El pacto constitucional de 1978 no fue el acuerdo de unos partidos contra otros, sino el acuerdo de todos los partidos y del pueblo español por la reconciliación y la mirada hacia delante. Desde la Transición a nuestros días, hemos construido un patrimonio político sobre el fundamento de un patrimonio moral, histórico y cultural que era patrimonio de todos, al menos de la inmensa mayoría, dentro de un pluralismo autonómico, social, político, ético y cultural reconocido y garantizado constitucionalmente. Este patrimonio, si Dios no lo remedia, está siendo derrochado y soterrado por el régimen de ZP, ante el silencio de las instituciones y la apatía de la sociedad.
Con tanto afán revisionista de la historia, dominado más por el rencor histórico que por la memoria, es bueno no olvidar los acontecimientos históricos más cercanos y recientes sobre los cuales se construye ese nuevo régimen, a saber: que ZP llegó a la Moncloa después de la diabólica matanza de 192 personas, aquel 11-M del 2004; que las investigaciones de esta masacre revelan una cantidad de pruebas falsas inventadas para dirigir interesadamente la opinión y la justicia hacia los islamistas, con la cooperación de tramas policiales; que esta realidad hoy se analiza como un auténtico "golpe de Estado".
Esta es la verdadera cuestión que hay que aclarar si queremos alcanzar la paz y la convivencia. Las instituciones del Estado y de la sociedad civil, en primer lugar, exactamente porque no son agentes políticos que luchan por el poder, tienen que dar muestras de altura moral, de limpieza democrática y de autenticidad, y exigir que nadie pretenda revisar el pasado y construir el futuro sobre un pozo de muerte y de mentira.
En esta cuestión, creo que necesitamos que la Iglesia y la Corona asuman ante el pueblo un protagonismo más claro. Me parece un error histórico abandonar la definición del nuevo modelo de Estado y de la Nación española exclusivamente a un juego de los partidos políticos, cambiando la Constitución de 1978 por la vía de los hechos consumados, sin transparencia, sobre un suelo de mentira y manipulación mediática. ¿Cómo reinventar, en esta nueva situación histórica, después de un golpe traumático, el pacto de reconciliación de la Transición y el consenso del Pacto Constitucional de 1978 que aportó los mejores años a nuestra historia?
Para muchos españoles parece como si la Corona se hubiera apuntado a una segunda transición, esta vez sin el pueblo; parece como si hubiera tomado partido por el revisionismo de la historia, de la Guerra Civil y del franquismo; parece como si el Rey se hubiera apuntado al revisionismo de la Transición y del Pacto Constitucional. Si fuera así, sería muy grave. Si no es así, no debe parecerlo. Estas impresiones deben evitarse o superarse en la percepción de los ciudadanos. No son éstos los que tienen que cambiar sus impresiones, sino los comportamientos que dan pie a que lo perciban de ese modo.
Con la firma real y la publicación del Estatuto de Cataluña en el BOE, muchos sienten como si el Rey hubiera firmado la primera fragmentación de España, la factura de la insolidaridad entre las comunidades y entre los españoles. Muchos lo sienten así y me duele contarlo. Sienten como si hubiera echado por la borda el patrimonio político y moral que él mismo ayudó a salvaguardar aquél 23-F. Recuerdo que, aquel día, el Rey ejerció de lo que tiene que ejercer constitucionalmente. Hoy, el ataque a la Constitución, a la unidad de España, a la dignidad y a la memoria de las víctimas, exige que el Rey reclame públicamente, firmemente, que nadie se aparte de la Constitución y del modelo del Estado que el pueblo español refrendó. Entonces, fueron unos desaprensivos armados los que pusieron en peligro el acuerdo de reconciliación; hoy son unos desaprensivos con buen rollo y sonrisa, con mucha farsa y mentira, apoyados en una maquinaria mediática de adoctrinamiento y manipulación, los que se inventan un régimen de vuelta a los ideales de 1931 dejando entre paréntesis el proyecto común de 1978.
También la Iglesia como institución participó de manera irreemplazable y decisiva, en la construcción del patrimonio político y moral de los años setenta, que dio lugar a la Transición a la democracia. Con la implicación directa de la jerarquía y la participación individual y asociada de los católicos, en general, en organizaciones cívicas y partidos políticos, fuimos actores libres, decididos y convencidos de aquel proyecto común. Aquellos fueron otros tiempos y cada época tiene su respuesta histórica.
Creo que hoy la Iglesia, porque no es un actor político sino un referente moral y de sentido, debe recuperar la esencia de aquel espíritu y aquel proyecto, que hoy no existe en el concierto de los agentes políticos. La España actual, dejada al simple juego de los partidos políticos, es una España rota, fracturada, enfrentada y envenenada por ZP. La cuestión no es si estamos con Zapatero o contra él y lo que representa, sino cuál es nuestra propuesta de principios y valores, cuál es el patrimonio político y moral que mejor defiende las condiciones del bien común, no el que se dirime en el juego de los partidos políticos, sino el de toda la sociedad. Y no puede afirmarse que lo que mejor defiende el bien común excluya a la vez a una porción numerosa de ciudadanos, por la fuerza, la violencia y la mentira.
La Iglesia, porque debe estar con todos y ser signo eficaz de comunión, está en una posición singular para hacerlo. Creo que a muchos millones de católicos nos vendría bien una sólida y fundada reflexión cristiana sobre este momento político, económico, social, religioso y cultural. La Iglesia debe decir su palabra como referente moral y de sentido; creo que está obligada a ello al saber que este nuevo régimen se procesa en un oscuro escenario de muerte, mentira y ocultación de la verdad; y más aún cuando, en último término, significa legitimar a los violentos y a los excluyentes como actores políticos en una democracia. En todo caso, en situación de conflicto, la Iglesia debe estar antes con los que son perseguidos y discriminados que con los que persiguen y discriminan.
Juan Souto Coelho es miembro del Instituto Social "León XIII".