Los contribuyentes europeos hemos prestado a la oligarquía política griega, para que mantenga su cortijo en funcionamiento, unos 110.000 millones de euros en concepto de rescate, y otros 50.000 millones mediante la monetización de deuda del BCE. En total, 160.000 millones (de un monstruoso endeudamiento público total de 360.000 millones) que no han servido más que para rescatar a los bancos europeos que imprudentemente invirtieron en deuda basura griega y para evitar la merecida bancarrota del país heleno.
Ahora, tras dilapidar esa formidable cantidad de dinero, Atenas nos solicita una ayuda adicional de 130.000 millones de euros y una quita del 50% sobre la deuda que se encuentra en manos privadas. Al final de la jornada, pues, más del 90% de la deuda pública griega habrá sido refinanciada por los contribuyentes europeos. ¿Y a cambio de qué? De vacuas y parciales promesas de cambio que ni son creíbles ni, en caso de que se cumplieran, alcanzarían para que el Estado griego devolviera todo lo que tomó prestado. Promesas que, pese a su insuficiencia y parquedad, han provocado que una parte de los griegos se haya lanzado a incendiar la calle.
Lo cierto es que el Estado griego necesitaría de una enérgica cura adelgazamiento para evitar la bancarrota. Precisa reducir su tamaño y aliviarse de competencias. Poder, podría hacerlo, o al menos intentarlo: recordemos que su patrimonio se cuantifica en unos 300.000 millones de euros, y que le bastaría con regresar a los niveles de gasto no financiero de 2003 para alcanzar al equilibrio presupuestario. Pero todo apunta a que, aunque la casta política quisiera –que no quiere–, los intentos reformistas fracasarían por la frontal oposición de una sociedad que ha mamado socialismo y estatismo durante décadas.
Así las cosas, si el Estado –y por tanto el sistema bancario– griego no quiere ser salvado, no debemos seguir empeñados en hacerlo nosotros. Todo euro adicional que se preste a los politicastros griegos será un euro arrebatado a unos contribuyentes europeos –incluidos los españoles– ya muy esquilmados por sus respectivos Gobiernos... y un euro dilapidado en el fomento de las malas artes griegas y en salvar la papeleta a quienes torpemente les prestaron dinero.
Ahora bien, no se trata de expulsar a Grecia del euro: ni podemos hacerlo ni, aunque pudiéramos, debiéramos hacerlo. Si quiere seguir utilizando la moneda común, que lo haga: en nada nos perjudicaría. Eso sí, si escoge seguir dentro del euro, debería olvidarse de recibir préstamos en condiciones privilegiadas de sus socios comunitarios y del BCE. Dicho de otro modo: si quiere seguir dentro del euro, que siga, pero que se busque ella sola la financiación entre los ahorradores privados; entre aquellos individuos que, atendiendo a la credibilidad que les merezcan los gobernantes griegos, crean que acabarán recuperando el dinero que les presten. A lo que no hay derecho es a que se fuerce a todos los contribuyentes europeos a acometer esa muy especulativa inversión de altísimo riesgo: quienes confíen en Atenas, o quieran regalarle su dinero, que actúen en consecuencia; pero los demás no tienen por qué verse obligados a rendir sus ahorros a la oligarquía griega o a sus torpes acreedores.
Es tan sencillo como esto. Si nadie quiere prestar su dinero a los políticos y a los bancos griegos, pues nada, que se declaren en bancarrota y asuman las consecuencias: o bien una enorme deflación (dentro del euro) o bien una monstruosa inflación (fuera). Dicho de otro modo: si nadie les refinancia las deudas y no pueden pintar los billetes, entonces los bancos y el Gobierno griegos caerán, los medios de pago se contraerán y los precios tendrán que reducirse a una fracción de los actuales (si no, todo el tejido empresarial griego desaparecerá). Si, en cambio, los políticos griegos optan, como es previsible, por salir del euro, recapitalizar la banca local y sufragar los gastos gubernamentales imprimiendo billetes, los precios se dispararán, los salarios reales se hundirán y los ahorradores en activos no indexables (los cuentacorrentistas, por ejemplo) serán completamente expoliados.
Es cierto que ambas opciones implican un atraco a mano armada contra una parte de la ciudadanía griega que no tiene prácticamente responsabilidad alguna en todas las socialistadas que sus mandatarios han perpetrado y siguen perpetrando. Pero no es menos cierto que, primero, los ciudadanos europeos tienen aún menos culpa del desastre y, segundo, que la excesivamente generosa asistencia financiera prestada por Europa desde mayo de 2010 ha concedido casi dos años de plazo para que aquéllos sacaran su capital del país, cosa que, por cierto, muchos han hecho.
Procedamos, pues, a obrar rectamente y suspendamos los planes de salvamento para Grecia. Que decreten una quita entonces, no del 50, sino del 80 o del 90%, y que los imprudentes acreedores extranjeros y los irresponsables deudores griegos apechuguen con las consecuencias. Sería un borrón y cuenta nueva que tendría tres efectos beneficiosos: 1) pondría punto final al saqueo del contribuyente europeo, 2) castigaría a los inversores que se equivocaron al prestar a Grecia (o a aquellos que no han colocado sus títulos de deuda al plan de rescate) y 3) mostraría a los demás países europeos cuáles serían las consecuencias del despilfarro desenfrenado.
No, no piensen que permitir la bancarrota griega llevaría consigo la impunidad de los irresponsables: con una hipotética depreciación del dracma de hasta un 80% y el consecuente estallido inflacionista, en el pecado llevarían la penitencia.