No obstante, el activismo judicial dio un nuevo paso adelante el 23 de Junio de 2005 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió en el caso de Kelo v. La ciudad de New London extender la definición de lo que se conoce como “expropiación forzosa”.
Este concepto, bien establecido en el derecho jurisprudencial y en el derecho legislado mucho antes de la fundación de Estados Unidos como país, permite que los gobiernos tomen posesión de terrenos privados para promover algún aspecto específico del bien común. Siempre se ha entendido limitado a muy específicas funciones como la construcción de instalaciones públicas vitales y presupone que los propietarios originales serían apropiadamente compensados.
Sin embargo en Kelo, la Corte Suprema decidió que era constitucional que el gobierno local se hiciera con algunas propiedades en concreto y forzara a sus propietarios a vender sus propiedades a otras entidades privadas. El resultado no ha sido sólo una conmoción que ha recorrido todo el espectro político sino que también ha llevado a una carrera frenética en los legislativos de casi 36 estados para aprobar leyes que limiten la capacidad del gobierno local para utilizar esta definición ampliada de expropiación forzosa.
Las razones económicas para restringir la capacidad del gobierno local de invocar la expropiación forzosa son sencillas de comprender. El deseo de la gente para comprar propiedades en cualquier área está influenciada por la confianza en que no se le quitará su propiedad de manera arbitraria. En otras palabras, si la ley no puede garantizar que la propiedad privada sea protegida de usurpación inaceptable por otras personas privadas o el Estado, la gente se inclinará a comprar propiedades en otro sitio.
Por lo demás, hay poderosas razones morales por las que la definición de Kelo sobre expropiación forzosa debe ser impugnada. Tienen que ver con su potencial para violar las normas básicas de justicia en lo que concierne a la propiedad.
Desde el punto de vista del derecho natural, la propiedad privada nunca se ha considerado un derecho absoluto. Se supone que los bienes de la Tierra están al servicio de los seres humanos. Dado que la preservación de la vida humana es siempre más importante que las cosas, hay instancias en las que los derechos de propiedad deben ceder ante otros principios como el preservar la vida humana de una muerte inminente.
El derecho natural también especifica que hay instancias en las que el Estado legítimamente puede tomar propiedad privada para cumplir con sus responsabilidades específicas para con el bien común. La toma de terrenos para construir una base militar por el interés de la defensa nacional es un buen ejemplo. Sin embargo, el hecho de que la ley siempre haya insistido en que se pague una compensación adecuada a los dueños refleja una exigencia básica de justicia natural. Otra más es la especificación de que tales expropiaciones estén basadas en una causa razonable de uso público (como carreteras) y no privado.
Al ampliar el concepto de expropiación forzosa para adoptar la noción de “desarrollo económico”, Kelo anula todas esas restricciones. Primero, el requisito de uso público se convierte en algo sin sentido. En nombre de lo que se decida que signifique “desarrollo económico”, el gobierno local puede transferir la propiedad de una persona privada o empresa a otra persona privada o empresa.
En segundo lugar, indica que la defensa básica de la titularidad de propiedad ya no está en el hecho de la posesión legítima sino en qué persona privada o empresa le parezca mejor al gobierno local para que explote la propiedad de forma económicamente productiva.
Aquí es donde encontramos el potencial para acontecimientos muy inquietantes. Santo Tomás de Aquino escribió alguna vez que la propiedad privada era un gran bastión contra la expansión indebida de la autoridad del Estado, precisamente porque mi titularidad sobre una propiedad significa que soy yo, y no los funcionarios del gobierno, quien toma la mayoría de decisiones sobre su uso. La expansión de Kelo sobre la expropiación forzosa socava esta protección tan básica contra el poder excesivo del Estado.
Peor aún, crea unos incentivos tremendos para que las empresas, buscando aumentar sus propiedades, desdeñen los métodos normales de adquisición de la propiedad ajena como ofrecerse comprarla al dueño. En su lugar, ahora se pueden dedicar a presionar agresivamente a los funcionarios locales invocando el principio de expropiación forzosa y usar al Estado para que confisque la propiedad ajena para su uso particular. Semejante comportamiento es otro ejemplo de beneficencia corporativa, como también lo son aranceles y subsidios. Además, como toda forma de beneficencia corporativa, es una receta para la corrupción.
Disintiendo de Kelo, la magistrada Sandra Day O’Connor comentó: “El fantasma de la expropiación pende sobre toda propiedad. Ya no hay nada que evite que el Estado reemplace un Motel 6 por un Ritz-Carlton, una casa cualquiera por un centro comercial o cualquier granja por una fábrica”. Mientras la jurisprudencia de Kelo prevalezca, parece que nuestros hogares serán un poquito menos nuestros castillos.
Samuel Gregg, doctorado en Filosofía de la Universidad de Oxford, es Director de Investigación del Instituto Acton en Grand Rapids, Míchigan, EEUU.