda social producen una gran tensión por su incuestionable relevancia moral. Pero lo que resulta más repulsivo de todo este engaño es que el Gobierno argumente, como hace la titular de ese supuesto Ministerio de Igualdad, que el objetivo de esta reforma es reducir el número de abortos en España. Es difícil mayor ejercicio de hipocresía política.
Pero la liberalización del aborto implica mucho más que un engaño político. Zapatero ha convertido el aborto es una cuestión central de su ideología. El actual proyecto socialista es en buena medida un programa de reversión de los valores morales tradicionales de la sociedad española y la creación de una "sociedad nueva" fundada sobre valores "progresistas" impuestos desde la escuela como verdades absolutas. En ese proyecto, relativizar el valor de la vida como algo que puede ser sometido, manipulado o extinguido a nuestro capricho ocupa una posición central. Los jóvenes son además el principal objetivo de este intento de ingeniería social. Por eso no extraña que la reforma permita abortar a cualquier menor de edad sin el consentimiento de sus padres. La idea que se trasmite no es sólo un sentido de irresponsabilidad en relación con las consecuencias de sus actos, sino que sus padres, de mentalidad seguramente más conservadora, no deben interferir en ningún caso en su educación, ni en sus decisiones, ni en su vida.
Por último, la liberalización total del aborto que plantea el Gobierno resulta claramente contraria a la defensa del derecho a la vida que establece nuestra Constitución como un derecho fundamental. El propio Tribunal Constitucional ya defiende con claridad en su sentencia sobre la anterior Ley del aborto que la vida del nasciturus constituye un bien jurídico que debe ser protegido por nuestro ordenamiento jurídico. Este principio es incompatible con una Ley de plazos, como pretende proponer el Gobierno, en la que el aborto no tiene ningún tipo de restricción durante un determinado periodo de la gestación.
Estamos aún a tiempo de parar una Ley políticamente fraudulenta, que dividiría innecesariamente a la sociedad y que resulta contraria a nuestro ordenamiento constitucional. Para ello es esencial una clara y eficaz oposición política, una intensa movilización social y una frontal batalla jurídica. Ojala que el aborto sea otra vez, como ya ocurrió en los últimos años del felipismo, el último estertor de un Gobierno agonizante.