Los estamentos científicos presionan por el crecimiento de los presupuestos públicos dedicados a I+D. El Gobierno es sensible a estas reclamaciones, y en 2005 ha aumentado el presupuesto en un 14% con respecto a 2004.
El Programa Ramón y Cajal (RYC), iniciado en 2001, pretende recuperar cerebros ofreciendo contratos de cinco años de duración a aquellos investigadores que se encuentren en el extranjero. Durante dicho período son acogidos en las estructuras existentes, principalmente, en las universidades y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La idea era que, al cabo de los cinco años, los investigadores consiguieran hacerse con puestos estables.
La primera promoción de investigadores RYC ha cumplido los cinco años de contrato en noviembre de 2006. ¿Qué está pasando con ellos? Lo de siempre: ninguno se ha colocado en el sector privado, y sólo 474 de los 774 graduados han conseguido puestos estables en el sector público. La solución propuesta es que las Administraciones creen empleos públicos permanentes para todos ellos. Esto se conoce como la carrera investigadora.
Se pretende crear un sistema público burocratizado, con la siguiente trayectoria: doctorado, estancia en el extranjero, incorporación al RYC y, al final, la apoteosis: todos funcionarios o empleados públicos. Si esto no se consigue por las buenas, se organizan manifestaciones en la calle de investigadores doctorandos y posdoctorales. España es uno de los países de la UE (el otro es Francia) donde se producen manifestaciones callejeras de doctores en las que se exige que el sector público dé puestos permanentes a todos los investigadores.
En apoyo de sus reivindicaciones, los investigadores públicos afirman que los profesores con tenure-track en las universidades americanas consiguen puestos permanentes. Esto es falso. Un científico contratado como profesor ayudante o asociado con tenure-track es elegible para un puesto permanente (con tenure) después de un período de prueba de entre cinco y siete años. Que sea elegible para un puesto permanente no significa que lo consiga. La situación varía en las distintas universidades: en Harvard, por ejemplo, sólo el 5-10% de los profesores con tenure-track logran hacerse con un puesto permanente.
¿Adónde van los que no lo consiguen? La respuesta es compleja. Si han sido profesores con tenure-track en Harvard u otra universidad de élite, pueden conseguir un puesto permanente en una institución de categoría inferior. Si lo han sido en universidades de segunda, pueden acabar en colegios comunitarios (community colleges, que cuentan con programas universitarios de dos años) trabajando de instructores a tiempo parcial y cobrando entre 10 y 15 dólares por hora, justo por encima de lo que gana en España un jardinero marroquí.
El Gobierno norteamericano no actúa como una última instancia que garantiza el empleo de todos los doctores que se gradúan. En la actualidad hay del orden de 200.000 estudiantes de doctorado en todas las disciplinas. Más del 50% no termina la investigación requerida, y la mitad del resto no defiende la tesis, con lo que se gradúan unos 46.000 doctores al año.
Muchos integrantes de esta plétora de doctores, existente desde 1970, creen que conseguirán un puesto permanente en una universidad. Pero la probabilidad estadística de que lo consigan es infinitesimal. Invertir cuatro o más años en conseguir un doctorado, excepto en un campo en el que el sector privado demande doctores, es una estupidez económica rayana en lo irracional.
La gravedad de la situación estriba en que el Gobierno español está cediendo a las referidas exigencias y desinformaciones y aceptando que la única salida es aquello del todos funcionarios o empleados públicos. "Ningún investigador RYC evaluado positivamente tendrá que abandonar el sistema [público] por falta de apoyo del MEC", ha afirmado el propio Ministerio de Educación y Ciencia. Esto será un desastre total e irreversible, la creación y consolidación de una cultura soviética de I+D.
El problema de España es la casi inexistencia de I+D en el sector privado. Aunque se alega que este sector aporta el 45% del presupuesto, de las 143.881 publicaciones españolas en revistas internacionales durante el período 1994-1999 sólo 1.278 (el 0,9%) correspondieron al sector privado. En Suiza éste aporta el 11,3% de las publicaciones, y en Estados Unidos el 6,7.
La creación de riqueza de base tecnológica sólo puede tener lugar en el sector privado. Incluso el Gobierno chino se ha dado cuenta de esto. Las alegaciones de que la investigación en el sector público crea riqueza son falsas, puesto que la transferencia de resultados al sector productivo es poco importante. En palabras de Salvador Ordóñez, secretario de Estado de Universidades e Investigación (El País, 6-XII-2004): "La sociedad obtiene escasos beneficios de la actividad científica y de los recursos dedicados a ella, que se convierten más en un gasto que en una inversión, cuando debía ser lo contrario".
La investigación en el sector público no universitario sirve para alcanzar objetivos nacionales concretos y definidos por los Gobiernos; por ejemplo, las bombas nucleares y el programa espacial de la antigua Unión Soviética, o las bombas atómicas de países como Corea del Norte y Pakistán. Con la desaparición de la Unión Soviética, se ha visto cuál es la contribución de la ciencia rusa a la creación de riqueza. Rusia carece de tecnología civil, y no exporta productos de base tecnológica. Se ha convertido en la nueva Arabia Saudita, ya que sus únicas exportaciones son el petróleo y el gas.
Las campañas de intoxicación y desinformación por parte del CSIC han alcanzado el paroxismo. Su presidente ha afirmado con orgullo: "De la convocatoria de 2001 del CSIC [de investigadores contratados por el Ramón y Cajal] sólo se han quedado fuera 10". No menciona si alguno se ha colocado en el sector privado. Así que el mérito ha consistido en conseguir más presupuesto del Gobierno para crear más empleo público. En la misma línea, afirma que es necesario que el sistema público español de ciencia y tecnología sea atractivo para los mejores científicos extranjeros, de forma que puedan venir a trabajar aquí.
La idea es lograr que España sea "la California de Europa". Esta es una proposición ridícula. La pujanza científica de California se basa en sus universidades, tres de las cuales figuran entre las diez mejores del mundo: Stanford (privada), el California Institute of Technology (privado) y la Universidad de California en Berkeley (pública). España no tiene una sola universidad entre las 100 primeras del mundo (The Times Educational Supplement, 2006).
La pujanza tecnológica de California se basa exclusivamente en el dinamismo y la fuerza del sector privado. El ejemplo más conocido es Silicon Valley, un conjunto extenso de empresas de electrónica, informática, comunicaciones y biotecnología. Silicon Valley fue erigido y desarrollado a lo largo de varios decenios por el sector privado, sin ningún subsidio ni intervención gubernamental. La ayuda del Gobierno consistió y consiste en la financiación de programas de posgrado en las universidades. Con ellos se forman doctores en ciencia e ingeniería; la mayoría de ellos se coloca en el sector privado.
La expansión a gran escala de empleos públicos propuesta por el CSIC para acomodar a los doctores que produce España y que no encuentran salida en el sector privado no tiene la vista puesta en California, sino en la antigua Unión Soviética.
Prosiguiendo la huida hacia delante, el presidente del CSIC afirma: "En España no generamos el número de investigadores que necesitamos. Tendríamos que incorporar unos 50.000 hasta 2010". Esto es la locura o el cinismo total. ¿Para qué se necesitan? ¿Para incorporarlos al sector público y multiplicar el número de investigadores funcionarios?
El Gobierno debe asumir que la transferencia de tecnología de las universidades y del CSIC al sector privado es y será poco importante. Los productos y procesos de los líderes mundiales en tecnología, como IBM, Intel, Microsoft, Pfizer, Glaxo-Smith-Kline, Novartis, Nokia, Exxon-Mobil, no se generan en las universidades, sede natural de la investigación básica, sino en los laboratorios de investigación de las propias empresas.
España podría buscar inspiración en el Reino Unido. A través de los Consejos de Investigación, organismos públicos no funcionariales y flexibles, se financia de forma competitiva los programas de posgrado en las universidades. Se da un énfasis especial a las necesidades de las organizaciones e industrias que van a emplear a los graduados, con el fin de aumentar la competitividad económica británica.
Estos programas de posgrado se adecuan a las necesidades del país: la mayoría de ellos produce investigadores aplicados cuyo destino es el sector privado; la minoría genera investigadores básicos para las universidades y para algunos laboratorios nacionales. Como ejemplo, diremos que el 25% de los doctores en Matemáticas se emplea en el sector de los servicios financieros, lo mismo que el 10% de los graduados en Ciencias e Ingeniería. Esto se debe a que en el área de los instrumentos financieros complejos, como los futuros y derivados, se utiliza la matemática avanzada.
Además de financiar de forma selectiva los programas doctorales siguiendo el modelo británico, debe crearse un programa posdoctoral, análogo al RYC, que tenga por objetivo la investigación aplicada y cuyo éxito se mida por el número de sus graduados que se coloquen en el sector privado. Su nivel de financiación debe adaptarse al grado de cumplimiento de tal objetivo.