Parece que nadie quiere asumir que la burbuja se ha desinflado y que alguien distinto del contribuyente ha de cargar con las milmillonarias pérdidas.
Esta política, sin embargo, tiene un error conceptual de base: si el Estado impide que se materialicen las pérdidas y, en cambio, sigue inyectando fondos a una mayoría de deudores para que perseveren en las antieconómicas actividades que desarrollaban durante la burbuja, el país no hace sino acaparar más deuda a cambio de... seguir destruyendo riqueza.
La salida a la crisis no es sencilla. No hay soluciones mágicas e instantáneas, pero sí existen remedios para los desequilibrios de fondo... y parches que no harán sino perpetuarlos. La piramización de la deuda es un parche con el que se gana cada vez menos tiempo, acaso porque hemos sobrepasado los umbrales de saturación de deuda y los agentes económicos son conscientes de que los países al borde de la suspensión de pagos sólo pueden hacer una cosa para tratar de sobrevivir: dejar de endeudarse y comenzar a reducir sus pasivos.
En suma, el rescate europeo a la banca española nace del error de no entender que la economía española no puede absorber más deuda y que, por el contrario, lo que necesita con urgencia es una considerable reducción de sus obligaciones. Por eso la concesión de un préstamo de 100.000 millones de euros al Gobierno por parte del Eurogrupo para recapitalizar el sistema financiero no debe ser considerada un éxito que salvará a nuestra economía, sino como una manera perversa de redistribuir las pérdidas derivadas de las malas inversiones gestadas durante el boom crediticio.
El Ejecutivo del PP ha logrado financiación para acometer una operación que se nos vende como provechosa –prestar a nuestros bancos infracapitalizados para sanearlos y luego recuperar los créditos con suculentos intereses– pero que, mire usted por dónde, ningún agente privado está dispuesto a acometer. Si tal inversión resulta fallida –y en buena medida lo será–, los que cargarán con el coste de devolución del préstamo de 100.000 millones (más los correspondientes intereses) serán los contribuyentes españoles. Así pues, la deuda pública de nuestro país, ya en niveles peligrosamente altos, habida cuenta de la endeblez de nuestra economía y del tremendo déficit, se elevará en 10 puntos del PIB: sanearemos nuestras entidades financieras y condenaremos a la insolvencia al sector público (y de rebote al financiero, pues si aquél cayera, también lo harían inevitablemente los bancos). Todo ello sin un plan de ajuste adicional para una consolidación presupuestaria creíble –no los faroles de austeridad lanzados hasta la fecha–. ¿Cómo no va a cundir la desconfianza en nuestra deuda?
Traspasar el agujero financiero de una parte de la economía a otra no mejora en absoluto la solvencia general del Reino. De ahí que el auténtico remedio sea otro: la capitalización de la deuda bancaria, tal como ha propuesto el Instituto Juan de Mariana. Esta vía de salvamento de entidades financieras no sólo tendría un coste cero para el contribuyente, sino que –aun más importante– las deudas del conjunto de la economía se reducirían y las pérdidas habrían de asumirlas sus responsables últimos (que se verían forzados a modificar y readaptar su comportamiento).
Mientras no reduzcamos la deuda, asignemos las pérdidas y modifiquemos las pautas de comportamiento que seguimos durante la burbuja, la economía no sólo no mejorará, sino que se irá hundiendo peligrosamente en la insolvencia. Gran parte del sector privado ya ha hecho su ajuste: su problema es, justamente, que los sectores público y financiero no han hecho lo propio –al contrario, han acumulado nuevos desequilibrios–, y tamaña distorsión les está impidiendo salir adelante. El capital y la inversión huyen de España justamente porque no entienden cómo vamos a saldar un endeudamiento improductivo que no deja de crecer. Y encima optamos por endeudarnos todavía más. Así, no es extraño que fracasemos.
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