Ya en los años de la Guerra Civil y del régimen de Franco, se planteó por parte de uno de los principales testigos católicos españoles del Siglo XX, Ángel Herrera Oria, una de las teorías más debatidas sobre la relación de la Iglesia con la autoridad reconocida, me refiero a la doctrina del acatamiento al poder constituido. Estamos ante una cuestión muy compleja donde se mezclan las ideologías, las convicciones cristianas y, por qué no, la realidad práctica del “clima” político que estamos viviendo.
Una de los grandes enemigos del bien común es la fragmentación de la sociedad y en eso estamos por diversas razones que van más allá de lo religioso. La postura de la Iglesia institucional es de responsabilidad, no de lucha política. Es más, su misión como Iglesia Católica es poder ofrecer su mensaje y su compromiso con la realidad que tenemos. Y ante las tentaciones de evadirnos del compromiso con la sociedad española y sus problemas, hay que decir que el mensaje cristiano no aparta a los cristianos de la tarea de la construcción del mundo sino que les obliga a llevar a cabo ésta como un deber. Sería realmente chocante y significativo que aquellos que en décadas pasadas fueron defensores y aliados de la presencia de la Iglesia y de los cristianos en la sociedad (participación en sindicatos, asociaciones culturales, de participación ciudadana, grupos de acción local...) fueran ahora, en otro contexto cultural, los más críticos con la presencia de esta misma Iglesia negando su derecho a hacerse presente en la sociedad. Evidentemente la aportación de la Iglesia es “a la sociedad en cuanto tal, a los hombres que la componen y a aquellos que la rigen, el servicio de la iluminación sobrenatural, de la purificación constante y del estímulo para cuanto sea verdaderamente humano” (Conferencia Episcopal Española, Testigos del Dios Vivo)
Por desgracia, en estas nuevas circunstancias, se echa en falta no la acción enérgica de la cúpula episcopal ante los desafíos que presenta la política actual; se echa en falta, sobre todo, la presencia de los cristianos en la política y su capacidad de organizarse antes de que los problemas entren en metástasis.
Es verdad que en estos últimos tiempos, la política está mostrando un bajo perfil moral, y en numerosas ocasiones alcanza gran desprestigio entre los ciudadanos. La política habitualmente se guía por el pragmatismo y seguramente hay bastantes razones para su rehabilitación, pero, aún en ese supuesto, mal harían los cristianos si asumieran la descalificación de la política sin un sentido crítico, de discriminación y discernimiento respecto a las causas y las razones de tal desencanto. Las intervenciones de la Iglesia española, desde los años 70, han aportado un respaldo moral al compromiso político pero la Iglesia institucional no puede ser la oposición. Hay muchos mecanismos para que los cristianos participen y sean protagonistas de la gestión de la vida pública. En esto hay que ser sagaces y estar preparados mediante la participación en los numerosos cauces que nos ofrece la sociedad civil, el tercer sector, el asociacionismo, el debate social, etcétera. “Sabiendo que la legítima diversidad de opiniones sobre las cuestiones sociales no debe impedir la necesaria coincidencia de los cristianos en defender y promover los valores y proyectos de vida derivados de la moral evangélica” (Testigos del Dios Vivo)..