Rastreando el dinero

En los años 70 y 80, las fuerzas del orden público confrontaron problemas en atrapar y llevar a juicio a los capos del narcotráfico. Alguien pensó que la solución sería identificar los trámites monetarios de los narcotraficantes y hacer ilegal esconder o utilizar dinero proveniente de las drogas. El resultado fue la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986, que por primera vez penalizó el lavado de dinero. Otras leyes posteriores, incluyendo la Ley Patriota del año pasado, buscaron reforzar las regulaciones contra el lavado.

El lavado de dinero no es un delito fácil de definir o de detectar porque es casi infinito el número de bienes fungibles, es decir, los activos pueden fácilmente convertirse en dinero y viceversa. Pongamos el ejemplo de José, un narcotraficante en Londres que cada día recibe 10 mil dólares en efectivo vendiendo drogas. Como frente utiliza una venta de comida rápida, donde las transacciones son en efectivo, por lo que puede mezclar el dinero de la droga con el del negocio legal en los depósitos que hace diariamente en su banco. Para el banco, José es el dueño de una exitosa venta de alimentos.

José necesita pagarle a su proveedor de cocaína, Pedro, quien es un exportador de juguetes de Hong Kong, por donde pasan las drogas de contrabando. Si José le hace una transferencia bancaria a Pedro en Hong Kong, la operación puede ser detectada por las autoridades al no existir una factura por productos o servicios. Entonces, José hace arreglos para comprarle una pintura de 100 mil dólares a un socio de Pedro en Hong Kong. La realidad es que el cuadro vale poco más de 100 dólares, pero siendo el valor del arte algo subjetivo, ¿quién puede asegurar que no vale 100 mil dólares para José?

Hay infinidad de variaciones de ese ardid que son muy difíciles, si no imposibles, de diferenciar de operaciones comerciales legítimas. Si la policía sospecha de José o de Pedro, es perfectamente lógico rastrear el dinero, pero rastrear todos los flujos de dinero sin saber quién puede estar envuelto en un delito es casi siempre una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero. Cuando sumamos los costos para el sistema bancario de los innumerables reportes, regulaciones e informes requeridos por las autoridades, las medidas anti-lavado resultan imprácticas y poco efectivas.

El terrorismo es una preocupación legítima de los gobiernos. Una de las respuestas ha sido tratar de rastrear el dinero de los terroristas, por lo que se añaden nuevas regulaciones a los bancos. Muchas de estas no tienen lógica. La mayor parte del dinero de los terroristas proviene de fuentes legales y ese dinero se utiliza en actos ilegales, lo cual es lo opuesto de lo que hacen los narcotraficantes, quienes obtienen dinero ilegalmente para utilizarlo en fines legales.

Osama ben Laden es un hombre muy rico, debido a los negocios de construcción y petróleo de su familia. Por lo tanto, la proveniencia de su dinero es legal, pero el uso de ese dinero no lo es. Sabemos que muchas actividades terroristas son financiadas por fundaciones caritativas y el dinero proviene de gente que cree que sus aportes van a ayudar a niños árabes y a otras buenas causas. Aquí, de nuevo, el dinero es legal, pero no su utilización.

Los gobiernos tienen las herramientas legales para obtener información de los bancos sobre probables delincuentes y terroristas. Los gobiernos también intercambian mucha de esa información. Pero actualmente hay un concertado esfuerzo para examinar y filtrar toda esa información masiva de millones de individuos que no están bajo sospecha, para intercambiar toda esa información con otros gobiernos. Esto está siendo impulsado por europeos mucho más preocupados por la competencia entre diferentes sistemas impositivos que en el terrorismo. Lamentablemente, esa generalizada pesquisa nos hará más inseguros a todos porque los gobiernos dejan filtrar información y esa información financiera sobre personas es de inmenso valor para ladrones, secuestradores y los criminales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es responsable del intercambio de información financiera y de muchos de los programas contra el lavado, tiene que hacer un mejor trabajo en medir el costo de esas medidas (incluyendo el costo impuesto al sector privado) y la alta probabilidad que esa información llegue a manos de indeseables, para ser utilizada en contra de la misma gente que el gobierno trata de proteger. Este es un problema prioritario para las autoridades.

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Richard W. Rahn es presidente de Novecom Financial y académico asociado del Cato Institute.