La norma fundamental de una sociedad libre es el principio de no agresión. A primera vista podría parecer que el humo del tabaco es causa de agresiones éticamente inadmisibles (tu libertad termina donde empieza la de los demás), y que, por lo tanto, siempre debería penalizarse el contaminar con humo de tabaco el aire que respiran terceros. Pero el principio de no agresión debe entenderse en el marco de los derechos de propiedad y los acuerdos contractuales libremente pactados.
El propietario de un espacio físico es quien establece las normas que rigen en dicho lugar para todos aquellos (parientes, amigos, socios, clientes, trabajadores) que quieran acceder al mismo, por el motivo que sea (personal, laboral, comercial). Siempre que no haya externalidades negativas (humo que escapa a propiedades ajenas), un propietario puede decretar que en su propiedad está permitido fumar, y quienes entren en ella habrán de asumir entonces el posible daño que les ocasione el humo, renunciando así al derecho a no ser molestados. Quienes no aceptasen esas condiciones no tendrían derecho a entrar; quienes acceden a la propiedad de otro están asumiendo, de forma explícita o implícita, que obedecerán las normas impuestas por el dueño.
Toda norma es una restricción que puede gustar a unos y disgustar a otros. Es imposible garantizar que una norma universal sobre el humo del tabaco satisfaga a todo el mundo, e imponer las preferencias de las mayorías es, simplemente, oprimir a las minorías. Las condiciones ambientales (pureza del aire, temperatura, humedad, ruidos) y normas de convivencia en los múltiples espacios de una sociedad libre reflejan las decisiones de los propietarios de los mismos, que recogen sus propias preferencias subjetivas y los múltiples deseos particulares –posiblemente incompatibles– de sus invitados, clientes o colaboradores.
Toda decisión implica un compromiso entre lo que se gana y lo que se pierde: las elecciones tienen costes. En una reunión en un domicilio privado se puede molestar a unos o a otros al permitir o prohibir fumar. Los propietarios de locales pueden prohibir fumar y arriesgarse a perder el favor de sus clientes fumadores, o bien permitir fumar y arriesgarse a perder a su clientela no fumadora (o a perder trabajadores que no acepten esas condiciones laborales, o pidan un salario mayor); también pueden reciclar y acondicionar el aire, o habilitar espacios para fumadores.
La libertad no tiene mucho mérito cuando se trata de consentir actos que uno mismo aprueba o desea: lo difícil es tolerar lo que uno desaprueba. Quienes no quieran sufrir la molestia del humo del tabaco, simplemente deben evitar entrar en espacios cerrados privados donde se permita fumar (incluso pueden criticarlos o boicotearlos de forma pacífica). Si son trabajadores, pueden buscar otro empleo (o pedir una prima por las molestias), o formar una cooperativa a su gusto; si son clientes, pueden buscar otro comercio.
Si no existen trabajos o locales acordes a sus preferencias particulares, puede ser que estas sean minoritarias y difíciles de satisfacer; pero también puede tratarse de una oportunidad empresarial de crear un negocio o asociación que sirva a esos deseos mayoritarios insatisfechos y obtenga grandes beneficios: si la mayoría de los consumidores prefiere bares y restaurantes libres de humo, resulta extraño que la mayoría de los locales ignore esa preferencia.
Los liberticidas no suelen ser tolerantes con las decisiones ajenas que les desagradan, y no destacan por su perspicacia empresarial para servir a los demás: suelen preferir recurrir a la coacción estatal para imponer sus criterios a toda la población, de modo que no es extraño que muestren su alegría ante la prohibición de fumar en múltiples ámbitos privados. Además de que confunden cuando les conviene los locales privados abiertos al público con los espacios de titularidad pública, tal vez su cobardía o inconsistencia intelectual les haga olvidar los daños que produce el humo del tabaco en los domicilios particulares, donde aún se permite fumar.
Confunden problemas de salud pública, como epidemias causadas por patógenos contagiosos difícilmente detectables o evitables, con el humo ambiental, fácilmente perceptible y evitable. Se quejan de que para mantener relaciones sociales se ven obligados a acudir a locales llenos de humo: culpan a la sociedad opresora, no tienen el carácter necesario como para tratar el problema con sus amistades o elegir mejores compañías.
Se creen que tienen derecho a mandar allá donde van, y han conseguido eliminar posibilidades alternativas satisfactorias para otros. Insisten en que las únicas normativas aceptables son las que imponen de forma monolítica y centralizada presuntos expertos benevolentes (especialmente, cuando están de acuerdo con ellos): los órdenes complejos espontáneos y adaptativos les son ajenos. Se presentan como víctimas que han aguantado mucho, y suelen proclamarse moralmente superiores mediante la repetición acrítica e irreflexiva de dogmas normativos acerca de cómo deben ser las cosas, cuando en realidad simplemente expresan de forma camuflada o abierta sus preferencias subjetivas y las leyes que quieren imponer a todos. Alegan que los costes del tabaco los pagamos entre todos, cuando el problema real es que se obliga coactivamente a todos los ciudadanos a financiar la sanidad estatal.
Recurren demagógicamente a los pobres trabajadores de la hostelería, que al parecer tienen derechos fundamentales diferentes a los del resto de ciudadanos: no han pensado que por esta prohibición algunos podrían perder sus empleos; además, olvidan cuidadosamente las rigideces del mercado laboral y las trabas a la creación de empresas, e ignoran que en muchos negocios los trabajadores son también los dueños. También recurren a la lágrima fácil de apelar a los enfermos, a los niños y al muy difuso bien común. Pretenden falazmente que los liberales quieren que no haya normas, que no se prohíba cosa alguna. Aseguran que las normas estatales, proclamadas e impuestas por presuntos representantes legítimos de los ciudadanos, son las únicas que posibilitan y mejoran la conveniencia social: no se molestan en analizar la legitimidad de los gobernantes y los límites de sus actuaciones, ni en estudiar contenidos legales diversos y sus consecuencias.
El humo del tabaco, por lo general, apesta; muchos fumadores no fueron precisamente inteligentes cuando, siendo adolescentes, quisieron aparentar rebeldía o madurez y cayeron en un vicio adictivo que no pueden controlar de forma satisfactoria; bastantes fumadores no tienen el coraje y la fuerza de voluntad de aguantar el malestar del síndrome de abstinencia y superar su adicción. Pero tal vez la libertad sufra menos por los tontos y pusilánimes ahumadores que por la dudosa fragancia moral de los arrogantes prohibicionistas.