Si califica de "accidente" lo que fue un homicidio terrorista y llama "desleal" al presidente de comunidad autónoma que se atrevió a grabar y difundir su lapsus freudiano, Zapatero, en efecto, considera que las muertes de dos pobres trabajadores ecuatorianos no deben ser obstáculo para reanudar las negociaciones, luego de guardar unos días de luto. Al no confesar otra equivocación que la de no saber a tiempo que los etarras preparaban un atentado, mantiene por implicación que todo lo demás lo ha hecho bien y que puede seguir por la misma vía.
En un primer momento, Zapatero quedó visiblemente afectado por lo que para él era un inesperado ataque terrorista. Huyó al coto de Doñana para esconder su desconcierto, y volvió luego a la palestra diciendo que se había repuesto y que había recobrado toda su energía para seguir en el "proceso de paz". Quizá se estaba dando cuenta de que no había sabido calibrar a su adversario en el peligroso juego de póquer en que estaba empeñado.
La política puede representarse instructivamente como un juego de cálculo y azar. Durante los largos siglos de evolución de la democracia, la humanidad civilizada ha aprendido que, sin un reglamento previamente acordado por los contendientes, el juego político puede derivar fácilmente en choques violentos, incluso en guerras civiles. En las anteriores ocasiones en que los Gobiernos de España habían intentado alcanzar un acuerdo para que ETA dejara las armas, la norma de juego establecida por el Estado había quedado bien clara: el marco de la Constitución era el límite que los negociadores no podían traspasar. No era aceptable una solución que pareciera premiar a quienes preferían la violencia a los métodos democráticos.
Zapatero ha dado peligrosas señales de que estaba dispuesto a incumplir el pacto constitucional con tal de conseguir sus fines. Con el estatuto de Cataluña había bordeado o traspasado lo permisible. Durante el llamado "proceso de paz", su Gobierno hizo concesiones dudosamente constitucionales, al instruir a los fiscales para que redujeran sus peticiones de pena a los terroristas, al presionar a los jueces para que retrasaran las sentencias condenatorias, al prevenir a los etarras de inminentes detenciones. Además, parece cierto que, como dice el órgano periodístico de los terroristas, había hecho promesas imprudentes sobre el acercamiento de presos, la legalización de Batasuna, el Anschluss vasco sobre Navarra y la autodeterminación del País Vasco en una atmósfera de violencia nazi.
Un deseo tan vehemente de alcanzar el armisticio no podía pasar inadvertido a jugadores tan avezados y poco escrupulosos como los negociadores de ETA. Se les imponía con vehemencia la conclusión de que ellos también podían pisotear la soberanía de la ley, ejerciendo la violencia en la calle, robando armas y explosivos o incluso cometiendo atentados de consecuencias poco controlables.No es cierto que contra ETA y el nacionalismo vasco más o menos simpatizante de sus fines se hayan utilizado sólo métodos policiales y represivos. Las concesiones políticas al particularismo vasco comenzaron nada más muerto el general Franco, con una amnistía que iba a servir para terminar con la violencia. El estatuto de Guernica supone unos grados de autogobierno tan amplios que satisface las aspiraciones políticas de la mayoría de los vascos.
El caso de Irlanda, citado tan a menudo sin mucho conocimiento, enseña lecciones que los españoles deberíamos aprender: el IRA ha perdido la guerra civil y ha entregado las armas sin más concesiones políticas que las de algún puesto para los republicanos del Ulster en un Gobierno de coalición. Los nacionalistas vascos tienen mucho más.
Si Zapatero, azuzado por sus aliados políticos estalinistas o nacionalistas, se decide a reanudar las negociaciones con ETA, la tentación para los terroristas de aplicar el método de las ofertas que uno no puede rechazar, al estilo de los mafiosos sicilianos, es irresistible. ¿Por qué iban a contenerse, si las reglas del juego consisten en que no hay reglas? Cuanto más comprensivo se muestre Zapatero con la desgracia de dos muertes involuntarias, cuanto menos parezca respetar las normas constitucionales, más se envalentonarán lo violentos en el uso de la amenaza.
Tuvo razón Rajoy al decir en el debate del Congreso que, en adelante, si Zapatero se resiste a las imposiciones de ETA, los terroristas volverán a poner bombas; y si no las ponen, es que habrá cedido. No se puede jugar al póquer con un contrario que tiene un Colt 45 y después de obligar al sheriff a que deje su arma en el vestuario. El frívolo e imprudente jugador que representa a los españoles debería dimitir a la vista del fracaso de su política, que ha culminado con dos muertes que es de temer no sean las últimas.
Si no hace lo que un recto sentido del honor debería indicarle, el partido de la mayoría debería considerar su sustitución por otro político de más fuste; debería, por ejemplo, considerar un Gobierno presidido por Rubalcaba.
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