En la última década, muy especialmente en los últimos dos años, se ha vuelto a plantear el debate de la laicidad en España, cuando parecía haber calado en la conciencia colectiva el consenso y la reconciliación de la Transición, magistralmente recogidos en la Constitución de 1978, bajo el principio de la aconfesionalidad del Estado.
El debate está abierto y va a ser difícil superarlo porque la palabra laicidad, laico – laica, es hoy por hoy una de las palabras de uso más interesado y ambiguo. Encontramos casi tantos significados de laicidad como líderes y grupos que lo manejan. El debate sobre la asignatura de Religión, los conciertos educativos con la escuela católica, la prestación de la asistencia religiosa en los hospitales y las fuerzas armadas, la propiedad de medios de comunicación, entre otros, parece determinado por concepciones diferentes de la laicidad. Algunas instancias parecen especialmente interesadas en suscitar y alimentar la confrontación, condicionada por una interpretación reduccionista, restrictiva y excluyente que hace aflorar las actitudes y opciones políticas y éticas entre una laicidad de mínimos y el laicismo.
En julio de 2002, días 20 y 21, se celebró en Barcelona, el II Encuentro por la Laicidad en España bajo el título “Laicidad y derecho al espacio público”. Se trataba de poner de manifiesto que existe una lucha histórica por monopolizar –por ocupar en exclusiva– el espacio público, es decir, la ciudad, el lugar en el que conviven las personas; y que la laicidad es la reivindicación del derecho a ese espacio público: las calles, las administraciones, la escuela, la sanidad, los centros de tiempo libre, arrancándolo definitivamente de la tutela del trono y del altar. En el Manifiesto final afirman, punto primero, que “para posibilitar una auténtica igualdad de oportunidades al acceso al espacio público es preciso fortalecer el marco común de la laicidad como garantía de civilidad democrática y respeto para con todas y cada una de las expresiones filosóficas y espirituales, sin imposiciones, favoritismos, exclusiones ni hegemonisnos por parte de ninguna escuela de pensamiento o grupo en particular”.
Recientemente, durante el año 2005, se presentó la Plataforma para una sociedad laica, integrada por organizaciones como CEAPA, Fundación Fernando de los Ríos, las Federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT, Federación de Gays y Lesbianas, Fundación Cives, entre otras. Entre sus reivindicaciones está relegar la religión al ámbito de la conciencia de cada uno y que no tenga relevancia pública. Curiosamente, basan el argumento principal de su propuesta en el artículo 16 de la Constitución Española sobre la libertad ideológica y religiosa. Leyendo el artículo 16, lo que se concluye es que el Estado no tiene religión propia –es aconfesional-, reconoce la pluralidad de creencias existentes en la sociedad española y mantiene relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Hay, por tanto, varias confusiones en los planteamientos de dicha Plataforma: se confunde Estado con sociedad, aconfesionalidad y laicidad con laicismo y neutralidad con oferta de una propuesta ideológica hegemónica y unidireccional.
Finalmente, en el mes de marzo pasado, apareció en los medios la noticia de que el partido socialista, apoyado especialmente por la Fundación Cives y la Cátedra de Laicidad y Libertades Públicas, prepara un Código de la Laicidad, en el cual se incluyen restricciones a las expresiones de lo religioso en los espacios públicos.
Con estos datos del nuevo contexto, a veces da la impresión que los católicos nos sentimos algo “extraños” en el nuevo mar de esta laicidad. Parece como si algunos quisieran que fuéramos todos oficialmente “profesantes del laicismo”, y luego, a cada cual se permitiera, por su cuenta, ser lo que quiera. La laicidad sería algo así como una “religión secular absoluta”, una “ideología de Estado” que sustituye a la “religión de Estado”. Este concepto de laicidad que juega con la ambigüedad de admitir a todas las religiones, pero querer controlarlas y someterlas todas a sí, es más acorde con el “laicismo” hostil y contrario a toda realidad y expresión religiosa en los espacios públicos.
Esta tendencia a desvincular nuestras costumbres, tradiciones, instituciones sociales, fiestas, nuestro patrimonio cultural, ético y religioso, nuestro pensamiento, nuestra historia, filosofía y literatura del cristianismo, y especialmente del catolicismo, pertenece a una visión restrictiva y reduccionista no compatible con la realidad. Sería como pensar, en términos de apartheid, que nadie que no sea blanco puede ser una persona verdadera; quizá suene fuerte, pero podríamos llegar al extremo de sospechar que quien no profese el laicismo no puede ser un ciudadano verdadero. A tal punto que se llega a simplificaciones burdas: la izquierda es laica, la derecha es confesional; los defensores de la laicidad son progresistas, los detractores son retrógrados; los defensores de la escuela pública y laica garantizan calidad y libertad, los promotores sociales de la escuela concertada confesional aportan oscurantismo y servilismo...
Por eso, estamos encontrando expresiones de lo que no es “laicidad” como principio, actitud, valor y marco de convivencia. La laicidad no es indiferencia (“pueden existir siempre que no molesten, no se hagan notar…”), porque surge inmediatamente la pregunta, ¿qué podemos hacer para no molestar? Tampoco es laicidad la que se practica como neutralización de determinados grupos, defensores de determinados valores e instituciones. De ninguna manera la laicidad puede usarse como un salvoconducto para la crítica sistemática a los grupos y valores religiosos católicos.
Ante esta nueva realidad no tan "nueva", yo tengo una hipótesis de trabajo. Mientras no encontremos o no construyamos un vocabulario instrumental común, como base de nuestro debate sobre las grandes cuestiones antes enunciadas, el diálogo en el contexto de la laicidad, como espíritu y principio de una sociedad democrática avanzada y participativa, va a ser siempre un diálogo de sordos, al menos en el nivel de ciertas instancias y grupos dominantes. Aunque no basta con la base conceptual común, es preciso también cultivar sin recelos mutuos y sospechas la actitud de laicidad.
Aunque también tengo la convicción de que en la sociedad, en la convivencia y la cooperación, en las relaciones cotidianas en los distintos escenarios y espacios públicos, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, el debate no tiene relevancia ni interés; preocupe sobremanera a una parte dominante de la clase política y de la cultura.
La laicidad como principio de organización socio-político consiste en el reconocimiento de la autonomía y separación entre las iglesias y el Estado; y en la garantía de que todas las personas, en los ámbitos y contextos de vida, es decir, en los “lugares” de la ciudad que juntas habitan y construyen, pueden desarrollar libremente su personalidad en conformidad con la dignidad de la persona, los derechos humanos, el respeto a las leyes y a los derechos de los demás, como afirma la Constitución Española en el artículo 10.1. Todo ello en condiciones no sólo de igualdad legal, sino también de igualdad de oportunidades, siendo obligación del Estado remover los obstáculos (no ponerlos) para que esa igualdad sea efectiva (art. 9).
La Iglesia, en el Compendio de la doctrina social de la Iglesia, se refiere a la “laicidad” como “un valor adquirido y reconocido por la Iglesia”, una actitud y un principio. Existe, además, un rico patrimonio de doctrina social, acciones y organizaciones eclesiales que, en todos los escenarios de la vida y en todos los caminos del hombre, aplican y viven la laicidad como principio y actitud.
El XIV Curso de Doctrina social de la Iglesia es una propuesta más de una Iglesia abierta y plural que busca, en cada tiempo y lugar, por los caminos del hombre, las expresiones de servicio acordes con los signos de los tiempos. Como viene aconteciendo hace catorce años, está organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología “León XIII” de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid, y por el Instituto Social “León XIII” – Fundación Pablo VI. Por este curso están pasando excelentes ponentes que abordan el concepto y la experiencia de la laicidad, como construcción significativa de la modernidad, a partir de fundamentos sociológicos, históricos, teológicos, filosóficos, éticos, estéticos y políticos; y estudian las implicaciones y las formas de la presencia pública de la Iglesia en una sociedad regida por el principio de laicidad.
El XIV Curso de Formación de Doctrina social de la Iglesia es un escenario actual y provechoso para tratar el tema de manera científica, objetiva y plural. Los organizadores no sólo quieren hacer aportaciones a la comprensión del presente y futuro de nuestra presencia en la sociedad española, sino también crear un escenario en el cual los participantes busquen respuestas de manera desinteresada, guiados por la verdad sobre la dignidad de la persona, sujeto y fin de toda la vida social, económica, política y cultural.
Juan Souto Coelho es miembro del Instituto Social “León XIII”