Junto con estas categorías, también hubo fusilados, como el capitán Gándara, de probada lealtad republicana. Pero, ¿por qué se asesinó a personajes como este?
El estallido de la guerra civil fue seguido inmediatamente en Madrid por la constitución de checas dependientes de los diferentes partidos y sindicatos del Frente popular. En las checas se mantenía detenidos, se torturaba e incluso se ejecutaba a los considerados enemigos políticos, personas que en millares de casos sólo tenían como delito el no pertenecer a una fuerza izquierdista o el haberse encontrado en su casa una imagen religiosa o un libro considerado peligroso. En agosto de 1936, en un supuesto intento de centralizar la represión en Madrid, Manuel Muñoz, director general de Seguridad, miembro de la azañista Izquierda Republicana y masón, convocó a las distintas fuerzas del frente popular para crear lo que se denominó Comité provincial de investigación pública. Este órgano oficial no sólo no acabó con las actividades criminales de las checas sino que desarrolló sus propias acciones de este tipo siendo conocida popularmente como la checa de Fomento.
La checa de Fomento sirvió en multitud de ocasiones para exterminar a aquellos que habían sido puestos en libertad por otras instancias judiciales. En otras palabras, ni siquiera la puesta en libertad por decisión judicial proporcionaba seguridad alguna de que el detenido no sería asesinado. Así, por citar un ejemplo, el 21 de septiembre de 1936, Francisco Ariza Colmenarejo —que era consciente de esta terrible circunstancia— suplicó al director general de Seguridad que no se procediera a liberarlo mientras las autoridades republicanas no garantizaran su seguridad. En respuesta a su petición, dos días después se expidió una orden de libertad en la que se hacía constar que gozaba del aval del Comité provincial de investigación pública. Entregado así a la checa de Fomento, Ariza Colmenarejo fue inmediatamente asesinado.
Un caso similar fue el de los oficiales de asalto Gumersindo de la Gándara Marvella, Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito. La libertad de todos ellos fue decretada por los organismos judiciales al no haber apreciado en ellos ninguna conducta hostil a la república. De hecho, en el caso del capitán Gándara se podía hablar de impoluta lealtad republicana. Sin embargo, a pesar de lo indiscutible de esa situación, la Dirección general de seguridad procedió el 26 de septiembre de 1936 a entregarlos al Comité provincial de investigación pública —la denominada checa de Fomento— que procedió a asesinarlos. ¿A qué se debió esa acción en alguien que no sólo no había participado en la sublevación de julio de 1936 sino que además era de ideas republicanas?
La respuesta al enigma se encuentra en el episodio conocido como Casas Viejas que había tenido lugar un año y medio antes. El 8 de enero de 1933, la Federación Anarquista Ibérica (FAI) realizó un llamamiento a la revolución en España. El llamamiento anarquista apenas tuvo repercusión salvo en el pueblo andaluz de Casas Viejas, donde un grupo de campesinos, convencidos de las prédicas anarquistas, se alzaron en armas. La revuelta fue reprimida con enorme dureza por los Guardias de Asalto —un cuerpo creado por el nuevo gobierno republicano— y, especialmente, resultó cruenta la lucha en torno a la vivienda de un lugareño llamado Seisdedos. Incendiada su morada, Seisdedos murió en el interior mientras que sus hijos, nietos y dos vecinos fueron fusilados por los Guardias de Asalto. La represión resultó tan desproporcionada y, sobre todo, tan fuera de la ley que el gobierno republicano, presidido por Manuel Azaña, se vio salpicado por un escándalo que horrorizaba a amplios sectores de izquierda y derecha. Cuando además se corrió la voz de que Azaña había dado la orden de reprimir a los anarquistas con “Tiros y a la barriga” la tensión se hizo insoportable. Por supuesto, Azaña optó por culpar a los Guardias de Asalto. Pero precisamente en esa tesitura, el capitán Gándara firmó un acta el 26 de febrero de 1933 en la que junto con otros cuatro capitanes indicaba que la represión que se había ejercido contra el alzamiento anarquista de Casas Viejas, Cádiz, no había obedecido a una extralimitación de las fuerzas del orden público —como afirmaba el gobierno— sino a órdenes directas del ejecutivo presidido por Azaña.
La situación era tan delicada que aquel mismo año se dio inicio a un procedimiento cuya finalidad era esclarecer quién había sido el responsable de los fusilamientos de Casas Viejas. El proceso se desarrolló ante un jurado popular que estimó la existencia real de unas órdenes superiores del gobierno que abogaban por los fusilamientos. En otras palabras, la represión en Casas Viejas había sido un crimen de Estado del que eran directamente responsables Azaña y su gobierno. Como consecuencia directa de la decisión judicial, llegó a presentarse una acusación en el tribunal de garantías constitucionales contra Azaña, Casares Quiroga, Indalecio Prieto, Largo Caballero y otros miembros del gobierno. La acusación no prosperó si bien no se debió a su falta de base sino a que no había sido presentada por el parlamento que era la única entidad facultada para hacerlo. En otras palabras, un tecnicismo legal salvó a un amplio sector del gobierno republicano-socialista de comparecer ante un tribunal por diversos cargos de asesinato.
En 1936, había pasado tiempo pero los responsables directos de la matanza de campesinos en Casas Viejas no habían olvidado. Así, el capitán Gándara fue asesinado por la checa no porque hubiera sido desleal a la república si no por haber acusado tres años antes a Azaña y a Largo Caballero, es decir, a dos personajes que en el momento de su muerte eran respectivamente el presidente y el jefe de gobierno de la zona republicana.
El episodio del asesinato del capitán Gándara no fue, desgraciadamente, una excepción. De hecho, hubo numerosas víctimas que debieron sus asesinato a desavenencias anteriores con personajes como Azaña o Largo Caballero. Por ejemplo, el 20 de marzo de 1935, se había celebrado en las cortes un debate político relacionado con el asunto del alijo de armas del Turquesa que el PSOE había traído a España para utilizarlo en su alzamiento contra el gobierno republicano en octubre de 1934. En el curso del mismo, Azaña se refirió al juez Salvador Alarcón —que había instruido el sumario y ante el que había tenido que comparecer el diputado— en términos injuriosos. Señalado en un suelto de Claridad, Alarcón fue detenido por chequistas y asesinado en la Casa de Campo.
En el caso de personas que hubieran incomodado al socialista Largo Caballero y que fueran asesinadas pueden mencionarse al menos dos casos más. El primero es el de Ángel Aldecoa Jiménez, de cincuenta y ocho años, magistrado, fue detenido porque había juzgado un atentado relacionado con Largo Caballero al parecer no de la manera que hubiera complacido al dirigente socialista. Aldecoa pagó su independencia judicial frente al PSOE con el fusilamiento. El segundo es el de Marcelino Valentín Gamazo. Fiscal general de la República, Gamazo acusó a Largo Caballero por los sucesos de octubre de 1934 en estricto cumplimiento de sus deberes dentro de la legalidad republicana. El 5 de agosto de 1936, un grupo de milicianos llegó a la casa de campo de Rubielos Altos donde residía Gamazo con su familia y tras realizar un registro y proceder a romper los objetos religiosos, comenzaron a golpearle delante de sus hijos pequeños a pesar de sus súplicas para que ahorraran a los niños aquel espectáculo. A continuación se lo llevaron y comunicaron su detención a Bujeda, Peña y Valeriano Casanueva, abogados del estado con simpatías frentepopulistas, cursando los telegramas el delegado del gobierno en Motilla del Palancar aquella misma tarde. A las doce y media de la noche, en el paraje conocido como Cerrajón del término de Tevar, Cuenca, Marcelino Valentín Gamazo y sus hijos José Antonio, Javier y Luis de 21, 20 y 17 años respectivamente fueron fusilados. Otro caso similar fue el de Luis Calamita Ruy-Wamba, rival político de Ángel Galarza que ordenó su ingreso en prisión y después su traslado con destino al pelotón de fusilamiento.
A la vista de estos casos, resulta obvio que el gobierno republicano, a través de la Dirección general de seguridad o de compañeros de partido, estaba impulsando el asesinato de gentes cuyo único delito eran antiguas antipatías de carácter personal. El capitán Gándara fue sólo una de sus víctimas.