La que suscribe tiene la muy fundada sensación de que cuando un morlaco socialista se arranca, amén de los americanos, busca siempre cornear a las instituciones más vetustas y más queridas, empezando por supuesto por las familias.
Naturalmente, no se dice así; el secretario Ordóñez o la vicepresidenta De la Vega, no hablan de inquina, sino de irracionalidad y hasta de injusticia.
Pero no se preocupen. Tras el revuelo provocado por las declaraciones del Secretario de Hacienda, Fernández Ordóñez ha afirmado que sólo se implantarán modificaciones fiscales de calado “si se logra un amplio consenso social”.
También la Secretaria de Asuntos Sociales, señora Valcárcel, ha afirmado en Palma de Mallorca que el Plan Integral de apoyo a la familia, aún en ciernes, se hará siempre “desde el consenso”.
Ahí va un ejemplo de consenso:
Congreso titulado: “Los nuevos desafíos de las familias españolas”. Sevilla, Diciembre 2005.
Convoca: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Dirección General de las Familias y la Infancia.
Título de la mesa redonda: “La Familia en los Medios de Comunicación Social”.
Intervienen: D. Sebastián Serrano, Redactor Jefe de Sociedad. “El País”
D. Isaías Lafuente, Subdirector de “Hoy por Hoy”. Cadena SER
Dña. Carmen Ortiz, Guionista de la serie de televisión “Los Serrano”
Como decía Don Juan Tenorio, “a quién quise, provoqué”.
Quien suscribe estas líneas sostiene que no hay política pública neutral. Por definición, toda política es intervencionista: se trata de lo que el Estado hace o deja de hacer a favor o en contra de un sujeto social, en este caso de uno llamado familia.
Aseguran nuestros gobernantes que es injusto que las familias, las más beneficiadas de la deducción por primera vivienda, reciban tantas subvenciones en detrimento de otros colectivos, y que favorecer a un tipo de ahorro frente a otros supone una política dirigista e irracional.
Contesta Antonio Gutiérrez, antiguo Secretario de CCOO: “Sería una auténtica temeridad suavizar estas desgravaciones, ya que se hundiría el sector y se perdería mucho empleo”.
Apoyar a un sector, en detrimento de otros, sí es dirigismo. Las deducciones por vivienda son otra cosa muy distinta. Dichas deducciones deben mantenerse porque no se trata de subvenciones, como dicen algunos, sino de una forma —imperfecta, por supuesto, pero de momento la única vigente— de que el Estado devuelva —y sólo parcialmente, en porcentajes casi irrosorios— a la familia lo que ésta ahorra al Estado del bienestar con su funcionamiento.
El Estado dice proveernos de educación. Educación pública y gratuita existe, sí, pero yo no veo que en los centros escolares se enseñe buena educación: allí no se aprende a respetar la propiedad ajena, a amar la tierra de uno sin dañar la de los demás. Allí no se enseña, por poner un ejemplo pedestre, a tirar los papeles a la papelera (lo que evitaría un gran presupuesto de limpieza); a respetar y cuidar la res pública). Esa buena educación se provee en la familia.
Por otro lado, los entornos laborales han cambiado mucho. Antes, la formación general y en muchos casos la específica, era proporcionada por las empresas. Ahora se ha dejado en manos del Estado: los candidatos a trabajadores deben poseer un nivel de inglés suficiente; informática a nivel muy superior al de usuario, etc. El Estado dice ofrecer esas prestaciones, pero en realidad quien carga con el coste de las clases de inglés, de los libros o del ordenador es la familia.
El Estado dice proveer servicios sanitarios, hospitales y recetas, pero no ofrece salud. La convalecencia, el cuidado de los enfermos, de los niños pequeños, cae siempre a cargo de la familia.
No sé que ocurrirá con el famoso Plan de choque, pero de momento quien provee de un sitio decente, limpio, con comida caliente en la mesa, una amable palabra y ropa planchada no es otro que la familia. ¿Y si hay ancianos pesados o enfermos minusválidos que requieren mucha ayuda física y psicológica? Pues nuevamente a cargo de la familia.
¿Y si el chico tarda tres años en conseguir el primer empleo? Pues nada, en casa, a seguir comiendo y a seguir invirtiendo en la nueva especialidad, en nuevas clases de inglés y en un nuevo perfil.
Nacen pocos niños, demasiado pocos para que se permita el reemplazo generacional. Quien tiene, por ejemplo, tres hijos, los alimenta, cuida, educa, quiere y mantiene, pagando todos los costes —incluyendo el de oportunidad del padre y la madre—, está subvencionando las pensiones futuras, la sanidad futura, etc., de un individuo que no tiene ningún vástago. No me hable de irracionalidad, señor Secretario.
En España, el modelo de bienestar está basado en la familia, cuya rentabilidad social es altísima. Por ello, ha sido catalogada como pivote esencial de esa malla de seguridad que todos queremos.
Como liberal, sostengo que el sujeto familiar no debe ser reemplazado por el Estado en ningún caso genérico, pero sí que pido que se le compense a la familia por su labor civilizatoria, por proveer de recursos, cuidados, seguridad, afectividad y educación, ahorrando muchos millones de euros al Estado.
Los estudios señalan que el coste fiscal 2005 de las deducciones por vivienda asciende a un total de 3.076 millones de euros. ¿Cuánto nos van a costar las deducciones por matrimonio en el caso de las parejas homosexuales, que, dicho sea de paso, no está demostrado que ejerzan labor civilizatoria alguna? ¿Cuánto la TV pública o el cine subvencionado?
Al filósofo Jeremy Bentham debemos que la sociedad moderna tenga como objetivo político el principio de la “máxima felicidad”, siendo el ideal lograr “la mayor felicidad para el mayor número”. Obviamente, al británico se le olvidó la protección de las minorías, o que hay cosas que no se pueden evaluar en costes y beneficios, pero en todo caso, es interesante traerlo a colación porque nos recuerda que un gobierno justo y racional debe, antes de abrir la boca, calibrar su bolsa. Antes de prometer, antes de comprometerse, un gobernante justo y racional debe mirar si dispone de recursos y sobretodo del coste de oportunidad de los mismos. Los españolitos de a pie que pagamos gruesos impuestos detraídos implacablemente de nuestras rentas, tenemos derecho a interrogar a nuestros gobernantes pidiéndoles cuentas por el uso y destino del dinero común: ¿ha sido empleado para el logro de la felicidad del mayor número? ¿Se ha preferido la felicidad del común, a la de unos pocos? ¿Se ha hecho una asignación eficiente?
Todas estas preguntas deben tener idéntica respuesta: no.
Justicia significa dar a cada uno lo suyo, es decir, lo que le corresponde. No es dar a los tuyos, a los que crees van a votarte, lo mío; tampoco dejarme sin lo mío porque se lo has dado a los tuyos. Ni siquiera dar a unos, pocos, frente a una mayoría que lo necesita, se puede hacer sin una amplia justificación.
La justicia como Dios manda, suele ser muy eficiente, y nada irracional. ¿Les parece Señores Secretarios que hagamos unos números sobre los destinos alternativos en los que piensan invertir lo que van a quitar a quien tiene derecho a ello?