Como en tantos otros lugares, algunas de dichas parroquias cedieron en depósito algunas piezas de arte al museo diocesano ilerdense. En esta práctica, muy común en todas las diócesis españolas, concurren dos intereses: por un lado, el que los visitantes del museo puedan escuchar esas obras de arte cristiano, porque el arte habla, aunque muy pocos sean los turistas que tengan presto el oído, y, por otra, la conservación y seguridad de esas piezas, ya que las parroquias propietarias de ese patrimonio no tienen recursos suficientes para su mantenimiento. En 1995, dichas parroquias, sitas en suelo aragonés, se desgajaron del resto y junto a las que hasta entonces formaban parte de la diócesis católica de Barbastro, pasaron a componer la actual de Barbastro-Monzón. Como era de esperar, las titulares de esos bienes culturales desearon que fuera en la sede de su nueva diócesis donde quedaran en depósito con la misma finalidad con que hasta aquel momento lo habían estado en Lérida.
Entonces comenzó un largo pleito que ha durado, en la instancia eclesiástica al menos, ya veremos lo que depara el futuro, diez años. La diócesis de Lérida consideró que era ella, y no las parroquias, la propietaria de los bienes en cuestión. No es de extrañar, cuando las cosas tienen historia es frecuente que a primera vista no se vean con claridad y para ello es necesario desenredar la madeja que suele enmarañarse más con los intereses humanos. Pero eso sí, tanto Barbastro-Monzón como Lérida decidieron resolverlo dentro de casa, siguiendo el consejo que S. Pablo dio a los cristianos de Corinto: “¿No hay entre vosotros algún sabio que pueda juzgar entre los hermanos?” (1Co 6,5). Tras distintos escalones procesales, que comenzaron, en 1998, con un decreto del Nuncio apostólico Lajos Kada, la Congregación de Obispos de Roma, el 19 de septiembre, dio un decreto por el que la diócesis de Lérida queda obligada a devolver, en el plazo de 30 días, 113 de las 139 obras reclamadas, 15 quedarán en el museo diocesano ilerdense y 11 se encuentran en paradero desconocido, aunque se reconozca la titularidad de las parroquias reclamantes.
Cosas entre católicos, podría pensarse, pero el ethos carpetovetónico nos rezuma por los cuatro costados. Al leer la prensa, parece como si de una batalla entre Aragón y Cataluña se tratase, incluso hasta al archivo salmantino se hace referencia, así Bizén Fuster, de la Chunta Aragonesista, declaraba que se tenía noticia del decreto en “la mejor coyuntura política, tras la decisión de devolver los bienes del Archivo de la Guerra Civil”. Por su parte, Xavier Sáez, de ERC y teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Lérida, se dijo partidario de estudiar la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia españoles. ¿Y a éste quién le ha dado vela en el entierro? Mucho laicismo, incluido el proyecto de nuevo estatuto de autonomía para Cataluña, pero lo cierto es que lo normal es encontrarse con que los políticos y la sociedad tengan un espíritu de confesionalidad unilateral, es decir, como si la Iglesia Católica -con las demás confesiones religiosas esto no se da ni por asomo- fuera una dependencia o propiedad del Estado o la sociedad sobre la que cualquiera, según sea el caso, pudiera intervenir y disponer. La inversa, evidentemente, no se da. Que un alcalde esté de figurón en una celebración litúrgica o que quiera disponer sobre el retablo de la iglesia, por poner un ejemplo, no es infrecuente, pero que el párroco tenga lugar preferente en los plenos del ayuntamiento es, a Dios gracias, algo inimaginable.
Bien hicieron las dos diócesis, haciendo caso al apóstol, en resolver el asunto en casa, aunque el susomentado capítulo de S. Pablo da que pensar, pues un poco más adelante dice: “De todos modos, ya es un fallo en vosotros que haya pleitos entre vosotros. ¿Por qué no preferís soportar la injusticia? ¿Por qué no dejaros más bien despojar?” (6,7). La diócesis que lo hubiera hecho hablaría ahora con más claridad de la Cruz, mejor que mil obras de arte.