El Centro de Filantropía de la Universidad de Indiana estima que se donaron casi 5.000 millones para las campañas de ayuda de Katrina y el tsunami el año pasado, lo que supuso un estímulo para la donación filantrópica en general.
De modo que no dejó de ser sorprendente leer el artículo principal del número de invierno de 2005 del Stanford Social Innovation Review y enterarnos de que la filantropía norteamericana, ya fuese para programas educativos o proyectos diseñados para ayudar a los necesitados, está “defraudando” a los pobres. Hay más. Las donaciones caritativas son en realidad un “subsidio federal” que beneficia más a los más ricos que a los pobres, según su autor, Rob Reich. “El efecto de estos subsidios desiguales es el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, no sólo en educación sino también en otras áreas de la donación caritativa” escribía el autor.
Después de una larga exposición sobre los inciertos efectos “redistributivos” de la caridad, Reich concluye que “dada la evidencia presentada, la filantropía hace un trabajo tan malo canalizando el dinero a los necesitados que no sería difícil que el gobierno lo pudiese hacer mejor”.
Reich es un catedrático de Ciencias Políticas en Stanford y está afiliado al Center for Social Innovation. Por tanto, tiene amplias credenciales para ser calificado como experto en estos temas. Pero parece haber ignorado o malentendido algunas verdades obvias sobre la filantropía. Primero, un regalo de dinero o de artículos y la deducción fiscal resultante es sólo un subsidio del gobierno si usted cree que el dinero o los artículos pertenecían al gobierno en primer lugar. Además, la gente rica consigue una mayor deducción que la gente pobre porque la gente pobre no puede donar a las asociaciones benéficas: son pobres. Y, finalmente, la caridad privada funciona mucho más rápido, mejor y más cerca al problema. La evidencia de que el gobierno hace un triste papel ayudando a los necesitados está delante nuestro, donde quiera que miremos.
Puede que no muchos residentes de Luisiana lean el Social Innovation Review, pero no obstante algunos han llegado a unas conclusiones muy elaboradas sobre la ayuda del gobierno a los necesitados. Sus conclusiones fueron en realidad moldeadas por experiencias personales con los asistentes en ayuda del gobierno.
Una encuesta realizada por investigadores de la Louisiana State University, preguntó a los residentes del estado que evaluasen la efectividad de las organizaciones que cooperaron en la ayuda por el huracán escogiendo dentro de una escala del 1 al 10, siendo el 10 “muy efectivo”. Los grupos eclesiásticos de ayuda consiguieron la mejor marca: 8,1. Les seguían las ONGs, el Ejército de Salvación y organizaciones locales de la comunidad con 7,5. La Cruz Roja obtuvo un 7,4. El gobierno tuvo las más bajas puntuaciones según los residentes de Luisiana obteniendo el 5,3 con FEMA , el gobierno federal el 5,1 y los gobiernos estatales y locales el 4,6.
El verdadero problema con la “caridad” gubernamental es que el gobierno adopta un enfoque de talla única para el problema de la pobreza. Eso, realmente, es todo lo que puede hacer una burocracia. Las agencias gubernamentales no están diseñadas para entender circunstancias especiales o problemas personales. Y el gobierno definitivamente no esta equipado para suministrar una cobertura total en caso de grandes catástrofes como la de los huracanes de la costa del Golfo. El gobierno también pretende distribuir su ayuda de manera equitativa e igualitaria, una política errónea que acaba en derroche, fraude y corrupción.
Sólo esperen a que los auditores del gobierno empiecen a escarbar en ese programa del FEMA que puso a los evacuados del huracán en miles de habitaciones de hotel a lo largo y ancho del país, estando muchas de las habitaciones pagadas pero vacías. Sin duda, a las ONGs no se les da un pase libre para el derroche y el fraude. Las beneficencias y las organizaciones de ayuda que no lograron emplear sus donaciones de forma inteligente deberían tener que responder por ello. ¿Cuántas de esas tarjetas de crédito llenas de dinero que se dieron de forma indiscriminada a los evacuados han sido usadas para verdaderas necesidades?
Desde la declaración de la Guerra contra la Pobreza hasta la década de los 90, se fijó como objetivo para los programas contra la pobreza unos 5,4 billones de dólares del gobierno (es decir, de los contribuyentes). Los niveles de pobreza en 1990 fueron casi exactamente los mismos que los de 1960. Si las soluciones gubernamentales sirvieran de verdad para redistribuir la riqueza, seguramente que habría habido algún movimiento positivo en esos 30 años. Pero en realidad la gente no empezó a salir de la pobreza hasta que no se adoptaron políticas basadas en el paradigma de responsabilidad personal.
La evidencia histórica es muy clara: Los gobiernos hacen un mal trabajo aliviando la pobreza. Hacer que la justicia social sea el equivalente de la redistribución de la riqueza no es una idea nueva, pero sigue siendo una mala idea. Así es que dejemos de hablar sobre la generosidad gubernamental como la que “subsidia” la filantropía americana.
Karen Woods es Directora del Centro de Compasión Efectiva del Instituto Acton en Grand Rapids, Míchigan.