La Iglesia, para ser libre, debe ser independiente, pero no puede ser indiferente ante la evolución de los asuntos públicos –políticos– ni puede ser neutral ante los problemas que se plantean. Y el actual momento político es especialmente grave y delicado. A muchos, dentro de la Iglesia, puede parecer que lo más prudente es estar callado, guardar silencio, no vayan a pensar que la Iglesia se mete en política, donde no le corresponde. Encuentro muchos católicos que se esconden detrás de algunos tópicos que parecían superados: los políticos "son todos iguales", "esto no tiene arreglo", "para eso están los políticos profesionales". Este es uno de los grandes problemas de la democracia, la "casta" de los políticos profesionales. Y, sin embargo, el que la Iglesia se empeñe en la construcción del presente y del futuro de esta comunidad humana es una expresión de la coherencia y la fidelidad a la fe cristiana. Cuando digo "la Iglesia", me refiero a la comunidad católica con su jerarquía.
Hoy, quizá más que en ningún momento, nuestro destino común está sometido a las presiones de los terroristas y de los separatistas y en manos de un Gobierno vasallo, en un "Estado vasallo". Todo ello fraguado aprisa, desde la masacre del 11-M, sin consenso, con medidas radicales y empujando, hacia la desaparición y la ocultación, al único partido político que defiende la unidad de la nación española y el patrimonio de la Transición democrática y constitucional.
Además, al conocer las reacciones de los que se han beneficiado con el cambio del Gobierno y del régimen constitucional, suscitadas por el auto del Juez Del Olmo, instructor de la masacre del 11-M, temo que estamos ante una gran parte de la sociedad moralmente enferma, manipulable para cualquier fin, que no distingue entre la satisfacción proporcionada por una comida y la entereza espiritual que se disfruta al ser fiel a unos principios éticos de valor permanente, porque en ellos nos va la salvaguarda de nuestra dignidad, el futuro del sistema democrático y la convivencia en paz.
En este contexto y con esta sociedad, una casta política está enterrando la España constitucional de 1978 y haciendo resurgir la España republicana de 1931. La nueva España, la España que tiene "un rey muy republicano" (Rodríguez Zapatero), que dice a los nacionalistas separatistas que "hablando se entiende la gente", es la España del post 11-M.
Yo no viví la España de 1931, sí la de la Transición democrática y sobre todo la que renació en la Constitución de 1978. Por lo que leo y conozco de ambas, prefiero la de 1978: como opción política, como camino ético y como proyecto cultural, histórico y social. A la España de Rodríguez Zapatero, que pretende resurgir la republicana de 1931, le sobra rencor y resentimiento hacia una parte grande de la sociedad; le sobra sectarismo y radicalismo de salón, enfrentamiento, destrucción de valores asentados en nuestras raíces, mentira sistemática y represión encubierta de los que no piensan como ellos; y le falta verdad, transparencia, libertad, diálogo, condena del terrorismo, defensa de la vida y de la familia, promoción de la libertad de enseñanza, educación e información, respeto y reconocimiento de la presencia de los católicos en la vida pública. La nueva España de Rodríguez Zapatero está careciendo de todo lo bueno de la Transición y de la Constitución.
La Iglesia no puede rehusar la misión de emitir valoraciones morales sobre los acontecimientos que afectan a la vida de los ciudadanos, particularmente a la vida de los católicos. A la Iglesia no se pide que aporte las soluciones inmediatas y prácticas; se la demanda la reflexión, la palabra de acompañamiento, que señale lo que pueden ser los gestos de misericordia, justicia, concordia entre todos. Si se calla, malamente vamos a saber cuál es la palabra que tiene para ser escuchada y cuáles son los gestos del amor de Dios que señala.
El problema no es monarquía o república. La Iglesia, a través de su Doctrina social, no se decanta por ningún sistema de gobierno ni por ningún régimen concreto. La Iglesia sostiene que el instrumento político de organización de una comunidad humana en comunidad política debe ser el que más garantías ofrezca de respeto a los derechos humanos y a las libertades inherentes, porque se desarrolla sobre el eje de la dignidad y centralidad de la persona humana. El mejor sistema será el que, con más justicia y moralidad, sirva para organizar y enriquecer la convivencia entre todos los que habitamos España.
Que gobiernen socialistas o populares, tampoco es lo más importante, aunque la historia y los hechos están ahí para contarlo: la mejor etapa de la democracia y de la historia reciente de España la han gobernado los populares; en cambio, la etapa de mayor corrupción, fechorías y sectarismo, la han gobernado representantes del socialismo, que han vuelto con las mismas artes.
La nueva España se hace rompiendo con valores y principios constitucionales fundamentales, que son también valores y virtudes morales: se han roto los principios de unidad y de solidaridad; se desprecia el principio de subsidiariedad y se ofende a la sociedad civil; se ataca el principio de legalidad, se controla el principio de la libertad inherente a la persona, y se devalúan sus derechos fundamentales, al anteponer los supuestos derechos de las naciones o nacionalidades... La evolución que se está imprimiendo a esta comunidad humana está contaminada por esta maldad de fondo.
Gracias a Dios, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Antonio Cañizares, volvió a hablar, entre otras cosas, de la unidad de España como un valor moral a proteger, esencial para la convivencia y la solidaridad, en el presente y en el futuro de España, como comunidad humana y como comunidad política. Nos falta, no obstante, la palabra unitaria de los obispos españoles.
Lo digo con toda la humildad y respeto, como ciudadano católico que me resisto a la resignación y quiero participar en el destino común de esta comunidad. Callar o mirar hacia otro lado puede acarrear unas consecuencias peores que la prudencia incómoda, aunque aparentemente tranquila. La Iglesia no puede enredarse en las luchas partidistas por el poder. Por ser autónoma y libre, ha de estar pendiente de todos los avatares y dificultades de la sociedad. Como decía el cardenal Tarancón, en una de sus Cartas a un Cristiano en la revista Vida Nueva, en los primeros años de la Transición, "la neutralidad ante estas realidades no sería una virtud, sino un delito social y un pecado según el concepto cristiano".
Juan Souto Coelho es miembro del Instituto Social "León XIII"