Tradicionalmente se pensaba que sólo había dos mecanismos por los que un acreedor podía ajustar cuentas con su deudor: la quita y la espera. En la quita se condonaba al deudor parte de sus obligaciones: "Si no puedes pagarme 100, dame al menos 70". La idea que movía ahí al acreedor era no perderlo todo. La espera consistía en dar un nuevo plazo al deudor. Pero, vamos, en cualquiera de los dos casos el que salía perdiendo era el acreedor: en la quita, porque no recuperaba todo su capital, y en la espera porque, siendo optimistas, lo recuperaba más tarde de lo previsto.
Nuestras muy intervencionistas sociedades han ideado dos mecanismos más para redistribuir los costes de los deudores insolventes, en especial cuando éstos son bancos o Estados: el rescate público y la inflación. Una característica común a ambas herramientas es que no son los acreedores quienes soportan las pérdidas, o al menos no la totalidad de las mismas.
En el rescate, el paganini es el contribuyente. ¿Que el deudor no puede devolver el dinero al acreedor? No pasa nada, los esclavos del Fisco se lo entregan. ¿En concepto de qué? Eso ya no está demasiado claro: al cabo, quien disfrutó del préstamo fue el deudor, quien esperaba rentabilizarlo era el acreedor, pero quien se hace cargo de los platos rotos son los ciudadanos que siguen generando suficiente riqueza como para poder pagar impuestos. Al final, pues, no es el acreedor quien se ve privado de parte de sus bienes presentes, sino el contribuyente.
La inflación es un instrumento más sibilino. En apariencia, con ella nadie pierde. El deudor se libra de pagar, el acreedor se libra de no cobrar y el contribuyente se libra de hacer el primo. Basta con que el acreedor vaya al banco central y que éste le compre su deuda impagada (o que el banco central monetice la deuda del Estado y éste emplee ese dinero para rescatar a los acreedores: es otra versión). Todos, pues, salen aparentemente ganando. ¿Todos? No exactamente.
Recordemos que el origen del problema está en que el deudor debería haber producido unos bienes que, al cabo, no ha producido; y de donde no hay no se puede sacar, por mucho que seas el banco central. Por consiguiente, alguien debe verse privado de sus bienes si, para salvar al acreedor, se recurre a la inflación. En este caso, todos los demás acreedores y los tenedores de moneda.
Si la divisa se deprecia, quienes tengan una cantidad fija o vayan a cobrar una cantidad fija verán reducirse el valor de sus patrimonios. Podrán comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero y, por consiguiente, se habrán empobrecido, para mayor gloria del acreedor rescatado.
Con la actual crisis de deuda, muchos economistas defienden que el Banco Central Europeo tenga un papel más activo en el rescate de países como Irlanda, Grecia, Portugal o España. La quita y la espera las descartan por entero, y el rescate público a costa del contribuyente lo consideran un robo demasiado evidente. Por otro lado, ahora mismo los precios no están subiendo demasiado ni parece que lo vayan a hacer, si atendemos a la experiencia de Estados Unidos, país que acaba de monetizar más de medio billón de dólares en deuda pública sin que la inflación le haya estallado –de momento– en la cara. ¿No estaríamos entonces ante un free lunch de esos cuya existencia negaba Friedman?
Pues no. Si ahora mismo el dólar no está depreciándose de manera acelerada es porque, por un lado, la destrucción sigue siendo superior a la creación de crédito, y, por otro, porque la gente no está gastando su dinero, sino atesorándolo. En otras palabras, todavía hay muchos individuos que siguen vendiendo sus activos con descuentos muy grandes para amortizar sus deudas, y muchos otros están renunciando a demandar bienes presentes a los precios actuales. La tarta de bienes a disposición de los tenedores de dólares o de renta fija no impagada sigue creciendo a costa de los acreedores que lo han perdido todo; y ello aun cuando algunos de los acreedores sean rescatados con las migajas de esa tarta creciente. En otras palabras, no es que nadie soporte el coste del rescate inflacionario, sino que ese coste se camufla convenientemente.
¿Es recomendable que hagamos lo mismo en la zona del euro para salvar a los cerdos periféricos? No, pero por desgracia muy poca gente entiende la función clave que cumple el atesoramiento en sociedad, así que la respuesta intuitiva de las masas (también de las masas de economistas) será que sí (otra cosa es que el Banco Central Europeo los escuche, que no parece que vaya a ser el caso).
El atesoramiento es la manera que tienen quienes no han invertido o han invertido correctamente de desposeer de sus recursos a quienes han invertido incorrectamente. Quienes atesoran pueden negarse a comprar bienes de consumo o a refinanciar a los deudores con proyectos menos prometedores; de este modo, los vendedores de bienes de consumo inútiles deberán liquidarlos con grandes descuentos (lo que les acarreará unas pérdidas que deberían llevarles a reconfigurar sus planes empresariales o a desprenderse de sus factores productivos para que otros empresarios lo reconfiguren), y los malos deudores deberán dejarles de pagar a los malos acreedores que confiaron en ellos (con lo que ambos deberán reducir su capacidad para controlar bienes presentes).
Refinanciar a los malos empresarios y malos deudores por medio de la inflación supone permitir que su capacidad para controlar bienes presentes permanezca intacta, esto es, eximirles de tener que reconfigurar sus planes de negocio. Todos aquellos que estaban atesorando dinero a la espera de que aparecieran bienes de consumo apetecibles o bienes de inversión lo suficientemente seguros y rentables, verán frustradas sus expectativas y no podrán darle a su dinero el uso apetecido. La soberanía del consumidor y el inversor es vilmente machacada y reconvertida en la soberanía de los productores ineptos.
En definitiva, alguien tiene que asumir las pérdidas asociadas a una mala inversión. Los socialistas de todos los partidos abogan por convertir al conjunto de la sociedad en corresponsable del agujero, ya sea con rescates públicos o con inflación. Todo con tal de evitar que quienes se han equivocado, quienes han invertido mal, deban reconocerlo y readaptarse a las nuevas circunstancias.
Al final, pues, la cuestión es si los empresarios deben responder sólo ante los consumidores o también ante los políticos. La respuesta que están dando los Estados occidentales durante estos últimos años deja escaso margen para la duda.