El pasado lunes Benedicto XVI le acogió cálidamente en su biblioteca privada, y le dirigió un precioso discurso sobre la libertad religiosa y el servicio de los católicos al bien común, que parece hecho a propósito de la situación española.
Es cierto que la tradición política italiana, y los propios pronunciamientos de Napolitano, permitían establecer desde un principio una interesante sintonía de fondo. La propia Constitución italiana, que como recordó el Papa "fue elaborada por hombres de diversas posiciones ideales", recoge y defiende un conjunto de valores que permiten el encuentro de la tradición católica y la cultura laica, y establece un marco de sana colaboración entre la Iglesia y el Estado. Por otra parte, Napolitano ha sostenido la necesidad de reconocer la dimensión social y pública del hecho religioso, en una de sus primeras intervenciones como presidente de la República.
Sin embargo, es un hecho que el significado real de la libertad religiosa, su formulación jurídica y su valoración política y social es una de las grandes cuestiones sobre el tapete de las grandes democracias occidentales, y el debate al respecto no es siempre pacífico. Benedicto XVI aprovechó esta solemne ocasión para trazar las líneas maestras de la posición de la Iglesia en este debate de absoluta actualidad. Tras recordar la independencia entre comunidad política e Iglesia, formulada por la Gaudium et Spes, el Papa señala que el hombre es al mismo tiempo "destinatario y partícipe de la misión de la Iglesia y ciudadano del Estado", por tanto, es en el hombre (en el servicio a sus múltiples dimensiones) donde ambas realidades se encuentran y pueden colaborar para promover su bien integral. La clara independencia entre Iglesia y Estado no impide al Papa reivindicar el valor político y civil de la dimensión religiosa del hombre, porque éste se presenta ante el Estado con todo lo que constituye su humanidad, y sería una violencia insostenible pretender que como ciudadano se despojara de dicha dimensión. Como sostiene la Dignitatis humanae, el Estado no puede mandar ni prohibir nada en el ámbito de las conciencias, pero tampoco puede impedir que se actúe de acuerdo a la propia conciencia, sobre todo en el campo religioso.
Benedicto XVI entra en el meollo del debate actual al proclamar que el derecho a la libertad religiosa no puede considerarse suficientemente garantizado simplemente cuando no se ejerce violencia sobre los creyentes, o cuando se respetan las manifestaciones de la fe que se desarrollan en los lugares de culto. Siempre de acuerdo con la gran enseñanza del Vaticano II, el Papa explicó ante Napolitano que la propia naturaleza social del ser humano exige que pueda expresar públicamente sus convicciones religiosas y vivirlas comunitariamente. Así pues, la libertad religiosa no puede considerarse sólo como un derecho de los individuos, sino también de las familias, de los grupos sociales y de la propia Iglesia.
Como ya reconocen hoy en Europa personalidades del calibre de Angela Merkel, Nicolás Sarkozy y Toni Blair, cuando la sociedad promueve la dimensión religiosa de sus miembros recibe a cambio los bienes de justicia y de paz que provienen del cultivo de una religiosidad auténtica. Pero tampoco faltan quienes intuyen en la postura de la Iglesia una pretensión de hegemonía cultural o de imposición moral, por lo que Benedicto XVI ha subrayado que la libertad que reivindican los cristianos no daña al Estado ni busca una supremacía autoritaria, sino que es la condición para que la Iglesia pueda ofrecer en cada lugar, su aportación al bien común, sintetizada en "la luz de la fe, la fuerza de la esperanza y el calor de la caridad".
El Papa, en fin, explica que esa aportación específica viene dada principalmente por los fieles laicos, que actúan con plena responsabilidad y haciendo uso de su derecho a participar en la vida pública. Además subraya que los católicos no actúan en la vida pública guiados por un interés particular o en nombre de principios que sólo pueden aceptar quienes siguen un determinado credo religioso, sino que lo hacen movidos por el bien de toda la sociedad, de acuerdo con las reglas de la convivencia democrática y en nombre de valores que todos pueden compartir. En definitiva, incluso un ex comunista como Napolitano puede entender que si por hostilidad del Estado o desidia de los católicos la Iglesia dejase de inyectar su savia en las venas de la sociedad, ésta sería mucho más pobre y anémica. Así en Italia como en España.