Conociendo los reiterados pronunciamientos del episcopado al respecto, poco más habrá que añadir sobre la condena del terrorismo, sus métodos, su naturaleza y finalidad, y también sobre los pilares para edificar la paz verdadera, aunque históricamente imperfecta.
Algunos analistas, en prensa nacional y extranjera, interpretan que el encantador proceso de paz, así como la fiebre política de la aprobación precipitada de nuevos Estatutos para Cataluña y Andalucía, pertenecen a un guión oculto, que tiene como punto de llegada y partida los hechos sangrientos de la masacre del 11-M. Un análisis objetivo de la evolución de los tres últimos años de nuestra historia no puede prescindir de la interpretación conjunta de estos sucesos, tanto más si constatamos que los problemas reales que inquietan a los ciudadanos quedan relegados y sin resolver.
En este difícil contexto para los ciudadanos, asediados por un monolítico bloque de medios progubernamentales con escenificaciones y propaganda interesadas, todas las palabras libres, vengan de donde vengan, son imprescindibles. Yo considero que una de las palabras más libres y liberadoras debe ser la que pronuncie la Iglesia a través de sus obispos. Aunque pronuncien una palabra contextualizada, como respuesta a problemas históricos concretos, ellos son pastores de la Iglesia universal antes que seguidores de una u otra opción política. En este sentido traigo a la reflexión dos palabras episcopales, una pronunciada en Cataluña y otra en Andalucía, ambas con el mismo motivo, los nuevos Estatutos, por cierto cortados por el mismo patrón e impregnados por los mismos tópicos.
Los obispos de Cataluña, reunidos en Montserrat en su 179ª reunión de la Conferencia Episcopal Tarraconense, han emitido un Comunicado sobre el nuevo Estatuto de autonomía que sustituirá el aprobado en 1979. Los obispos valoran positivamente todo aquello que el progreso del autogobierno puede aportar a Cataluña y expresan el deseo de que, si el nuevo Estatuto es aprobado definitivamente, sea aplicado con generosidad, con atención a las necesidades reales del país y con sentido de solidaridad fraterna y de respeto mutuo entre los ciudadanos de Cataluña y los del resto de España.
A continuación, añaden una vaga y escueta preocupación por algunos artículos del Título primero sobre la dimensión ética de la vida, el matrimonio y la familia, la dignidad de la persona humana, la libertad de enseñanza propia de una sociedad democrática y pluralista, y el respeto por los más débiles, sobre todo los no nacidos y los enfermos terminales, porque patentizan unos criterios que contradicen el espíritu del humanismo cristiano. Terminan diciendo que, como para otras decisiones de tipo político, será cada persona la que tendrá que hacer un discernimiento justo y equitativo para decidir responsablemente su posición ante el referéndum que se anuncia para dentro de unos meses, sabiendo que de él depende el futuro de su pueblo.
Con todo respeto, desde la libertad de discrepar y el deber de hacer un discernimiento responsable, tengo que decir que eché en falta algunas cosas en éste y en un anterior comunicado sobre el mismo tema. Eché en falta sobre todo la total ausencia de crítica a la ideología nacionalista e intervencionista sobre la que está fundado, así como la ausencia total de referencia a la Nación y a la Constitución españolas. También me llamó la atención la falta de concreción e implicación sobre los sentimientos preocupantes que generan los artículos del Título primero a los que hacen referencia. Por otro lado, me asombra la expresión del deseo de que, en el futuro, se cumplan con generosidad derechos que hoy se están violando en el ámbito de las libertades, la educación, la cultura y la participación política plural, entre otros.
Más gratificante e iluminadora, de expresión clara y argumentada, muy bien articulada y respetuosa con la tarea de la comunidad política, me parece la Nota de la Asamblea de los obispos del Sur de España sobre el nuevo Estatuto de la Comunidad Andaluza, al concluir la CIV Asamblea Ordinaria.
Los obispos de las diez diócesis andaluzas expresan su preocupación por las consecuencias que pudiera tener para la vida y para el futuro la reforma del Estatuto en los términos en que dicha reforma está planteada. Los obispos dicen que, porque se trata de reformar la norma emanada de la Constitución de 1978, que ordena la convivencia de todos los andaluces dentro de la Nación Española, hubiera sido necesario que respondiera a un deseo colectivo de los andaluces, a un amplio consenso de las fuerzas políticas, siendo sensible a los aspectos de solidaridad social entre los españoles. Y se muestran preocupados porque no hubo el conveniente debate sosegado, sereno y plural que propiciara el nivel de consenso que se alcanzó durante la transición.
Además, los obispos andaluces consideran que el texto del nuevo Estatuto adolece de graves deficiencias en su articulado, de forma particular su carácter fuertemente intervencionista, que no respeta el "principio de subsidiariedad", propio de una sociedad participativa. Cuando la Administración del Estado tiende a ahogar las iniciativas de alcance público de los cuerpos intermedios de la sociedad civil, la sociedad se ve abocada a un totalitarismo estatalista en todos los ámbitos de la vida humana, de los derechos de la persona, de la sociedad, la cultura, la familia, la educación, entre otros. Tal como está planteada, la educación escolar "podría convertirse en un instrumento contra la libertad de pensamiento y de expresión, y en definitiva contra la libertad religiosa, al sofocar la vivencia y la expresión religiosa de los escolares, de la cual son exclusivamente responsables los padres".
Especialmente importante y valiente, me parece el punto 8 de la nota de los Obispos de las diez diócesis andaluzas, en el cual ponen de manifiesto que "la redacción del Preámbulo del Estatuto suscita en ellos honda preocupación. La definición de Andalucía como realidad nacional relativiza un bien moral indudable como es la unidad históricamente lograda de España como nación durante siglos. Esta unidad, reconocida por la Constitución de 1978, ha entrelazado en forma tal los bienes materiales y espirituales de todos los españoles y su recíproca dependencia, que su debilitamiento o quiebra pudiera conducir a un daño de consecuencias imprevisibles irresponsablemente infligido al bien común, al cual debe supeditarse cualquier ordenamiento jurídico".
Aun reconociendo cuanto de bueno pueda suponer el nuevo Estatuto, los obispos hacen un llamamiento a todos los católicos andaluces recordándoles la obligación moral que tienen de dar testimonio de su fe, oponiéndose a cualquier intento de legislación contrario a los derechos fundamentales de cada persona y de los diferentes grupos sociales.
Bienvenido sea el acompañamiento de la palabra libre, clarificadora y comprometida.
Juan Souto Coelho es miembro del Instituto Social "León XIII"