La izquierda progresista de este país, y del país de papel, aún no ha digerido el nombramiento de este preclaro jurista. Según confesión del diario de PRISA, José Luís Rodríguez Zapatero renunció a designar un presidente progresista y optó por Dívar, "un devoto católico y próximo al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela". Como podrán observar los lectores, la calidad argumental del periodista es indiscutible. No se trata de que su trayectoria como juez de la Audiencia Nacional sea intachable, ni de que haya obtenido el consenso generalizado de la magistratura. Lo que les preocupa es que sea un devoto católico, devoto, sí, por eso de que hay que añadir un adjetivo a lo católico y que esté próximo al cardenal Rouco. Entiendo que si hay un católico, que vive en Madrid, y no está próximo al cardenal Rouco Varela, su obispo diocesano, en teoría, tiene un problema. O acaso la cercanía vine dada porque asiste a la misa de inicio del año judicial...
Como no hay nada nuevo bajo el sol, lo que está ocurriendo es que, una vez más, el gobierno está empeñado en un cambio sustancial del contenido de la ley, por la vía de los hechos. Un cambio que quiere alcanzar, incluso, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo referido a la defensa del concebido y no nacido, que debe ser protegido según asentada sentencia. Para que se produzca este alocado cambio, el Gobierno se enfrenta con el sentido jurídico de la magistratura. No debemos olvidar que para el proyecto cultural y social del gobierno, la ley, y los jueces, han representado siempre un freno. El dictamen que, en junio, envió la Fiscalía General del Estado al Gobierno sobre el anteproyecto de Ley del aborto tachaba de inconstitucional el sistema de plazos y consideraba que la reforma daba un paso cualitativo al ignorar que el feto encarna un valor garantizado por la Constitución: el derecho a la vida. El siguiente escollo que en parte se ha solventado ha sido el de la Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial. Como el primer informe, elaborado por el prestigioso jurista Claro José Fernández Carnicero, no les producía mucha satisfacción, se solicitó otro, por eso de compensar los argumentos y así poder dar el visto bueno. Todavía está pendiente el informe del Consejo de Estado que, sin duda, mantendrá el orden y buen gobierno de la interpretación legislativa para salvaguarda de los principios constitucionales.
Esta estrategia de demolición del sistema constitucional desde sus fundamentaos éticos tiene ahora un escollo principal: el del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que no esconde su condición de católico, ni esa condición le merma o resta en sus facultades intelectuales, ni en su precisa técnica jurídica. Por más que los sistemas de prensa y propaganda del Gobierno se dediquen a buscar en internet artículos, declaraciones, expresiones y meditaciones de Carlos Dívar, lo que no podrán negar es que su carisma y la alta consideración de su función al servicio del bien común, al Estado y al orden constitucional le avalan en sus dictámenes y buen gobierno de los jueces. Por más que lo intenten, el presidente del Consejo del Poder Judicial no ha dado muestras de dejar su fe en el rellano de la escalera de su casa para que no le comprometa en su actuación pública. Una personalidad pública, un fiel servidor del Estado y de las leyes, por el hecho de ser y de confesarse católico, no debe ser de segunda clase. En todo caso, tendrá una mayor sensibilidad hacia lo humano, expresión de su fe y de su preocupación por la dignidad del hombre. Juan Pablo II habló en no pocas ocasiones del martirio de la coherencia. En España tenemos ya algún ejemplo.