En la posguerra, el Gobierno del general Franco exhumó muchos de los caídos del bando enemigo y los restos fueron devueltos a sus familiares. Sin embargo, 64 años después de la contienda, cerca de 35.000 republicanos siguen todavía enterrados en fosas comunes anónimas situadas con frecuencia en localizaciones desconocidas. Sus hijos y familiares piden desde varias asociaciones republicanas la recuperación de los restos y se sienten discriminados por la falta de ayuda por parte del Gobierno para recuperar a sus seres queridos. El Ejecutivo tiene la obligación de hacerlo, pues no hay que olvidar que todos los grupos parlamentarios aprobaron en noviembre de 2002 una predisposición no de ley en la que se insta al Gobierno a ayudar a las familias a la localización de sus desaparecidos.
Desde septiembre de 1995, el Ministerio de Defensa viene trabajando con la organización humanitaria alemana Volksbund Deutsche Kriegsgraberfursorge para la recuperación, identificación y posterior inhumación en Pankovska y Nikolskoye, en Rusia, de los caídos de la División Azul durante la II Guerra Mundial. Fruto de la colaboración ha sido el hallazgo en los cementerios de estas localidades de 1.300 divisionarios, la identificación de 900 y la repatriación de 20 de ellos. Y en septiembre del año pasado, Defensa aportó 3.150 euros para la construcción de un memorial en una población cercana a Leningrado en homenaje a los españoles que fallecieron en las filas del Ejército Rojo, y en 1998 también colaboró con 9.000 euros en la localización de las fosas de tres republicanos en Smolensko.
La loable pretensión de recuperar los huesos perdidos de los republicanos ejecutados o asesinados entre 1936 y 1939 se encuentra con la dificultad de que una empresa de tal envergadura pueda ser acometida con éxito. Como suele pasar en otras acciones, la ciencia ha quedado al margen en un asunto que le compete, pues sin la ayuda de forenses, antropólogos y genetistas será imposible llevar a cabo la identificación. Sus voces podrían despejar posibles manipulaciones políticas y aliviar el sentimiento e aflicción de los familiares de las víctimas. Esta semana, ante la polémica suscitada, uno de los científicos a los que se ha recurrido para emprender el reconocimiento de los restos óseos me comentaba su pesimismo. Salvo en casos excepcionales en los que se sabe con cierta certeza la identidad de los enterrados, resulta casi imposible por no decir imposible reconstruir los esqueletos y asignarlos, mediante análisis genéticos, a sus seres queridos. Las fosas comunes, donde se acumulan y mezclan restos humanos cuya identidad se ignora, constituyen un agujero negro para la ciencia. En primer lugar, no es nada fácil asignar cada hueso a su dueño. La búsqueda y aislamiento de material genético también engloba dificultades técnicas, así como su cotejo con los hipotéticos familiares. Los tests de ADN son tan costosos como laboriosos.
Prueba de estas limitaciones son las terribles dificultades con la que se están encontrando los científicos que trabajan en la identificación de las víctimas que desaparecieron en las Torres Gemelas. Desde que ocurrió la tragedia del 11 de septiembre en 2001, los servicios forenses han tratado de asociar los 19.936 restos mortales recobrados de entre los escombros con los 2.792 nombres que integran la lista oficial de víctimas en Nueva York. Hasta la fecha, casi el 63 por ciento de los recuperados y el 46 por ciento de las víctimas registradas no habían sido identificados de forma efectiva.
El investigador me confesaba que los políticos conocen estos pormenores; muchos incluso saben que la mayoría de los afectados jamás recuperará a sus seres queridos. La pregunta es pues si tiene sentido gastar dinero y esfuerzo científico en remover unas fosas que permanecerán mudas para siempre. ¿No sería mejor dejar a los muertos en el lugar donde yacen y honrar su memoria?