Ocurre que el Gobierno de Islandia, consecuente con el principio colectivista de que lo que es de todos no es de nadie, anunció la semana pasada su decisión firme de reiniciar la “caza científica” de cualquier cetáceo despistado al que se le ocurra acercarse a sus costas. Y, para que quede claro que no bromean, un ejemplar de rorcual blanco, de seis metros de longitud, ya debe haber sido transformado a estas horas en quinientos kilogramos de filetes, después de ser arponeado en alta mar el 18 de agosto por el buque Njordur.
Los islandeses son cualquier cosa, menos irracionales. Están dispuestos a cazar todas las ballenas que se les pongan a tiro, a pesar de conocer que la especie está en peligro de desaparición. Están decididos a hacerlo porque saben que, si no lo hacen ellos, lo harán los noruegos o los japoneses, sus dos grandes competidores en esa industria. Nada hay de absurdo, pues, en su conducta; lo único extraño es que hayan tardado tanto tiempo en tomar la determinación de violar la moratoria de la caza de ballenas adoptada en 1986.
Con las grandes poblaciones de elefantes africanos que siempre han tenido su hábitat natural en la larga línea que separa Zimbawe de Sudáfrica sucedía lo mismo que con las ballenas: eran animales libres. En este caso, correspondía su cuidado al Estado y su vida estaba protegida por la ley. Es decir, cualquier islandés, nativo o aristócrata inglés ocioso que dispusiera de una buena escopeta y de unos cuantos dólares para sobornar a los guardas forestales podía dedicarse a exterminarlos sin demasiadas preocupaciones. Porque cuando existe un estímulo económico para que algo suceda —como puede ser el alto precio del marfil o de la piel de tigre—, siempre acaba sucediendo. Siempre. Así, durante la primera mitad del siglo XX, su número descendió de modo alarmante. Significativamente, desde que fueron privatizados ocurre lo contrario. Cada vez hay más elefantes en África. En concreto, en Zimbawe el número de ejemplares no llegaba a los treinta mil hace veinticinco años; hoy la zona dispone de más de setenta mil paquidermos. Y, también significativamente, ese rápido crecimiento se ha producido de forma simultánea al acelerado proceso de extinción de las ballenas en los mares.
Ahora, sobre cada uno de esos más de setenta mil elefantes existe un derecho de propiedad que recae en las comunidades indígenas locales sobre cuyo territorio está asentada cada manada. Eso significa que cualquiera que, por ejemplo, desee fotografiarlos, deberá pagar los correspondientes derechos de imagen a los propietarios legales. Pero, sobre todo, significa que los mismos incentivos que antes tenían los indígenas para cooperar con los furtivos son los que, con la nueva situación, los empujan a perseguirlos sin tregua.
Los elefantes, los toros de lidia, las ostras y los caballos árabes no desaparecerán nunca. Tienen asegurado su futuro porque cualquier islandés racional que posea derechos de propiedad sobre ellos se preocupará, por su propio interés, de garantizar la supervivencia de la especie. Lo hará utilizando el mecanismo de los precios. Porque en una economía de mercado, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas socialistas o en los monopolios dentro del capitalismo, la función de los precios es informar a la sociedad sobre el coste de los bienes que consume y sobre su escasez o abundancia.
En una economía de mercado, los precios relativos siempre exponen la verdad sobre cuál es la disponibilidad de recursos de los que puede hacer uso la comunidad. Por eso los toros de lidia son caros y los pollos baratos. Es así porque dentro del precio de un toro de lidia o de un pollo siempre está incluido el coste que significará para los empresarios conseguir de nuevo un novillo o un polluelo, para reponer sus existencias de animales y volver a reiniciar el ciclo de la crianza. Por esa misma razón, si la carne de ballena se comercializara bajo las premisas de la economía de mercado, sería mucho más cara de lo que es. En consecuencia, se demandaría mucho menos. El precio del filete de ballena explicaría, más alto y más claro que las campañas de todos los grupos ecologistas, lo escasas que son las ballenas y lo caro que es “fabricar” una nueva. Pero su precio miente. Dice a los compradores que un filete de ballena es barato, cuando no es cierto. Está mintiendo porque los balleneros nunca se preocupan por reponer el stock de piezas que extraen de las aguas. No lo hacen porque no tienen ningún derecho sobre ellas antes de capturarlas. Sin derechos de propiedad sobre las ballenas, sólo tiene sentido actuar como lo hacen, como depredadores; de comportarse de otro modo, estarían trabajando gratis para los demás.
Convertir en propiedad privada el volumen máximo de capturas compatible con el mantenimiento de la biomasa de los mares no sería poético. No invitaría al rodaje de reportajes emotivos, como los que sirven a los grupos ecologistas para captar adeptos y financiación. No provocaría las lágrimas de nadie. Simplemente sería una solución técnicamente eficiente a un grave problema de la Humanidad. Se fundamentaría en los principios del mercado, de esa institución que obliga a todos los que la integran a comportarse como adultos responsables porque, dentro de ella, todas las decisiones tienen consecuencias. En el mercado todo tiene un precio y un coste. Por eso parece frío y deshumanizado. Cuando no se conoce bien cómo actúa, puede creerse que no tiene corazón. Lo tiene, pero es invisible. Y, hoy, la esperanza para las ballenas, y para tantas especies en peligro de extinción, más que nunca depende de él.