Eso sí, esta valoración forzosamente negativa no tiene nada de eslogan populista, sino que contiene un conjunto de razones bien articuladas y difícilmente rebatibles. Aunque aparezca casi al final del documento, me parece que la clave de toda la partitura se encuentra en el punto 14, cuando los obispos declaran que la LOE no se inspira en el principio de subsidiariedad, sino que define a la educación, con un claro tinte estatalista, como "servicio público".
Todos los gobiernos de la izquierda en España han concebido la educación como una herramienta esencial de su proyecto de transformación social en clave ideológica, y éste no iba a ser menos. En realidad, la LOE ha terminado siendo una pifia legislativa que confirmará, y a veces ahondará, los graves daños provocados por la malhadada LOGSE. Junto a ello, ha servido para revelar el proyecto socialista de sustituir la matriz cultural católica por una de corte laicista y radical, a través de la marginación creciente de la clase de Religión y de la introducción de Educación para la Ciudadanía.
A esta asignatura dedican los obispos su mayor atención, ya que la consideran una formación estatal y obligatoria de la conciencia moral de los alumnos, al margen de la libre elección de sus padres. El texto de la Comisión Permanente, aprobado por unanimidad, subraya con fuerza que "la autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos" (tampoco, en su caso, la católica), y recuerda que son los padres "quienes tienen el derecho y el deber de la educación de las conciencias, sin más limitaciones que las derivadas de la dignidad de la persona y del justo orden público". Pero, además, los contenidos de la asignatura desarrollados por los correspondientes decretos, están marcados por el relativismo y la ideología de género.
Una aclaración importante del documento episcopal, señala que no habría nada que objetar a una asignatura que facilitara el conocimiento objetivo de los principios constitucionales o de las normas cívicas de convivencia, como sucede con materias semejantes en otros países europeos. Sin embargo, en el caso español estamos ante una grave lesión de los derechos de los padres, frente a la cual están llamados a comprometerse de un modo activo y responsable.
Existía mucha curiosidad por ver de qué modo afrontaban los obispos la discutida cuestión de la objeción de conciencia. El texto afirma que "los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral de sus hijos". Las palabras "objeción de conciencia" no aparecen como tales en el documento, si bien el secretario de la Conferencia Episcopal, Padre Martínez Camino, aclaró inmediatamente que ese es uno de los medios legítimos contemplados. La razón de no reflejarla explícitamente obedece seguramente a las dificultades prácticas que para su ejercicio pueden encontrar algunos padres, a los que no se ha querido someter a una presión desmesurada.
Ante los desafíos que plantea la nueva legislación, los centros católicos afrontan un momento decisivo. Los obispos advierten que si estos centros admitieran en su programación los contenidos previstos en los Reales Decretos entrarían en contradicción con su carácter propio, y les recuerda que el Estado no puede obligarles a hacerlo, si no es violando la libertad religiosa y la libertad de enseñanza.
La Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) ha respondido inmediatamente asumiendo al cien por cien las preocupaciones expresadas por los obispos, y reconociendo que, a pesar de las negociaciones que mantuvo con el Ministerio, no se han logrado despejar las sombras que pesan sobre Educación para la Ciudadanía. En todo caso, garantizan a los padres que dicha asignatura sólo se impartirá en sus centros de acuerdo con su carácter católico, gracias a la autonomía de organización, pedagógica y de gestión, que habilita a cada centro a elaborar su proyecto educativo en consonancia con su ideario. A pesar de esta declaración de intenciones, a nadie se le ocultan las dificultades que pueden aparecer en el camino, especialmente para los centros concertados. Significativamente, los obispos afirman su seguridad de que los responsables de los centros católicos estarán a la altura de estas dificultades.
Es evidente que las familias españolas muestran una alta estimación hacia las escuelas católicas, que han prestado un servicio impagable a la sociedad y a la Iglesia. Pero la historia no es una foto fija: estamos en un momento crucial de desafío para la cultura cristiana, y no basta con asegurar unos estándares de calidad y una pátina de ciertos valores de raíz cristiana. Es el momento de presentar a campo abierto una propuesta educativa católica en todas sus dimensiones, conscientes de la dura oposición ambiental y de la necesidad de una renovada creatividad cultural de la fe. Hay nuevas realidades eclesiales que ya están entrando en este campo de juego, pero otras manifiestan una preocupante esclerosis.