y 2. ¿Cuál fue la causa del escándalo Matesa?

El 24 de agosto de 1969 SP pedía, en un derroche de audacia, la dimisión de los ministros relacionados con materias económicas. A fin de cuentas, era uno de los medios del sector azul y no se cansaba de golpear a la banca privada. Sin embargo, antes de que acabara el mes tuvo que cerrar asfixiado por una banca privada que no tenía ningún interés en verse atacada con motivo o sin él. En apariencia parecía que los azules perdían en los medios mientras que en la calle era el Opus el golpeado. Franco retrasó la crisis hasta el 29 de octubre y entonces la solventó a su estilo típicamente fernandino de asestar un palo al burro negro y otro al burro blanco. En la remodelación cayeron por la parte del Opus García Moncó y Espinosa, y por los azules Solís y Fraga Iribarne. Por supuesto, Vilá Reyes no podía esperar a salir incólume de aquel escándalo que se había llevado por delante a un periódico y varios ministros. Fue condenado por el juzgado de delitos monetarios a tres años de cárcel y 1.658 millones de multa. Ser el inventor de un telar sin lanzadera que revolucionó el mercado y compitió con la Suzler suiza, compañero de cacería de Giscard d´Estaing e incluso colaborador financiero en la campaña electoral de Richard Nixon no le sirvió de nada en aquellos momentos. Más útil le resultó el sistema de corrupción que conocía considerablemente bien.

La primera condena de Vilá Reyes se produjo en una jurisdicción especial y la sentencia le fue comunicada al encausado en prisión. Vilá Reyes presentó entonces un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) con la intención de mostrar que podrían haber existido irregularidades pero que el gobierno las conocía de sobra. La vista ante el TEAC tenía que haberse celebrado el 28 de mayo de 1971 y la situación difícilmente podía resultar más delicada. De confirmarse la sentencia, todos los bienes de Vilá Reyes tendrían que ser incautados. Preocupado por esa posibilidad, Vilá Reyes, en contra del consejo de su abogado, el antiguo ministro de la república, José María Gil Robles, hizo llegar una carta a Carrero Blanco en la que le indicaba que iba a hacer llegar un dossier sobre evasión de divisas a distintos procuradores en Cortes, magistrados del Supremo y prensa nacional e internacional... Al parecer, a Carrero Blanco la carta le produjo una profunda irritación pero, al fin y a la postre, la vista se aplazó cuatro meses, hasta el 24 de septiembre. No llegó tampoco entonces a tener lugar.

El día antes de la celebración, la vista se suspendió nuevamente y el 1 de octubre, alegando el 35 aniversario de su exaltación a la jefatura del Estado, Franco firmó un indulto que, por primera vez, incluía los delitos monetarios. El TEAC confirmaría la sentencia inicial pero Vilá Reyes no permanecería en prisión gracias al citado indulto. Al final, gracias a la intervención directa de Franco, todo el asunto había quedado en agua de borrajas aunque los azules hubieran perdido la última oportunidad de reconquistar el terreno perdido y el Opus emergiera del episodio marcado por el signo de la corrupción.

Con la distancia que otorga el tiempo cabe preguntarse si estaba justificado el ruido que causó el asunto Matesa. De entrada, la irregularidad en materia de exportaciones se hallaba en aquellos momentos a la orden del día. A pesar de que el gobierno había anunciado ya en 1965 que una de sus prioridades era la exportación, la legislación de la época era demasiado intervencionista como para permitirlo. Hubiera sido lógico cambiarla pero la liberalización distaba mucho de resultar agradable a un régimen que, no obstante, a finales de los cincuenta había podido sobrevivir precisamente gracias a la labor liberalizadora capitaneada por algunos ministros del Opus. De esa manera, para conseguir un crédito a la exportación del Banco de Crédito industrial —que entonces tenía el monopolio de estas operaciones— era necesario contar con pedidos en firme pero éstos generalmente no llegaban a cuajar sin que los empresarios contaran con un sistema de financiación de confianza.

En resumen, se trataba de un círculo vicioso difícil de romper en la práctica. Precisamente por eso, se mantenía una legislación intervencionista y disparatada y, a la vez, se consentía la irregularidad como forma de acción, una irregularidad que no sólo tenía fines de expansión económica sino que también era susceptible de implicar jugosas corruptelas. A la sazón más de una editorial despegaba en el terreno económico mediante el cobro de ayudas a la exportación, una exportación que no pocas veces consistía en trasladar meramente los libros hasta Hispanoamérica para que allí se convirtieran en pasta de papel o se pudrieran en algún hangar. En ningún caso, episodios de este tipo saltaron a la prensa con una repercusión ni lejanamente similar a la de Matesa. A esta situación bastante extendida, por otra parte hay que añadir, sin embargo, lo relativamente fácil que hubiera sido resolver el problema de no existir otros condicionantes. Por ejemplo, Matesa parece que efectivamente era solvente y hubiera podido, caso de haber sido intervenida, pagar las deudas pendientes. Sin embargo, el consejo de ministros optó por liquidarla de manera apresurada y malbaratando su activo. De la misma manera, la Compañía Aseguradora Crédito y Caución SA eludió su responsabilidad en el pago de los préstamos concedidos a Matesa. Sin embargo, entre el 8 de julio de 1977 y el 12 de diciembre de 1978, una serie de sentencias derivadas de demandas presentadas por el Banco de Crédito Industrial condenó a Crédito y Caución.

Como punto final, el régimen optó por echar tierra al asunto recurriendo a un indulto que sólo sirvió para magnificar el escándalo. Sus razones no estuvieron, por lo tanto, en la irregularidad —habitual en la exportación de la época— ni en la corrupción administrativa —relativamente extendida— ni tampoco en la insolvencia —dudosa— de la empresa. Las razones se hallaron en una batalla política y mediática desencadenada por la Falange contra el Opus en un intento vano de controlar el poder, una batalla que se vio propiciada por una legislación intervencionista en cuya adopción la propia Falange había tenido un papel esencial.