Los principios, como ha recordado el nuevo presidente en su fugaz comparecencia inicial, siguen siendo los mismos. El discurso de cardenal Rouco Varela, en la sesión inaugural de la Asamblea Plenaria, ha pasado mediáticamente inadvertido en la vorágine de las informaciones de lo ocurrido posteriormente. Sin embargo, con su intervención se ha referido, como ya había hecho en similares ocasiones durante los dos últimos parlamentos, a los grandes pilares que rigen las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
La primera idea que debemos tener en cuenta es que la referencia de Juan Pablo II a “una mentalidad inspirada en el laicismo” se debe, y se puede, aplicar a Europa toda, a las sociedades llamadas occidentales. Esa mentalidad es la que está sirviendo de freno a la acción de la Iglesia que, por ser fiel al mandato de su fundador, está volcada en el desarrollo de la persona humana y la salvaguarda de su trascendencia. Ese síntoma de nerviosismo generalizado que presenta el pensamiento laicista simboliza más un afán destructivo de la configuración de la persona que una pretensión de pluralidad social. ¿Quién tiene miedo, y por qué hay que tener miedo, a que se trabaje por la verdad sobre el hombre? Sólo quien es consciente que su ideología se sustenta en la fuerza y el interés, del tipo que sea, más que en la razón –incluso quien convierte a la razón como motor del interés y del poder sin escrúpulos–, manifiesta su debilidad enfrentándose, no con las cartas boca arriba, sino con las cartas marcadas de la opinión pública y la ingeniería social, a quien considera su contrario. No en vano por Moncloa parecen tener sobrecarga de estudios sociológicos en los últimos meses.
La Iglesia, cuando dialogue con el Gobierno, lo hará no con el respaldo de los votos de sus miembros, sino con la certeza y seguridad de que cuenta con el argumento de una antropología, de un pensamiento claro y clarificador sobre el hombre y sus necesidades. La voluntad de cooperación de la Iglesia con la autoridad legítima no significa, en ningún caso, negociación o mercadeo de verdades fundantes del hombre y de su comprensión. Como ha dicho el cardenal Rouco, hay cuestiones de la agenda política del gobierno “que suscitan serias reservas y aun clara oposición para quienes contemplamos la convivencia social desde una perspectiva cristiana que sume la ética natural o racional en los planteamientos de nuestra cultura moral y legal”.
La tarea de la Iglesia no es la política. Otras cuestión es que la específica aportación de la visión cristiana de la vida, y de la necesaria iluminación que le magisterio realiza de los acontecimientos de la historia, tenga una serie de consecuencias en el orden político, en la convivencia social. La conciencia que tiene la Iglesia sobre su rol en la sociedad alienta decisivamente la implicación de los católicos en la vida pública. Aquí nos encontramos con un importante terreno de juego para las próximas confrontaciones entre la Iglesia y el Gobierno: el papel que los católicos españoles protagonizan en esta confrontación social y cultural.