A ese efecto sirven de poco disquisiciones absurdas sobre si fue inevitable o no, o expansiones sentimentales sobre el "fracaso de la convivencia", como si ese fracaso hubiera caído del cielo o fuera una deplorable característica de los españoles (durante la Edad Moderna España fue uno países más estables de Europa. La "costumbre" de las guerras civiles proviene del siglo XIX, estuvo bastante extendida en Europa, y sólo tuvimos una en el siglo XX, librándonos a cambio de las mucho más devastadoras contiendas mundiales: no somos tan desafortunados como esos jeremías plañen, en particular desde el pintoresco Américo Castro).
No discerniremos las causas de la guerra si recurrimos principalmente a las propagandas de los contendientes (como hacen Beevor y tantos otros), elaboradas generalmente a posteriori de los hechos. Necesitamos recurrir a los documentos internos de los partidos, a la prensa, a lo escrito en el momento de tomar las decisiones. Como, afortunadamente, existen materiales abundantes, podemos trazar así algunas líneas básicas bastante claras.
Un caso de confusión lo tenemos en el análisis de E. Malefakis, tan repetido y seguido por otros muchos estudiosos: "No había en la España de 1936 revolución social alguna, ni inminente ni inevitable. Prevalecía, sin duda, un espíritu revolucionario, pero, de haber querido imponerse por su propia fuerza, habría sido aplastado igual que se había acabado con las revueltas obreras de 1933 y 1934. Era mucho más probable que Azaña reaccionara como un Giolitti o como un Ebert que como un Kerenski". En cierto modo mi libro 1936: el asalto final a la República viene a replicar esta tesis de Malefakis, uno de los historiadores más solventes en relación con la reforma agraria y otros temas de la época.
El autor useño reconoce que "prevalecía un espíritu revolucionario", lo cual ya es algo, pues muchos estudiosos pretenden convencernos de que después de las elecciones de febrero del 36 sólo hubo "alegría republicana", algo turbulenta, pero nada más, y atentados de la derecha. Pero ciertamente prevalecía, como aquél dice, una agitación revolucionaria que el mismo Prieto llegó a encontrar intolerable. Estaba en marcha un proceso revolucionario continuador del que había desembocado en la insurrección armada de octubre del 34. Tan evidente es el hecho, y tan documentado (el libro 1936… ofrece más de cien páginas de reproducción documental, muy ampliamente ilustrativas), que no vale la pena insistir hoy al respecto. Pero, a juicio de Malefakis, ese proceso no podía imponerse mediante un alzamiento. Tal vez tenga razón, quién sabe, pero, y aquí viene su primer error, sólo los anarquistas pensaban en una insurrección. La principal amenaza revolucionaria, sin embargo, no provenía de ellos, sino del sector hegemónico del PSOE, el de Largo Caballero, en estrecha colaboración con los comunistas; y éstos no planeaban, ni lo necesitaban, rebeliones armadas. Su estrategia consistía en desgastar a los gobiernos izquierdistas de Azaña y Casares, aliados suyos en el Frente Popular y co-vencedores en las elecciones, hasta llevarlos a una crisis y heredarlos "legal" y pacíficamente, lo cual terminaría ocurriendo con la guerra ya en marcha. De ahí la táctica de Largo de radicalizar a las masas, organizar continuas violencias y huelgas salvajes.
Numerosos comentaristas han calificado de "incomprensible" o "estúpida" esa táctica, pero tal juicio no revela mucha agudeza. Los revolucionarios querían explotar una oportunidad dorada para desatar la revolución desde el poder, sin necesidad de asaltarlo directamente. Y la táctica comunista, expuesta de sobra en sus documentos, consistía en empujar al Gobierno a aplastar definitivamente a toda la derecha, motejada en bloque de "fascista".
Y no se trataba sólo de algaradas, atentados y huelgas. Al mismo tiempo imponían la ley desde la calle, organizaban milicias, convertían los ayuntamientos y otros elementos de la Administración en órganos de poder revolucionario. En suma, iban construyendo un doble poder. La amenaza revolucionaria resultaba, pues, doblemente peligrosa, precisamente por no necesitar imponerse mediante una insurrección, contra lo que piensan Malefakis y tantos más.
El segundo error, o la otra cara del mismo, consiste en atribuir a los gobiernos republicanos burgueses voluntad de oponerse a sus aliados revolucionarios. La política del grueso de las derechas durante esos meses consistió, precisamente, en buscar algún acuerdo o incluso pacto con Azaña y Casares para frenar el proceso revolucionario. La respuesta fue una negativa sistemática. Al negarse, ambos gobiernos sucesivos se deslegitimaban, alentaban a los revolucionarios y colaboraban con ellos en la destrucción de la ley, causa definitiva de la guerra. Azaña, pues, no sólo no era un Ebert (el político socialista alemán que aplastó despiadadamente las revueltas comunistas en Alemania después de la I Guerra Mundial), sino que ni aun llegaba a Kerenski, el cual, con todos sus errores, se opuso como pudo a los bolcheviques. Al revés que ellos, Azaña y Casares colaboraron en todo momento con los revolucionarios. No puedo resumir en un artículo los datos y argumentación del libro, pero me remitiré al suceso que terminó desbordando el vaso: el asesinato de Calvo Sotelo. En él se concentran los principales elementos del caso.
Calvo pertenecía a la derecha golpista, el sector monárquico, muy minoritario, que, después de la quema de conventos, bibliotecas y centros de enseñanza en mayo de 1931, pretendía derrocar la República. Aun así, se sumó a Gil-Robles en las reiteradas peticiones al Gobierno para que aplicase la ley y frenase el caos social. Dada su tendencia, cabe suponer que lo hizo no tanto por respeto a la ley republicana como porque comprendía las grandes probabilidades de fracaso de un alzamiento. Pero sean cuales fueren sus motivos, el hecho es que trató de salvaguardar la paz de la única forma posible: la aplicación de la ley. En respuesta recibió insultos y amenazas de muerte, en el Parlamento y fuera.
Y la amenaza de muerte fue ejecutada por parte de fuerzas de seguridad del Estado (guardias de asalto, mandados por un guardia civil comprometido en la insurrección del 34 y que entrenaba a las milicias izquierdistas) junto con milicianos socialistas, en especial un hombre de mano de Prieto. También fueron a asesinar a Gil-Robles, pero no lo hallaron en casa.
Después del crimen, en la Diputación Permanente de las Cortes, Prieto tuvo el acierto de equiparar el asesinato de Calvo con el anterior del teniente Castillo por pistoleros de derechas. Castillo era otro oficial comprometido en la guerra civil del 34 e instructor de las milicias socialistas. Queriendo ocultar la verdad y justificar el crimen con su comparación, Prieto descubrió la verdad: las fuerzas de seguridad se habían transformado, en buena medida, en grupos terroristas. Lejos de cumplir la ley, arrestaban comúnmente a personas de derechas con pretexto de cualquier incidente, lo mismo cuando las víctimas eran de izquierdas que cuando eran de derechas. Los agresores de izquierda rara vez sufrían persecución legal. El asesinato de Calvo Sotelo sólo culminó un proceso de destrucción de la legalidad republicana, desde el Gobierno y desde fuera de él.Podemos pensar razonablemente que Prieto estuvo complicado en el crimen, tanto porque el autor directo de la muerte de Calvo era un guardaespaldas distinguido suyo como por otros muchos indicios. Pues bien, Prieto no representaba al sector más revolucionario del PSOE, como Largo Caballero, sino al más próximo a Azaña, en conjunción con el cual había protagonizado otras maniobras demoledoras de la legalidad, como la revisión de actas parlamentarias o la destitución del presidente de la República, Alcalá-Zamora.
La operación contra Calvo tiene todos los rasgos de una magna provocación para obligar a los militares comprometidos en el golpe de Mola a salir a la calle de una vez, y aplastarlos como había ocurrido con Sanjurjo cuatro años antes. Desde luego, ni Prieto ni el Gobierno tomaron medidas serias contra los asesinos. Prieto los protegió descaradamente, y el Gobierno acentuó su provocación a las derechas. Se habla de la terrible tensión en los funerales de Castillo y de Calvo, pero los asistentes al primero no sufrieron agresiones, mientras que los del segundo fueron tiroteados por asesinos izquierdistas y, nuevamente, por las fuerzas de seguridad del Gobierno, ocasionando varios muertos más.
Ningún indicio autoriza a pensar que Azaña o Casares hubieran reaccionado como Ebert, ni siquiera como Kerenski. Desde las mismas elecciones ampararon –de mejor o peor grado, eso es lo de menos– la progresiva destrucción de la legalidad republicana, y contribuyeron activamente a ella. Entre el pacto con la derecha para mantener la ley y la alianza con los revolucionarios para destruirla optaron por la segunda, y la revolución les arrastró hasta la derrota final de todos ellos.
En el libro no he querido tanto demostrar el proceso revolucionario –hoy ya no es preciso– como explorar otra cuestión mucho menos examinada: la actitud de los republicanos supuestamente moderados y demócratas en aquellos meses cruciales para el destino de España. Los datos y argumentos aportados resultarán, creo, convincentes. En otro caso, y pese a la mala experiencia habida hasta la fecha, espero que se suscite un debate clarificador con los discrepantes.