Una vez más, España no ha hecho sino importar la mentalidad racional-constructivista de Francia, que tiene instituciones y ministerios dispuestos a obligar a sus habitantes a seguir los dictados del iluminado de turno. En cambio, en el modelo inglés no existen esos Big Brothers.
Si los individuos no hacen lo que más les conviene, piensa el burócrata de turno, peor para ellos: ya les obligaré yo. Apoyado en el monopolio legítimo de la violencia –ahí, lo único indiscutible es lo de "monopolio" y lo de "violencia–, los obligará (o los esquilmará vía impuestos, en caso de que le resulte más rentable) a ponerse el cinturón de seguridad, a no fumar, a poner las tildes que considere oportunas o a emplear un lenguaje no sexista.
Frente al modelo paternalista francés, que conduce a la fosilización de la economía, la lengua y todo aquello que toca, la alternativa anglosajona implica una flexibilidad, una adaptabilidad, una evolución y una pluralidad que el francófilo identificará horrorizado con la promiscuidad, la ausencia de valores y por ahí seguido; su objetivo será impedir la libertad ("libertinaje", lo llamará) de los ciudadanos a la hora de hacer uso de su razón autónoma y su voluntad libérrima, que para él no es sino "alienación", fenómeno que siempre se abate sobre los demás, jamás sobre él mismo.
Ignacio Bosque tiene de su parte la razón ilustrada frente a la irracionalidad postmoderna de los que tratan de imponer una lengua de palo al modo totalitario, en la senda de lo que denunció George Orwell y satirizó Lewis Carroll. Pero el núcleo político de la cuestión es que los hablantes tengan libertad de hablar como consideren más oportuno, sin inquisiciones partidistas, sindicalistas o académicas. La lengua decanta usos en función de cómo se expresan día a día los hablantes. Por supuesto que hablar en sexpañol, vaya engendro, es ridículo. Pero todo el mundo tiene derecho a hacer el ridículo como quiera, siempre y cuando no obligue a los demás a ponerse igualmente en evidencia.
El problema de los paternalistas intervencionistas, tanto en economía como en cuestiones lingüísticas o sexuales, es que creen estar legitimados para cambiar a la gente por la fuerza: los socialistas te meten mano en la cartera con la misma facilidad que los conservadores te la introducen en la bragueta. Pero en una sociedad liberal los ciudadanos hacen lo que les da la gana y hacen emerger el orden de una forma no impuesta a partir de intercambios (económicos, lingüísticos, sexuales...) libres. Sería mejor, por tanto, si dejasen de decir a la gente lo que tiene que hacer, y cómo. La labor del Estado es facilitar un orden proactivo respecto de lo que Isaiah Berlin llamaba "libertad negativa" y Friedman, "libertad de elegir".
Así pues, deberíamos ir más allá de la polémica sobre el lenguaje no sexista (dentro de unos años nos echaremos unas risas con el tiempo que perdíamos en chorradas mientras a nuestro alrededor explotaba una crisis económica de magnitud 10 en la escala monetarista de Milton Friedman) y reflexionar sobre el dinero público dilapidado por tirios y troyanos (de Comisiones Obreras a la UNED, pasando por la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y la mismísima Real Academia) en fuegos de artificio lingüísticos con los que, además, terminan achicharrándonos.
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