En estos asuntos, como en muchos otros, necesitamos aclararnos todos como sociedad y, para ello, es sumamente importante el que cada quien exponga sus razones y esté dispuesto a que el otro, quien no opine como él, pueda enriquecerle de algún modo. Pero si no hay razones, si no cabe esperar del que piensa de forma distinta algo que me pueda enriquecer, entonces lo que habrá será un forcejeo, es decir, el enfrentamiento de dos fuerzas o, si no, la imposición de uno sobre el otro.
Dice el ínclito diputado que a los obispos les resulta extraño que en nuestro régimen democrático "se respeten las creencias de todos", cuando durante los 40 años del franquismo "se acostumbraron a hacer lo que querían en la religión y en el proceso educativo". Conozco a algunos obispos y, desde luego, no "les extraña" que en una democracia se respeten las distintas creencias, sino que incluso apoyaron a Juan Pablo II cuando defendió, en viaje a algunas dictaduras, la libertad religiosa. Tal vez sea bueno que se diga que los obispos españoles respaldaron, en el Concilio Vaticano II, en pleno franquismo, los distintos documentos en que se trató sobre la libertad religiosa y que la Iglesia Católica hizo más durante ese régimen por la llegada de la democracia que el PSOE, cuya actuación en la oposición al franquismo destacaba por su casi total ausencia, aunque hay que reconocer que sí tuvieron la habilidad de cosechar posteriormente lo que otros sembraron.
El susomentado representante de la soberanía nacional sostuvo que la religión debería quedarse "al margen de los centros educativos" así como que "desaparezcan todos los símbolos religiosos". Creo que aquí se mezclan dos cosas de orden distinto, pues una cosa es que haya o no símbolos de una determinada confesión en un establecimiento de titularidad pública y otra es que el Estado esté o no al servicio de que los ciudadanos puedan ejercer o no sus derechos. Victorino Mayoral, diputado por Cáceres, en línea con su colega Pliego, considera que no es función estatal "enseñar la religión a nadie". Dicho así, parece razonable, pero no se trata de que el Estado enseñe o no religión, sino de que el Estado esté al servicio del derecho de los padres a dar la educación que ellos quieran a sus hijos. Tiene razón Pliego cuando dice que "la escuela no es un centro para adoctrinar dogmáticamente a nada ni a nadie", pues de lo que se trata es de que se garantice a aquellos padres que quieran que a sus hijos se les enseñe, no que se les adoctrine dogmáticamente, una determinada religión y, por supuesto, el Estado también debe garantizar que a los niños no se les adoctrine dogmáticamente sobre determinados postulados morales por muy en boga que estén.
No creo, como dijo el Vicario General de la Diócesis de Córdoba, Santiago Gómez Sierra, en un comunicado, que la retirada de los signos religiosos sea una "censura" hacia los signos cristianos. Esto me parece conforme con la aconfesionalidad estatal, lo mismo que la retirada de autoridades públicas de los actos religiosos, que bien pueden ir a misa a titulo particular y no como tales cargos. Pero el que no se dé oficialidad a unos signos no quiere decir que la religión esté ausente de la escuela, pues sería como ausentar a la sociedad. Lo que sí tiene tufo a censura es lo de Pliego, quien dice que "la Iglesia está entrando en terrenos escurridizos" pues "se reúnen para opinar de todo, como la unidad de España". Las libertades de reunión y de asociación en una democracia no están reñidas con la libertad ideológica y de expresión y, por ello, los obispos, como cualquier otro ciudadano español, pueden reunirse y opinar sobre cualquier asunto público. Es llamativo que le parezca tan extraño a un diputado que en democracia los ciudadanos se reúnan a opinar, aunque estos sean obispos.