¿Tendremos una ley de libertad religiosa post ataques y presiones a lo cristiano y a los cristianos, o tendremos una ley relativista de una libertad religiosa que sea una ley de desarrollo de algunas confesiones, que no se suelen caracterizar por un aprecio a la libertad religiosa, y de deslegitimación de otras? Aún no sabemos cómo será la nueva ley de libertad religiosa; parece que allá en el mes de agosto, tiempo propicio para anunciar este tipo de leyes, contaremos con el primer borrador, filtrado, lógicamente, a los medios del aparato gubernamental. Lo que sí sabemos es que si no se atajan estos principios de presión violenta a la Iglesia, a lo religioso, contra lo cristiano, de intimidación contra los sacerdotes, un bien peligra: la paz social.
Lo que el Gobierno debiera pensar es que el primer paso para libertad religiosa es garantizar la seguridad de quienes quieren libremente acercarse a una Iglesia para asistir al sencillo, y a la vez fecundo, acto de una celebración eucarística. Lo demás son retruécanos ideológicos y envolventes legislativos que pretenden la modificación del statu quo, además del vaciamiento, por la vía de algo más que los hechos, de la libertad de conciencia. Mucho se ha discutido si hoy se da en España una persecución religiosa formal, tal y como la hemos entendido en la historia. A estas alturas lo que sí tenemos claro es que comienzan a florecer brotes, no precisamente verdes, a lo sumo rojos y negros, de violencia sistematizada por una estrategia conducente a amedrentar a quienes son, por naturaleza, colaboradores del bien social.
Reiteradas veces hemos escuchado que la libertad religiosa era el termómetro de otras libertades, por no decir de todas las libertades. La historia es muy tozuda, y cuando se empeña en ofrecernos una lección acerca de dónde acaban los que comienzan siendo actos aislados, debemos pararnos y pensar qué es lo que va a hacer el Estado que debe velar por el orden público. Habrá quien diga que lo que ha ocurrido en Madrid, o lo que ha ocurrido en Barcelona, no son más que meros actos vandálicos, aislados dentro de un conjunto de normalidad social. No es normal que exista una coincidencia de argumentos, de lemas gritados y pintados, por ejemplo ese que dice que "la única Iglesia que ilumina es la que arde" o "el mejor cura es el cura muerto". El laicismo, también el gubernamental, no debe mirar para otro lado; ha puesto al fuego el caldo para el cultivo de una deslegitimación social de la Iglesia, y de una violencia verbal, en lo social, hacia los cristianos y los miembros de la Iglesia, que tarde o temprano, como si fueras un virus que se incuba en el interior, sale al exterior y se manifiesta en la piel social.
No debemos olvidar que quienes han señalado con la diana de sus acciones a la Iglesia, lo están haciendo contra ese 76% de los españoles que se autoproclama "católicos", más de 35 millones de españoles, y directamente contra esos más de seis millones y medio de personas que van a misa todos los domingos, y lo reconocen. No hay en este momento ningún partido político, estrella de música o evento deportivo que congregue cada semana a la mitad de personas que asisten a la misa los domingos. Y, como ocurre, en esos casos, la libertad de culto es algo más que una libertad; es la expresión de un sistema político y de un Estado de Derecho al que los cristianos han contribuido significativamente y al que no piensan renunciar. Intimidar a la Iglesia no sale gratis.