Si los socialistas defienden, por un lado, la separación absoluta de religión y estado, interpretada del modo más intransigente posible y, por el otro, la ampliación de la esfera de acción del estado a todos los ámbitos de la sociedad (educación, cultura, sanidad, medios de comunicación, medio ambiente, economía, asistencia a la tercera edad, infraestructuras o lo que sea), la conclusión lógica es que la religión debe desaparecer de todas las manifestaciones de la vida en sociedad. Como diría Mussolini “Nada fuera del estado”. A lo que habría que añadir “Y dentro del estado, nada de religión”.
Esta es la lógica socialista: Primero hacemos que las universidades sean públicas y luego quitamos las capillas de la Universidad. Primero nacionalizamos los hospitales y luego prohibimos a los sacerdotes administrar la extremaunción. Primero regulamos las televisiones como servicio público y luego aplicamos el principio de separación Iglesia-Estado para no retransmitir nada desde el Vaticano. Primero sustituimos a los padres por los planificadores estatales a la hora de determinar los contenidos que deben enseñarse a los hijos, y luego eliminamos la religión de los planes de estudios “porque el estado no debe inmiscuirse en asuntos de fe”. Primero le quitamos a los particulares la propiedad sobre la mitad de su sueldo con la excusa de las prestaciones sociales y luego le decimos a la gente que ni un duro de todo eso va a ir a la Iglesia Católica (la mayor organización asistencial que jamás ha existido).
En definitiva, el juego a que nos vemos sometidos continuamente es bastante sencillo. Por un lado, erigir al Estado como único ente social "legitimado" para inmiscuirse y regular la vida del individuo casi en su totalidad. Por otro, prohibir con especial inquina que la Iglesia participe en todos y cada uno de los previamente nacionalizados. El derecho de los padres a dar educación religiosa a sus hijos, el de los contribuyentes a elegir que la asistencia social sea llevada a cabo por la Iglesia o el de los enfermos hospitalizados a recibir los sacramentos puede ser hábilmente pisoteado bajo la coartada del principio de la separación Iglesia-Estado torticeramente redefinido. La separación Iglesia-Estado tiene su origen en la legislación establecida por los Padres Fundadores de EEUU y conviene recordar que lo hicieron como parte de una mucho más amplia restricción de los poderes del Estado. El estado no habría de tener más funciones que las taxativamente establecidas en la Constitución donde, desde luego, nada se habla de nacionalizar las universidades y los hospitales, subvencionar el cine nacional o regular como servicio público a la televisión.
Lo que estaba en la mente de los constituyentes americanos era la protección de los disidentes ante las eventuales persecuciones o discriminaciones de una Iglesia oficial. Persecuciones similares a la que habían sufrido sus antepasados puritanos en Inglaterra. Jamás estuvo presente entre sus objetivos el acoso al fenómeno religioso, como lo prueba que la misma Declaración de Independencia comienza con una referencia al Creador. La colaboración allí donde había coincidencia de objetivos, se daba por supuesta
La quema de iglesias, la matanza de religiosos y la implantación de la estatolatría como sucedáneo bastardo de la teocracia son obra de la Revolución Francesa y de la peculiar forma de entender –e imponer a través de guillotina– la democracia que tenían los Robespierre, Saint Just y compañía. Una interpretación que, por mucho que guste a los Borrell, Chacón, Blanco y demás patulea, choca de frente incluso con la bastante intervencionista Constitución Española de 1978.