Al poco de iniciarse los trabajos de la Comisión de Investigación del 11 M, los socialistas comprendieron que el curso de los acontecimientos no coincidía con lo que habían previsto. Se habían frotado las manos ante la perspectiva de perpetuar la inculpación y el linchamiento público del Partido Popular en pleno, del anterior Gobierno en concreto y, muy especialmente, del ex presidente Aznar. Con él se habían medido en precampaña y campaña; sobre él habían volcado la responsabilidad de la masacre.
Antes del 11 M ya reputaban infalible la estrategia del ninguneo a Rajoy y el enfrentamiento directo con Aznar, a pesar de no concurrir éste a las elecciones por una decisión personal fruto de su exigente concepto de la ética política. A fortiori, con él querían seguir midiéndose tras la masacre sobre la que llegaron al poder y, una vez allí, explotar sin tregua el abuso de un combate desigual: el que se libraba y se sigue librando entre un ciudadano de a pie, obligado por responsabilidad a callar muchas cosas, y todos los aparatos del poder oficial, así como la mayoría de los mecanismos del poder oficioso.
Al no dar la Comisión los resultados apetecidos por los socialistas, sino más bien todo lo contrario, su primera argucia para distraer la atención nacional fue armar artificialmente un escándalo a cuenta de la supuesta contratación de un lobby en Washington en época del Gobierno popular. Meses después, cuando la frustración de sus expectativas acerca de la Comisión ya resultaba imposible de disimular, el Gobierno socialista comprendería que las cortinas de humo no funcionaban, al menos en este asunto, y que la opinión pública podía estar pendiente de dos, y hasta tres, escándalos a un tiempo. Así que acabarían optando por ascender en la escalada demagógica: solapar no bastaba, había que desnaturalizar.
Fue el momento del ciclón Pilar Manjón, representante de una parte de las víctimas que, de forma incomprensible para un observador ajeno a los condicionantes políticos nacionales, se plantaba ante la Comisión y, tras dura reprimenda a la clase política toda, exigía que cesara en sus investigaciones. Pilar Manjón cambiaría con los meses este punto de vista, lo que quizá haya ocasionado el olvido de aquel contrasentido. Fue también el momento de la designación de Gregorio Peces Barba como Alto Comisionado, de llevar sus categorías de buenos y malos (que acabarían aflorando en el homenaje a Santiago Carrillo) al mundo de las víctimas del terrorismo. Pero volvamos a la primera reacción de frustración gubernamental, la bomba del lobby americano.Los medios de Prisa, y muy pronto ese coro que difícilmente admite el nombre de competidores, hicieron como que descubrían algo terrible. Lo que había al final era que el Gobierno popular, repitiendo lo hecho por los gobiernos de Felipe González desde 1983, había contratado un bufete estadounidense para trabajar a favor de los intereses y la imagen de España. Algo común en la mayoría de embajadas en Washington. Una práctica y una figura que, por muy raras que les suenen a algunos, son, más que normales, obligadas en aquel contexto. Hay que añadir que el contrato de marras seguía vigente en el momento de la denuncia, es decir, con Rodríguez Zapatero en La Moncloa.
Insistían en que el contrato se había pagado con dinero público. ¿Con qué dinero se iba a pagar, dados los fines que perseguía, siendo un contrato perfeccionado legal y públicamente y estando sometido al control de la intervención del Estado? Insistían, y ocasionalmente insisten, en que el contrato perseguía la concesión de la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos a José María Aznar. No parece que pudiera ser ese el objetivo de Felipe González cuando empezó a contratarse el lobbying, más de dos décadas atrás.
En cualquier caso, el Congreso efectivamente concedió a Aznar su Medalla de Oro. Fue a raíz de una iniciativa de congresistas demócratas y republicanos que nació mucho antes de la formalización de ese específico documento que los medios de Polanco aireaban y que, por cierto, no detallaba las actuaciones concretas a realizar para alcanzar sus objetivos. Es sabido que el bufete hizo gestiones a favor de empresas como Alcaiber o CASA y que trabajó en la creación de un clima favorable a la liberalización del comercio trasatlántico.
Los medios adversos al Partido Popular, casi todos los medios, se agarraron a un detalle: en una nota de una reunión del bufete se da cuenta de gestiones como la "preparación de la intervención de Aznar ante las cámaras". Se aferraron también al envío de cartas y a las llamadas telefónicas a congresistas para asegurar su presencia en el acto. Esto exige refrescar la memoria de la vasta España adormecida con dos preguntas: ¿fue alguna vez Aznar presidente del Gobierno español? ¿Representa el presidente del Gobierno español a España?Con estos mimbres, perfectamente normales y legales, la Cadena Ser fabricó el bombazo informativo que debía difuminar el fracaso en la instrumentación de la Comisión de Investigación del 11 M. Bombazo que fue inmediatamente replicado por los otros medios del grupo Prisa, por TVE y, muy pronto, por todos los demás. Blanco, secretario de organización del PSOE, puso las etiquetas: "Despilfarro, malversación o corrupción".
Hoy es evidente que todo aquel asunto no era nada. Y sin embargo pareció algo gravísimo durante unos días. Justo aquellos en que a los socialistas les estaba resultando extraordinariamente difícil justificar ante la opinión pública una evidencia descarnada: contra todo lo que habían venido manteniendo, y contra lo que suponían sus votantes, eran los populares quienes se empeñaban en que los trabajos de investigación del 11 M se realizaran con luz y taquígrafos, sin trabas, sin vetos ni bloqueos, cayera quien cayera, y eran los socialistas (¡queremos saber!) los que rechazaban las comparecencias incómodas. Pero todas las comparecencias propuestas por el Partido Popular les han resultado incómodas.