Si en algo pueden ponerse de acuerdo los distintos líderes religiosos es en que no tenemos ningún "derecho" moral a acabar con nuestros pulmones con cigarrillos. En realidad, tenemos la responsabilidad de hacer lo contrario, de cuidar bien de nuestros cuerpos.
Pero de lo que estamos discutiendo es de los llamados impuestos al "pecado", diseñados para poner freno a comportamientos que el gobierno considera indeseables. Estos impuestos tienen poco que ver con nuestros derechos y responsabilidades sino con la labor de hacerlo cumplir. ¿Quién o qué será puesto a cargo de la instrucción moral y de hacer cumplir todo lo necesario para mantener el comportamiento pecaminoso a niveles mínimos o por lo menos restringir sus consecuencias sociales?
Es cierto que los gobiernos siempre actúan sobre premisas morales de algún tipo. Castigar crímenes contra personas y propiedad son actos de sanción moral. Pero en el caso del impuesto a los cigarrillos, hemos visto a muchos líderes y grupos religiosos más que deseosos de ceder al gobierno su responsabilidad de liderazgo moral.
En respuesta al dilema de si toda la actividad inmoral debería ilegalizarse, el filósofo y teólogo cristiano Santo Tomás de Aquino escribió que "el fin de la ley humana es guiar a los humanos hacia la virtud, pero no de forma repentina sino gradual". Es por eso que la ley "no pone sobre la multitud de hombres imperfectos las cargas de aquellos que ya son virtuosos para que deban abstenerse de todo mal. De lo contrario, estos seres imperfectos, siendo incapaces de soportar tales preceptos, desencadenarían males aún mayores". Este principio de prudencia por el que Santo Tomás aboga nos exhorta a mirar en las probables consecuencias de las leyes para ver, si a pesar de sus loables intenciones, pueden causar más mal que bien.
Si aplicamos este principio al impuesto al cigarrillo propuesto en California, obtendremos una imagen algo más compleja y problemática que la que muchos grupos de presión quieren describir. No hay mucho de gradual en una subida tributaria del 300%, todo un récord, por un paquete de tabaco. Y mientras que los objetivos de los impuestos al pecado son por lo general encomiables, vemos que sus consecuencias no deseadas a menudo pueden ser devastadoras.
Cuando el gobierno impone altos costes a un producto que los consumidores desean, la gente trata de buscar formas de alimentar a bajo precio sus deseos personales. Esta tendencia puede hacer que el impuesto al pecado sea contraproducente, a menudo incrementando el pecado en sí. Es debido al principio "obtenga más emoción por su dinero ". Si al tabaco se le pone un impuesto muy alto, por ejemplo, algunos consumidores probablemente escogerían cigarrillos con un contenido más alto de nicotina, incluyendo aquellos sin filtro.
Otro enorme daño es la probabilidad de un aumento del contrabando por personas, bandas y el crimen organizado. Al aprobar la Proposición 86, el impuesto de 80 centavos de dólar por paquete que tiene el estado de Nevada comenzaría a parecer una verdadera ganga. (Los impuestos en Arizona y Oregón son de 1.18 dólares por paquete.).
Muchos grupos de fuerzas y cuerpos de seguridad se han manifestado en contra de la Proposición 86 porque se dan cuenta de que la aprobación de esta medida aumentaría enormemente los márgenes de ganancia así como los incentivos de la actividad criminal. Richard E. Wagner, economista de George Mason University, ha mostrado que los altos impuestos al tabaco alientan a la gente a cruzar fronteras estatales o nacionales para comprar de contrabando cigarrillos baratos o para comprar productos de tabaco ilegalmente vía Internet.
Según la lógica del impuesto al pecado, el gobierno acaba desarrollando una extensa visión de lo que constituye o no comportamiento legítimo. Este plan puede o no encajar con las propias opiniones de los ciudadanos sobre lo que constituye pecado. Pero dado que el Estado tiene ese poder, puede escoger ejercitarlo con impunidad, anulando objeciones morales contrarias. Aquellos que exigen que el Estado castigue pecados de poca monta están usando una táctica peligrosa asumiendo que el poder del Estado siempre será usado para fomentar su visión particular del bien y del mal. Y no siempre hace eso.
Nota: La Proposición 86 parece haber sido rechazada en California.
El reverendo Robert A. Sirico es presidente del Instituto Acton.