El movimiento antinuclear español, que comienza a finales de los años 70, culmina, en una fase trágica, con la colaboración y participación de la banda terrorista ETA. El 17 de marzo de 1978 una bomba en el reactor de la central de Lemóniz mató a dos obreros (Andrés Guerra y Alberto Negro) e hirió a otros dos. El 13 de junio de 1979 otra bomba, en la zona de turbinas de la central, costó la vida al trabajador Ángel Baños. El 29 de enero de 1981 la ETA secuestró al ingeniero-jefe de Lemóniz, José María Ryan, y aunque en un comunicado decía que su vida dependía de la demolición de la central, pocos días después, el 6 de febrero, el cadáver de Ryan apareció con un tiro en la nuca. El 5 de abril de 1982 asesinó a Ángel Pascual Múgica, director de la sociedad mixta público-privada que se encargaría de terminar de construir la central y de su posterior gestión. Poco después, la ETA dejó un paquete bomba a las puertas de un almacén de Iberduero en Rentería que hirió gravemente al pequeño Alberto Muñagorri. Estos asesinatos deberían hacernos pensar que, si miserables del tiro en la nuca están en contra de la energía nuclear, ésta no debe ser tan mala.
Pocos meses después, Felipe González y el PSOE ganaron las elecciones y, aprovechando la coyuntura de los etarras y las manifestaciones de grupos antinucleares que, con la pancarta "ETA mátalos", se paseaban por el país vasco, iniciaron una moratoria que ya habían previsto con anterioridad y que culminó en 1984, cuando se aprobó el Plan Energético Nacional, que oficialmente paralizaba la construcción de cinco centrales nucleares: Lemóniz I y II, Valdecaballeros I y II y Trillo I, que se encontraban en diferentes fases de construcción. Esta moratoria ha supuesto el mayor desastre económico que ha sufrido España desde la Transición.
Desde aquel momento se fue filtrando una campaña antinuclear en la sociedad española, favorecida por el Gobierno socialista, a través de medios sectarios de comunicación que fueron potenciando el rechazo psicológico de la gente hacia este tipo de energía. Sentimiento inherente al hecho de que lo nuclear trasciende por primera vez en la historia a partir del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, en 1945. Esta demagogia cae por su propio peso, pues siendo Japón uno de los países con los sentimientos antinucleares más profundos –por razones obvias–, apostó en su vertiginoso desarrollo industrial –que le ha llevado a ser uno de los siete países más avanzados– por la energía nuclear como fuente energética fundamental, económica y ecológica.
Japón cuenta actualmente con 52 centrales térmicas de uranio; la de Fukushima Daiichi-Daini es una de las más grandes que existen. Se encuentra en un bello paraje situado 250 kilómetros al norte de Tokio.
Tras 12 años de PSOE en el poder, el Partido Popular tampoco levantó la moratoria. Desaprovechó la oportunidad, sobre todo en su segunda legislatura, de haber promovido campañas de información serias y responsables que pusieran en conocimiento del ciudadano medio cómo funciona verdaderamente la industria nuclear, así como los grandes recursos que se dedican para hacer de ella una de las industrias más seguras del mundo. El problema que plantea la energía nuclear son los residuos radiactivos. Pero también se ha exagerado esta cuestión. Son materiales en forma sólida, líquida o gaseosa que contienen elementos químicos radiactivos, también llamados isótopos radiactivos o radionucleidos, que deben ser gestionados y controlados de forma segura. Para ello hay una serie de organismos e instituciones internacionales, como la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la Organización Internacional de Energía Atómica, la Agencia para la Energía de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y la Unión Europea.
A diferencia de otros residuos tóxicos que se generan en otras actividades industriales, por ejemplo el mercurio, la toxicidad de los residuos radiactivos decrece con el tiempo, a medida que se van desintegrando los isótopos presentes y se van transformando en elementos químicos estables. Dentro de los residuos radiactivos hay dos grupos: los de alta y los de media o baja actividad. Los primeros incluyen los restos del combustible irradiado o quemado y tienen una vida media de miles o millones de años. Los elementos combustibles irradiados se almacenan dentro de las piscinas de las centrales nucleares, donde el agua sirve como refrigerante y blindaje de la radiación. Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) está estudiando la posibilidad de centralizar el almacenamiento de todos ellos en unos contenedores de acero sellados y refrigerados por aire.
Los residuos de media o baja actividad son emisores beta de vida media corta: filtros, herramientas, jeringuillas, guantes, fluidos humanos, lodos del proceso de purificación que se utilizan en las centrales nucleares, hospitales, industrias, centros de investigación, laboratorios de bioquímica, etc... En España, estos residuos se entierran en El Cabril (Córdoba), donde se almacenan en bidones de acero sellado que se compactan dentro de unos contenedores de hormigón de alta calidad y se introducen, a su vez, en estructuras de un hormigón especial. Estos últimos contenedores se van sellando, cerrando y cubriendo de tierra, y hay un control para evitar las filtraciones.
La cuestión fundamental de cara a la opinión pública es la de resolver cómo proceder con los residuos de alta actividad y su almacenamiento geológico profundo (AGP), puesto que la cuestión técnica real está resuelta hace ya mucho tiempo. En los años 90, a través de un programa de investigación de la Pangea Resources Australia Ltd., una compañía con importantes accionistas en el sector nuclear de Gran Bretaña y Suiza, se identificaron en Australia, África del Sur, Argentina y el oeste de China sitios geológicamente apropiados para un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos. Otra posibilidad surgió en julio de 2001, cuando el presidente Vladimir Putin aprobó una ley que permite la importación a territorio ruso de residuos nucleares, que se almacenarían posiblemente en Krasnokamensk, un gran complejo de minas de uranio situado en el distrito jurisdiccional de Chita, en Siberia.
Por otro lado, se está investigando el desarrollo de técnicas de transmutación de elementos radiactivos de vida larga, cuyo objetivo es transformar estos isótopos en otros de vida más corta. Aunque seguiría siendo necesario el aislamiento de los residuos en instalaciones geológicas profundas.
De todos los países industrializados, España es el que menos centrales nucleares tiene en funcionamiento: 9; frente las 59 de Francia, las 11 de Suecia, las 23 del Reino Unido, las 104 de Estados Unidos, las 10 de Rusia, las 17 de Alemania y las 52 de Japón, según datos actualizados a diciembre de 2005. Con respecto al ejemplo francés, el profesor Juan Velarde, uno de los más brillantes economistas de nuestro país, publicaba un artículo en el que, entre otras cosas, decía:
"Al señalar los activos importantes que son capaces de ligar la economía francesa con la de los países más dinámicos, sacándola del estancamiento actual, señala con orgullo el Informe Camdessus que uno de ellos es la apuesta por la energía nuclear (...) Hemos caído [en España] en el terreno energético, hay que decirlo claro, en manos de demagogos e ignorantes y no sabemos reaccionar".
Nuestra vecina Francia podría servir de ejemplo al Gobierno actual, dada la buenísima relación entre sus dos mandatarios; así podríamos aprovechar esta coyuntura histórica para sacar un partido inteligente que beneficie a todos y hablar de las grandes ventajas de la energía nuclear, que no sólo es la más económica en coste por kilovatio hora producido: además, no produce gases de efecto invernadero, en un momento en que el Protocolo de Kioto, que España firmó de manera ignorante y posteriormente ratificó de manera igualmente ignorante, va a suponer una sangría en las arcas del Estado que, tarde o temprano, tendremos que pagar todos los contribuyentes. Alberto Recarte, otro de nuestros más prestigiosos economistas, dice al respecto:
"El país que más perjudicado sale de la aplicación del Tratado de Kioto es precisamente España (...) Entre los 155 países no comprometidos por Kioto concentran la mayor parte de la población, del PIB y de las emisiones de gases con efecto invernadero (...) No hay una clara vinculación entre el Protocolo, su aplicación y su incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero (...) Es confuso, estéril e innecesario".
Alberto Recarte está del todo en lo cierto. El hecho de que China, uno de los países más contaminadores del planeta, donde se encuentran ocho de las diez ciudades más irrespirables del mundo –según datos de la Organización Mundial de la Salud de 1999– (los niños de Lanzhou van al colegio con mascarillas), no haya suscrito el Protocolo de Kioto suscita serias dudas en cuanto a la verdadera razón de su existencia.
La energía nuclear es la energía del futuro a corto y medio plazo, si queremos evitar entrar en una crisis energética, como consecuencia del grave desajuste entre oferta y demanda, que nos haga importar energía de Francia, varios de cuyos reactores nucleares están, por cierto, mucho más cerca de España que de París.
Actualmente se encuentra en vías de desarrollo un proyecto multinacional, conocido como Generación IV, para el desarrollo de distintos sistemas nucleares avanzados, que tienen como ventaja una reducción de costes y una seguridad intrínseca no dependiente de sistemas auxiliares de emergencia. Con ellos se pretende también reducir la proliferación nuclear y la cantidad de residuos generados. Estarían operativos en 2020.
El profesor Guillermo Velarde, uno de los científicos nucleares españoles más reconocidos internacionalmente, escribía en una reciente monografía:
"Se puede decir que desgraciadamente en España no hay carbón aceptable, ni petróleo, ni gas natural, ni muchas regiones de potencial eólico adecuado (de más de dos meses y medio de funcionamiento al año), por lo que la energía de fisión nuclear se hace necesaria. En iguales circunstancias se encuentra Francia, que ha sabido resolver el problema energético haciendo del mismo una razón de Estado y prescindiendo de cuestiones demagógicas y partidistas que tanto han dañado los intereses españoles".