Este tipo de imagen de la familia que trabaja duro pero que pasa dificultades es consistentemente invocada en los debates políticos sobre el salario mínimo. "Somos un grupo de gente orgullosa. Quiero decir que yo salgo afuera y doy todo lo que tengo. Le aseguro que no bajamos el ritmo aquí. Si hay un trabajo que hacer, lo hago", dice Dan.
En la Segunda Carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo deja por escrito un principio moral: "El que no trabaje, que no coma". Pero hay hombres y mujeres como Dan claramente dispuestos a trabajar, de modo que las palabras de Pablo parecen implicar también el principio positivo opuesto, algo así como: "El que quiera trabajar, que coma".
Aunque creo que esta última frase es cierta, eso no deriva necesariamente en que el gobierno deba ser el agente responsable de que eso ocurra. Una buena forma de pensar sobre los salarios es considerarlos como el precio que se pone al trabajo por consenso mutuo entre empresario y empleado. El precio del trabajo, por tanto, es un importante indicador del valor atribuido al trabajo y un contrato, al que uno se adhiere libremente, ratifica el precio.
Esferas de soberanía
El estadista y teólogo reformista holandés Abraham Kuyper reconocía esto cuando se discutía el papel que el gobierno tiene abordando este tipo de asuntos sociales. Escribiendo en De Standaard, periódico que él fundó, Kuyper afirma que "la pregunta es si el gobierno puede interferir directamente en cuestiones referentes al trabajo. ¿O es que las autoridades se exceden en sus competencias cuando crean trabajo o reducen la competitividad, suben salarios o acortan la semana de trabajo y en general apoyan el trabajo manual poniéndolo a disposición sólo bajo ciertas condiciones que aseguren que el trabajador manual sea respetado como ser humano?"
La respuesta de Kuyper es que el gobierno no tiene un derecho máximo e inapelable de intervencionismo en estos temas porque la relación entre el empresario y el empleado tiene su propia aprobación divina. "Creemos más allá de la duda que el gobierno no tiene este derecho, por lo menos no en un sentido absoluto. El Estado y la sociedad no son idénticos. El gobierno no es lo único soberano en un país".
Particularmente en la cuestión de adjudicar la pertinencia de los salarios, Kuyper se pregunta: "¿Debería el Estado permitir cualquier tipo de contrato o las autoridades tienen el derecho de estipular que cada contrato que trate de estos asuntos deba presuponer o incluir ciertas condiciones? Entonces la siguiente pregunta es: ¿Está dentro de los poderes del gobierno decidir un castigo cuando esas condiciones contractuales, que considera esenciales, no se hayan seguido?"
Nuevamente respondiendo estas preguntas en negativo dice Kuyper: "Ya que esta propuesta es un intento para intervenir directamente en un terreno que es soberano en su propia esfera y gobernado por la ley, pensamos que el primer paso ha sido tomado en un camino que dejará cada esfera de la sociedad a merced del juez". De esta forma, Kuyper ve que el intervencionismo directo del gobierno al poner el precio del salario no tiene validez y es el camino a un estado socialista.
¿Libre para elegir?
La inquietud de Kuyper por la soberanía del trabajador para que pueda determinar por sí mismo el salario por el que trabajará es compartido por economistas que argumentan contra las leyes de salario mínimo. Jim Cox, por ejemplo, en su Concise Guide to Economics (Guía concisa de Economía) tiene una corta sección sobre el salario mínimo en la que dice: "Lo que la ley del salario mínimo hace por los pobres es negarles las mismas oportunidades libremente escogidas que otros siguen por su propio bienestar". La libertad de decisión de los trabajadores con bajos salarios es menoscabada por la ley del salario mínimo que impone el Estado.
Cox va más allá llamando al salario mínimo "un asunto de derechos civiles" y dice que "se está discriminando legalmente contra segmentos identificables de la sociedad porque el valor de su baja productividad los pone en una posición en la que no pueden escoger legalmente la combinación de salario y capacitación laboral que prefieran". La ley del salario mínimo no respeta a los trabajadores como seres humanos, como diría Kuyper, porque no les permite determinar por sí mismos qué precio aceptarían por su trabajo. Les niega esa libertad.
Parte del respeto a los seres humanos es respetar su libertad de decisión. Y la idea de que un salario mínimo respeta de alguna forma la dignidad humana es ilusorio en sí mismo, porque se pone un valor arbitrario al trabajo humano. Si el valor inestimable y la dignidad de una persona se transfiere a todo el trabajo humano, entonces, por esa lógica, ¡cualquier definición de salario mínimo es por definición demasiado baja!
Un elemento de la libertad del trabajador puede ser ejercido en la búsqueda de la superación personal. Dan, el trabajador con salario mínimo, se queja de muchos de los trabajos corrientes: "Muchas veces incluso si uno trabaja allí 10 ó 20 años y sólo eres un obrero, sabes que de todas maneras no vas a llegar muy lejos. Sería mucha suerte que trabajando 20 años por aquí pases del salario mínimo a 7 dólares la hora".
Capital social
Si no hubiese otras variables en juego más allá del tiempo en el trabajo, Dan podría tener razón. Pero, como apunta Jim Cox, esto va contra nuestra experiencia común. Escribe que la mayoría "ha conseguido aumentar su sueldo una vez ya en el puesto de trabajo, no por haber recibido capacitación oficialmente sino por ir aprendiendo y demostrando su valía en el puesto de trabajo". En realidad, mucha de la investigación sobre el llamado "capital social" muestra que una variedad de factores juegan un papel significativo determinando el éxito del trabajo de una persona. Éstas incluyen cosas como el desarrollo de las aptitudes sociales, una ética de trabajo seria y las estructuras de apoyo familiar. Las familias y las iglesias pueden tener un impacto vital importante en estas áreas haciendo posible que la gente mejore su posición económica.
El gobierno civil tiene el papel de hacer respetar de forma imparcial y justa la relación contractual entre empresario y empleado. No obstante, eso no significa que tenga el derecho absoluto de determinar la naturaleza específica de esta relación en cualquier circunstancia o en todas las circunstancias.
Los seres humanos tienen un derecho a un nivel básico de subsistencia. En verdad, Pablo afirmaba este derecho a la caridad cuando habla del "derecho a tal ayuda" (2 Tes. 3:9 Nueva Versión Internacional NVI). Pero el Estado no tiene que ser necesariamente el garante de ello. Aquí es donde la caridad privada y la iglesia juegan un papel vital.
El papel de la iglesia ayudando con las necesidades materiales se afirma una y otra vez en la Biblia: "Si alguno que posee bienes en la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él?" (1 Juan 3:16-18 NVI). También se confirma en la realidad de la iglesia del Nuevo Testamento: "Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno" (Hechos 2:44-45 NVI). La intervención del gobierno civil en el campo laboral en forma de leyes de salario mínimo menoscaba tanto la libertad básica de los trabajadores como de los preceptos divinos de la iglesia y la familia.
Jordan Ballor es editor asociado del Instituto Acton para el Estudio de la Religión y la Libertad en Grand Rapids, Míchigan.