La medida del Gobierno es, ciertamente, un despropósito, un intento desesperado por mantener a flote un barco, el sistema público de pensiones, con más agujeros que un colador. Desde luego, lo más sensato sería abandonarlo, en botes salvavidas o a brazada limpia; pero si de lo que se trata es de acercarlo a puerto antes de evacuarlo, no pueden caber dudas sobre la ruta que ha de seguirse.
Es posible que algunos liberales se hayan dejado seducir por la reforma, al imaginar los beneficios derivados de que parte de las cotizaciones a la Seguridad Social vayan a parar la bolsa, el centro neurálgico del capitalismo. Que no se engañen: una cosa es que los mercados de capitales sean un elemento esencial de nuestra sociedad y otra muy distinta que sean la panacea.
Si queremos ubicar la polémica en su contexto y entender por qué el Gobierno no ha avanzado ni un ápice en la buena dirección, conviene que analicemos los dos grandes planteamientos que presiden el debate sobre las pensiones. Uno de ellos, el partidario de los llamados "sistemas de reparto", aboga por los sistemas coactivos de "solidaridad intergeneracional", que funcionan así: los trabajadores de hoy pagan la pensión a los de ayer (jubilados) a cambio de que los del futuro hagan lo propio cuando sean ellos quienes lleguen a la edad de retiro.
Pese a la pompa con que se los describe, son sistemas fraudulentos, injustos e ineficientes. Fraudulentos, porque es imposible que cobren todos y cada uno de sus integrantes (al final, siempre habrá alguien que no tenga a nadie detrás en la cola), por lo que habrá trabajadores que paguen sin recibir nada a cambio; injustos, porque son coactivos: como se obliga a la gente a cotizar, en ellos ni se es ni se puede ser solidario; e ineficientes, porque reducen la cantidad de ahorro disponible en los mercados financieros y porque las pensiones que brindan son una miseria. El otro gran planteamiento es el que defiende la puesta en marcha de sistemas de capitalización. Aquí, cada individuo ahorra voluntariamente una porción de la renta que obtiene durante su vida laboral y la destina a la inversión, con cuyos beneficios pagará su propia jubilación.
Si los sistemas de reparto son fraudulentos, injustos e ineficientes, los de capitalización son autosostenibles, justos y eficientes. Autosostenibles, porque los individuos no necesitan expoliar a nadie para percibir sus pensiones; justos, porque son voluntarios; eficientes, porque incrementan los niveles de ahorro e inversión –por lo que se genera más riqueza, lo que a su vez permite que haya más proyectos empresariales, más avances tecnológicos, y más bienes y servicios a precios más baratos– y dan la posibilidad de percibir unas pensiones mucho más cuantiosas.
El Instituto Juan de Mariana estima que la pensión media de una persona que empezara a ahorrar unos 4.200 euros anuales a los 25 años y se jubilara, como ahora, a los 65 oscilaría entre los 8.000 y los 27.000 euros mensuales (según la rentabilidad obtenida cada año). Si comparamos este monto con lo que percibe hoy en día un pensionista, podremos hacernos una ligera idea de la miseria que engendra el sector público.Pues bien, la inversión en bolsa del fondo de reserva de las pensiones, en lugar de acercarnos a un sistema de capitalización donde cada individuo tome sus propias decisiones y se convierta en propietario de las empresas cuyas acciones adquiera, nos afianza en el dirigismo político de los recursos económicos y en la irresponsabilidad individual. Pero es que además se trata de una medida que entraña un peligro considerable para la libertad y el mercado: como el Estado comprará numerosas acciones, ejercerá una influencia aún mayor sobre el empresariado. Si lo deseara, podría llegar a entrar en los Consejos de Administración y participar en la toma de decisiones de gran calado.
Por mucho que el fondo de reserva vaya a parar a los mercados financieros, esto no tiene nada que ver con el capitalismo, sino más bien con el corporativismo y el neoliberalismo.
El camino debería ser otro. Si los políticos no tienen el coraje necesario para privatizar la Seguridad Social y avanzar hacia un sistema de capitalización, al menos no deberían tener excusa para no devolvernos los excedentes de nuestras cotizaciones, con los que constituyen el fondo de reserva. Si ya están pagando las pensiones actuales, ¿por qué no nos devuelven el exceso y nos permiten invertirlo? ¿Por qué lo retienen y se lo entregan a sus amiguetes?