El número de profesores universitarios va a disminuir, ya que sólo se va a reemplazar a uno de cada dos que se jubilen. La administración también se va a hacer más eficaz. El numerus clausus se mantendrá, fijándose el número de estudiantes de las politécnicas por encima del de universitarios.
Las universidades seguirán siendo financiadas por el Estado, pero tendrán un régimen autónomo. Serán públicas normales o públicas de fundación, pero en ambos casos la junta directiva estará conformada por representantes de diferentes sectores sociales y del mundo universitario. El rector será elegido por la junta directiva sin injerencia del Estado, y los empleados dejarán de ser funcionarios el primero de enero de 2010. Podrán contratar a los profesores que quieran, y se regirán por las mismas leyes laborales que las empresas. Se espera que contraten a más profesores e investigadores extranjeros. Así, por más o menos el mismo dinero que ahora, Finlandia confía en conseguir un sistema de educación superior mejor financiado y de una calidad aún mayor.
En un curso de verano sobre la universidad española del futuro organizado por la Menéndez Pelayo en Valencia los pasados 6 y 7 de julio se habló mucho de reformas. Juan José Dolado, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, dio comienzo a la reflexión trazando una panorámica de la situación tanto en la enseñanza secundaria como en la universidad; después intervinieron los rectores de las universidades de Valencia, así como varios gerentes. Curiosamente, las sugerencias que se expusieron se parecían bastante a las reformas finlandesas:
Las universidades seguirán siendo financiadas por el Estado, pero tendrán un régimen autónomo. Serán públicas normales o públicas de fundación, pero en ambos casos la junta directiva estará conformada por representantes de diferentes sectores sociales y del mundo universitario. El rector será elegido por la junta directiva sin injerencia del Estado, y los empleados dejarán de ser funcionarios el primero de enero de 2010. Podrán contratar a los profesores que quieran, y se regirán por las mismas leyes laborales que las empresas. Se espera que contraten a más profesores e investigadores extranjeros. Así, por más o menos el mismo dinero que ahora, Finlandia confía en conseguir un sistema de educación superior mejor financiado y de una calidad aún mayor.
En un curso de verano sobre la universidad española del futuro organizado por la Menéndez Pelayo en Valencia los pasados 6 y 7 de julio se habló mucho de reformas. Juan José Dolado, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, dio comienzo a la reflexión trazando una panorámica de la situación tanto en la enseñanza secundaria como en la universidad; después intervinieron los rectores de las universidades de Valencia, así como varios gerentes. Curiosamente, las sugerencias que se expusieron se parecían bastante a las reformas finlandesas:
– Reducir el número de universidades.
– Reducir el número de profesores e investigadores.
– Reducir el número de estudiantes.
– Cambiar el estatus de los empleados, que deben dejar de ser funcionarios.
– Cambiar la manera de nombrar a los rectores.
Disfunciones actuales
Dolado constató que el sistema educativo español adolece de una serie de disfunciones. Hay un alto porcentaje de fracaso y abandono en los diferentes niveles del mismo, lo cual resulta ser a la vez un problema de calidad y un enorme despilfarro económico. Dolado señaló otras asignaturas pendientes, como el insuficiente desarrollo de la educación infantil, las polémicas estériles, la ausencia de tracking y de pasarelas, la falta de diferenciación entre los programas de bachillerato, la debilidad de la formación profesional, la ausencia de una cultura del esfuerzo y el uso limitado de las nuevas tecnologías.
Sin embargo, también puede exhibir logros, subrayó. Los universitarios españoles se comparan con los países de más alto nivel, lo cual no ocurría antes, y, después de la enorme expansión del sistema educativo, ahora el objetivo debería ser la calidad. España tiene 1,4 millones de universitarios, tantos como Francia y Alemania, que tienen una población mucho más numerosa. En estos países, por cada universitario hay un estudiante de formación profesional, mientras que en España la proporción es de 3 a 1. Pero la oferta de titulaciones no corresponde a la demanda, ni de los estudiantes ni de las empresas.
Por otro lado, el sistema de adjudicar dinero a las universidades según el número de estudiantes matriculados tiene efectos perversos, porque supone un estímulo para que aquéllas se saquen carreras de la manga. También es digno de mención el hecho de que los estudiantes pocas veces abandonan su ciudad para cursar sus estudios superiores.
Dolado afirmó que constituye una anomalía la demanda de plazas en la universidad privada, cuando ésta no se distingue por una mejor calidad, con alguna excepción, como ciertas carreras de Deusto y Navarra.
A propósito de la contratación de los profesores, Dolado habló de escalas salariales rígidas e igualitarias que no apoyan la iniciativa y que llevan a la fuga de cerebros. A la vez, existen trabas para reclutar docentes extranjeros. Es conocida la tendencia de los profesores a quedarse en la universidad en la que han estudiado. Es poco frecuente la regla que se observa en la Carlos III, que no contrata como docentes a sus propios egresados. Dolado apuntó igualmente que el sistema español de elegir al rector por elecciones de tipo político lleva a que el elegido acceda al cargo con obligaciones para con diferentes grupos y sólo tenga las manos libres cuando ya no puede optar a la reelección.
En cuanto a la investigación, Dolado dijo que la inversión es baja, y que los investigadores son poco citados y están mal pagados. Es grande el riesgo de fuga de los investigadores que realizan un buen trabajo pero no están reconocidos ni bien remunerados. España es la octava economía del mundo, pero no lo es en investigación, y es dudoso que pueda mantener su nivel económico si no mejora en este rubro, ya que la investigación funciona como motor del desarrollo. Además, es característico de la situación española que las empresas y las universidades privadas no investiguen demasiado.
¿Qué reformas se deberían hacer?
Como ya he apuntado, durante las jornadas se hicieron propuestas muy similares a las finlandesas. Se quiere obtener una mejor financiación a través de una mayor concentración de los recursos y de una selección de los mejores profesores, investigadores y estudiantes. Según lo que se comentó, esto es lo que piensa "todo el mundo"; pero pocos se atreven a decirlo en público.
Las 75 universidades españolas deberían ser menos, quizá 50, y se habló tanto de redes de colaboración como de cierre de centros, o de conversión de algunos en instituciones dedicadas a la formación profesional superior.
En España se dan más clases en la universidad que en otros países comparables. Si se dieran menos, los estudiantes tendrían que aprender a trabajar de manera más independiente. Otra consecuencia sería que se necesitaría quizá un 30% menos de profesores, lo cual liberaría aún más recursos. Si la universidad tuviera menos profesores, pero de mejor calidad y mejor pagados, sería más fácil retener en el país a los buenos universitarios.
Se señaló como negativo el estatus funcionarial de los profesores. La total seguridad en el empleo no estimula el esfuerzo. La actuación de los sindicatos muchas veces es contraria al interés por la calidad. Quizá no todos los profesores deben tener tiempo de investigación. Los universitarios no son intercambiables. La enseñanza y la investigación son tareas realizadas por individuos, y lo que cuenta es el talento, el esfuerzo y la inteligencia de éstos, mientras que la lógica sindical se basa en la idea de que todos los empleados valen igual para desempeñar todas las tareas.
Se debería cambiar cuanto antes el sistema de elección de los rectores, porque crea antagonismos entre los empleados, y se debería discutir el papel de los consejos sociales en las estructuras universitarias.
En cuanto a la convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (Proceso de Bolonia), varios participantes señalaron que sobran titulaciones, que muchas sólo atraen a unos pocos estudiantes y que algunos profesores creen tener derecho a seguir enseñando lo mismo año tras año. En Bolonia se habla de potenciar el uso de las nuevas tecnologías, una de las asignaturas pendientes de las universidades españolas. Se tendrá que mandar a los profesores a cursos de perfeccionamiento. Se habló de cierta costumbre del estudiante español de esperar a que el profesor le diga lo que debe hacer. Se quiere cambiar esta actitud pasiva por otra más activa. Con la nueva metodología que se está introduciendo harán falta más aulas, pero más pequeñas, lo cual supone otro reto.
En vez de tres años de licenciatura y dos de máster, España ha elegido un modelo con cuatro de licenciatura y uno de máster; quizá porque sus universitarios son muy jóvenes y muchos entran con 18 años y terminan con 22. Para adecuarse al modelo, en estos momentos las universidades están añadiendo un año a sus carreras cortas y quitando otro a las largas, para que todas sean de cuatro. Sin embargo, muchos creen que esta normativa cambiará dentro de algunos años, porque es difícil que España siga un modelo diferente del de los demás países europeos. Con carreras de cuatro, para un estudiante extranjero es poco atractivo elegir una universidad española y, así, tener que dedicar un año extra a sacar el título.
Los responsables de las diferentes universidades se mostraron preocupados por el hecho de que las empresas se interesen poco por los conocimientos generados por los centros de educación superior. No proponen áreas o temas de investigación. Tampoco reclutan gente de manera abierta y sistemática, sino que la contratación sigue descansando en el contacto personal. Además, pocos jóvenes se muestran dispuestos a crear una empresa. Una manera de remediar todo esto sería ofrecer más prácticas en empresas. Igualmente, debería crecer el número de estudiantes que cursan parte de sus estudios en el extranjero: ahora sale un 7-8 % del total. España es un país que importa más estudiantes de los que exporta.
Por lo que hace a los másteres, se dijo que existe el riesgo de que asuman el contenido del quinto curso de las licenciaturas. Los másteres deberían ser de tipo profesional o bien de investigación. Además, sería bueno incentivar a los estudiantes a que los cursaran en universidades distintas a las suyas.
En Valencia se denunció una y otra vez el excesivo peso del Estado en la universidad española. En el proceso de Bolonia, este peso se nota en la obligación de que la Aneca acredite tanto las nuevas carreras como las que siguen igual. Los rectores hablaron de caprichos y falta de seguridad jurídica en la acreditación, porque lo que se acepta en una solicitud se rechaza en otra. De manera general, los responsables denunciaron que el Estado interviene en la gestión de las universidades, y no para garantizar una alta calidad sino, precisamente, de manera caprichosa. Reclamaron más autonomía. En la situación actual, los responsables tienen miedo a infringir alguna regla, lo cual no contribuye a la flexibilidad.
Los gerentes hablaron de una falta general de recursos, pero, en vez de proponer una reducción del número de estudiantes y profesores, como lo hace la reforma finlandesa, denunciaron que las tasas de las universidades públicas sólo cubren entre el 10 y 15% de los gastos. Dolado había dicho en su presentación que una formación universitaria constituye un bien privado más que una contribución a la sociedad, y señaló la ratio 3:1, mientras que la de la financiación es 1:9; es decir, que los que no estudian en la universidad están subvencionado a los que sí lo hacen. También se dijo que si estudiar costara más, quizá los estudiantes aprovecharan mejor los años de estudio.
Las palabras positivas durante las jornadas fueron excelencia, eficiencia, autonomía y movilidad. Algo que no se comentó fue que los que intervinieron eran casi todos varones, mientras que en la sala había más mujeres que hombres. Así que parece que el futuro de la universidad española será de las mujeres, si los hombres no espabilan.
Dolado constató que el sistema educativo español adolece de una serie de disfunciones. Hay un alto porcentaje de fracaso y abandono en los diferentes niveles del mismo, lo cual resulta ser a la vez un problema de calidad y un enorme despilfarro económico. Dolado señaló otras asignaturas pendientes, como el insuficiente desarrollo de la educación infantil, las polémicas estériles, la ausencia de tracking y de pasarelas, la falta de diferenciación entre los programas de bachillerato, la debilidad de la formación profesional, la ausencia de una cultura del esfuerzo y el uso limitado de las nuevas tecnologías.
Sin embargo, también puede exhibir logros, subrayó. Los universitarios españoles se comparan con los países de más alto nivel, lo cual no ocurría antes, y, después de la enorme expansión del sistema educativo, ahora el objetivo debería ser la calidad. España tiene 1,4 millones de universitarios, tantos como Francia y Alemania, que tienen una población mucho más numerosa. En estos países, por cada universitario hay un estudiante de formación profesional, mientras que en España la proporción es de 3 a 1. Pero la oferta de titulaciones no corresponde a la demanda, ni de los estudiantes ni de las empresas.
Por otro lado, el sistema de adjudicar dinero a las universidades según el número de estudiantes matriculados tiene efectos perversos, porque supone un estímulo para que aquéllas se saquen carreras de la manga. También es digno de mención el hecho de que los estudiantes pocas veces abandonan su ciudad para cursar sus estudios superiores.Dolado afirmó que constituye una anomalía la demanda de plazas en la universidad privada, cuando ésta no se distingue por una mejor calidad, con alguna excepción, como ciertas carreras de Deusto y Navarra.
A propósito de la contratación de los profesores, Dolado habló de escalas salariales rígidas e igualitarias que no apoyan la iniciativa y que llevan a la fuga de cerebros. A la vez, existen trabas para reclutar docentes extranjeros. Es conocida la tendencia de los profesores a quedarse en la universidad en la que han estudiado. Es poco frecuente la regla que se observa en la Carlos III, que no contrata como docentes a sus propios egresados. Dolado apuntó igualmente que el sistema español de elegir al rector por elecciones de tipo político lleva a que el elegido acceda al cargo con obligaciones para con diferentes grupos y sólo tenga las manos libres cuando ya no puede optar a la reelección.
En cuanto a la investigación, Dolado dijo que la inversión es baja, y que los investigadores son poco citados y están mal pagados. Es grande el riesgo de fuga de los investigadores que realizan un buen trabajo pero no están reconocidos ni bien remunerados. España es la octava economía del mundo, pero no lo es en investigación, y es dudoso que pueda mantener su nivel económico si no mejora en este rubro, ya que la investigación funciona como motor del desarrollo. Además, es característico de la situación española que las empresas y las universidades privadas no investiguen demasiado.
¿Qué reformas se deberían hacer?
Como ya he apuntado, durante las jornadas se hicieron propuestas muy similares a las finlandesas. Se quiere obtener una mejor financiación a través de una mayor concentración de los recursos y de una selección de los mejores profesores, investigadores y estudiantes. Según lo que se comentó, esto es lo que piensa "todo el mundo"; pero pocos se atreven a decirlo en público.
Las 75 universidades españolas deberían ser menos, quizá 50, y se habló tanto de redes de colaboración como de cierre de centros, o de conversión de algunos en instituciones dedicadas a la formación profesional superior.
En España se dan más clases en la universidad que en otros países comparables. Si se dieran menos, los estudiantes tendrían que aprender a trabajar de manera más independiente. Otra consecuencia sería que se necesitaría quizá un 30% menos de profesores, lo cual liberaría aún más recursos. Si la universidad tuviera menos profesores, pero de mejor calidad y mejor pagados, sería más fácil retener en el país a los buenos universitarios.
Se señaló como negativo el estatus funcionarial de los profesores. La total seguridad en el empleo no estimula el esfuerzo. La actuación de los sindicatos muchas veces es contraria al interés por la calidad. Quizá no todos los profesores deben tener tiempo de investigación. Los universitarios no son intercambiables. La enseñanza y la investigación son tareas realizadas por individuos, y lo que cuenta es el talento, el esfuerzo y la inteligencia de éstos, mientras que la lógica sindical se basa en la idea de que todos los empleados valen igual para desempeñar todas las tareas.
Se debería cambiar cuanto antes el sistema de elección de los rectores, porque crea antagonismos entre los empleados, y se debería discutir el papel de los consejos sociales en las estructuras universitarias.
En cuanto a la convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (Proceso de Bolonia), varios participantes señalaron que sobran titulaciones, que muchas sólo atraen a unos pocos estudiantes y que algunos profesores creen tener derecho a seguir enseñando lo mismo año tras año. En Bolonia se habla de potenciar el uso de las nuevas tecnologías, una de las asignaturas pendientes de las universidades españolas. Se tendrá que mandar a los profesores a cursos de perfeccionamiento. Se habló de cierta costumbre del estudiante español de esperar a que el profesor le diga lo que debe hacer. Se quiere cambiar esta actitud pasiva por otra más activa. Con la nueva metodología que se está introduciendo harán falta más aulas, pero más pequeñas, lo cual supone otro reto.En vez de tres años de licenciatura y dos de máster, España ha elegido un modelo con cuatro de licenciatura y uno de máster; quizá porque sus universitarios son muy jóvenes y muchos entran con 18 años y terminan con 22. Para adecuarse al modelo, en estos momentos las universidades están añadiendo un año a sus carreras cortas y quitando otro a las largas, para que todas sean de cuatro. Sin embargo, muchos creen que esta normativa cambiará dentro de algunos años, porque es difícil que España siga un modelo diferente del de los demás países europeos. Con carreras de cuatro, para un estudiante extranjero es poco atractivo elegir una universidad española y, así, tener que dedicar un año extra a sacar el título.
Los responsables de las diferentes universidades se mostraron preocupados por el hecho de que las empresas se interesen poco por los conocimientos generados por los centros de educación superior. No proponen áreas o temas de investigación. Tampoco reclutan gente de manera abierta y sistemática, sino que la contratación sigue descansando en el contacto personal. Además, pocos jóvenes se muestran dispuestos a crear una empresa. Una manera de remediar todo esto sería ofrecer más prácticas en empresas. Igualmente, debería crecer el número de estudiantes que cursan parte de sus estudios en el extranjero: ahora sale un 7-8 % del total. España es un país que importa más estudiantes de los que exporta.
Por lo que hace a los másteres, se dijo que existe el riesgo de que asuman el contenido del quinto curso de las licenciaturas. Los másteres deberían ser de tipo profesional o bien de investigación. Además, sería bueno incentivar a los estudiantes a que los cursaran en universidades distintas a las suyas.
En Valencia se denunció una y otra vez el excesivo peso del Estado en la universidad española. En el proceso de Bolonia, este peso se nota en la obligación de que la Aneca acredite tanto las nuevas carreras como las que siguen igual. Los rectores hablaron de caprichos y falta de seguridad jurídica en la acreditación, porque lo que se acepta en una solicitud se rechaza en otra. De manera general, los responsables denunciaron que el Estado interviene en la gestión de las universidades, y no para garantizar una alta calidad sino, precisamente, de manera caprichosa. Reclamaron más autonomía. En la situación actual, los responsables tienen miedo a infringir alguna regla, lo cual no contribuye a la flexibilidad.
Los gerentes hablaron de una falta general de recursos, pero, en vez de proponer una reducción del número de estudiantes y profesores, como lo hace la reforma finlandesa, denunciaron que las tasas de las universidades públicas sólo cubren entre el 10 y 15% de los gastos. Dolado había dicho en su presentación que una formación universitaria constituye un bien privado más que una contribución a la sociedad, y señaló la ratio 3:1, mientras que la de la financiación es 1:9; es decir, que los que no estudian en la universidad están subvencionado a los que sí lo hacen. También se dijo que si estudiar costara más, quizá los estudiantes aprovecharan mejor los años de estudio.
Las palabras positivas durante las jornadas fueron excelencia, eficiencia, autonomía y movilidad. Algo que no se comentó fue que los que intervinieron eran casi todos varones, mientras que en la sala había más mujeres que hombres. Así que parece que el futuro de la universidad española será de las mujeres, si los hombres no espabilan.