Si analizamos las proyecciones para los próximos años, nos encontramos con que la situación es preocupante. América del Norte, Europa, el bloque OCDE-Pacífico, China y la India representan el 69% de la demanda total de petróleo y el 33% de su producción. Los estudios más serios prevén que en 2010 la demanda mundial se incrementará hasta los 88,8 millones de barriles diarios (hoy es de 83,2 millones). Para entonces, las economías arriba citadas representarán el 67% de la demanda y el 26% de la producción. Estos datos no hacen sino reforzar la tendencia actual.
En los principales países productores de petróleo la propiedad del subsuelo es estatal. Pero en realidad es privada, pues los beneficios van a parar a un solo accionista (el Estado) y la explotación corre por cuenta de una pequeña élite política, que tiene su propia agenda. Al ser el Gobierno el dueño del subsuelo, el contenido del mismo no pertenece a la ciudadanía, sino a los que dirigen aquél. Los cambios de poder bruscos pueden influir igual de bruscamente en los precios: recordemos lo que ha pasado en Bolivia. Por otro lado, esa riqueza supuestamente común se emplea en no pocas ocasiones (pensemos en Venezuela) para servir a determinados fines ideológicos, cebar el clientelismo e influir en terceros países.
Así las cosas, no es de extrañar que la riqueza se malgaste, los habitantes de los países productores no participen del bienestar y sus sociedades continúen generando pobreza, en medio de una riqueza inmensa pero explotada ineficientemente y con opacidad. La propiedad estatal del subsuelo desalienta las inversiones privadas, debido al alto riesgo y a la inseguridad jurídica.
La verdaderamente pública es la propiedad privada. Numerosos propietarios deciden, atendiendo a sus intereses, cómo obtener el máximo beneficio, y procuran que el Estado no les quite lo que es suyo. La perspectiva de descubrir petróleo hace que la propiedad privada lleve la prosperidad a gente que reside en zonas remotas.
Es interesante comparar lo que ocurre en EEUU, donde impera el régimen de propiedad privada, con lo que ocurre en aquellas zonas de América Latina donde rige la propiedad estatal. En nuestra región, la propiedad estatal ha desalentado la inversión, la innovación y la asunción de riesgos. A diferencia de lo ocurrido en EEUU, aquí no hubo empresarios arriesgados, sino exploradores y productores asociados con los diferentes Gobiernos.
La socialización del subsuelo asegura que el sector privado se haga cargo de los costes y de los beneficios. Aquellos que son eficientes obtienen su recompensa; los que no, son castigados. Se trata de un sistema que contribuye a evitar variaciones bruscas en el precio de los combustibles cuando se producen cambios políticos que modifican las reglas del juego.
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