“Más Estatuto” y menos España

Este va a ser, si no lo es ya, el problema número uno de los españoles en el futuro inmediato, de no producirse un giro enérgico en la dirección de la política nacional encaminada vertiginosamente hacia dos situaciones límites. Una, el permanente cuestionamiento de la soberanía y la legitimidad de España como nación a través de desafecciones múltiples y de ataques directos e impunes a su integridad. La otra, derivada de la primera, la perniciosa polarización del dividido mapa político español: por un lado, el PP (único partido identificado con España); y, por el otro, todos los demás (establecidos en las Autonomías, Baronías y Reinos de Taifas). La consecuencia de todo ello, a saber, la estrategia calculada de desgastar al partido en el Gobierno a cuenta de la unidad española (señalada, junto a sus símbolos, como retro-imagen del franquismo) y a cargo del Estado (vaciarlo de contenido y debilitarlo, en el ámbito interior y en el exterior), se ha revelado tan loca como suicida.

En el contexto internacional actual, España se halla en una situación muy propicia para afirmarse en una posición influyente y privilegiada en Europa y el mundo, tanto en el plano geoestratégico como en el económico, político y, sobre todo, cultural. De su logro devendrían, sin duda, múltiples beneficios para todos los españoles. Pues bien, tal vez sea esta circunstancia la que ofusca y subleva a quienes perciben en el crecimiento y la expansión del país y en el auge de la lengua española más allá de nuestras fronteras, una especie de reedición de la España Una, Grande y Libre de antaño. Este estereotipo propagado por importantes medios de Comunicación y Propaganda no sólo es distorsionado y falaz, sino insidioso, conspirativo, insurreccional. Tanto como su presunta alternativa: Estado plural, atomizado en micropoderes oligárquicos capitaneados por pequeños virreyes, exaltados caudillos y codiciosos milosevics.

Y todo esto en el año de la conmemoración del 25 Aniversario de la Constitución Española; no sé si decir celebración. En muchos aspectos, pero especialmente en lo que atañe a su Título VIII, el balance de la Carta Magna produce cierta frustración y una vaga sensación de traición. ¿Por qué? En el mapa español, las partes se han impuesto al todo. Los territorios autonómicos expresan hoy la razón necesaria del Estado y la Nación invertebrada, la contingente. Y, en fin, el localismo y el particularismo dominan la escena general, donde los árboles altivos, y generosos en nueces, no dejan ver más que un bosque desanimado, disminuido y acomplejado.

Los fines previstos en los principios generales recogidos en la sección constitucional que reglamenta la Organización Territorial del Estado apenas se han cumplido. La solidaridad interterritorial y la eliminación de privilegios económicos y sociales entre Autonomías se han visto defraudadas, como ha quedado patente en la agresiva oposición partidaria al Plan Hidrológico Nacional, un proyecto cardinal que, más allá de sus beneficios materiales concretos, pone a prueba la capacidad integradora y solidaria de un país. La “libertad de circulación y establecimiento de personas” en todo el territorio español sigue siendo un ideal: las migraciones interiores en España han descendido un 43 por ciento en los últimos quince años, mientras crece la presión del excluyente requisito lingüístico en las CCAA con “lengua propia” y la nómina total de funcionarios autonómicos fijos duplica ya a la dependiente de la Administración central. En esta línea de disgregación, las CCAA, compitiendo entre sí en osadía, conciben iniciativas específicas sin contar con el Estado central, para ponerlo en evidencia y en barbecho. El fin es siempre el mismo: demostrar que cada feudo se las arregla mejor por su cuenta y sin Madrid. Pero, ¿la unión no hace la fuerza? Sí, aunque sólo en el caso de las CCAA frente al Estado: la unión para la desunión.

Desde la “Declaración de Barcelona” hasta el “Plan Ibarreche”, en España cada territorio actúa por sus fueros y, para no ser menos que el vecino, tiene su propio plan. Y el que no lo tiene, se lo busca rápido. Que si “plan de pensiones propio”; “federalismo asimétrico”; “soberanía compartida”; que si “Estado Libre Asociado”... En este país, no faltan quienes, negando ser nacionalistas, operan como tales. Y así nos va: el modelo territorial hoy dominante es el nacionalista, no importa que sea cumplido también por los partidos regionalistas y los todavía nominalmente de ámbito nacional. En esta circunstancia, el lema “Más Estatuto” promovido por los socialistas para distanciarse del constitucionalismo del PP es una proposición-trampa que equivale en la práctica a “menos España” —como paso previo a “España, cero”— y a menos Constitución.

La indefinición constitucional de no poner límites claros a las aspiraciones autonomistas y nacionalistas se paga ahora. Los partidos nacionalistas que viven de la reclamación insaciable se quedan agotados cuando las transferencias se han completado, o casi. ¿De qué vivirán ahora? Como siempre, del Estado. ¿Cómo mantener abiertas sus expectativas de poder y privilegio? Superándose a sí mismos y amenazando con sobrepasar el sistema, para acabar asegurando, finalmente, su estatus, pero con más dominio, más soberanía y más Estatuto. Constitucionalismo y Autonomismo sin límites pueden llegar, entonces, a interferirse.

En este plan, nacionalistas, IU y PSOE suman sus fuerzas para mantenerse en el poder o aumentarlo. Todos se dejan querer porque se necesitan. PNV y ETA saben que su proyecto sólo será viable con el PSOE en La Moncloa, quien a su vez precisa del nacionalismo para lograrlo y destruir al PP, el enemigo común. Después, a medio plazo, tratarán de imponer un nuevo modelo estatal, definido no como una Nación, sino como unos Territorios Asociados acompañados por regiones subalternas o anexionadas a aquellos en el horizonte de un Estado español evanescente y fantasmagórico, sin españoles.