Este infeliz legado del keynesianismo causa corrupción y pobreza endémica en América Latina y el desprecio de los gobernantes a la inversión, los derechos de propiedad y el mercado.
En la realidad, sólo el sector privado puede crear riquezas y empleos productivos. Los gobiernos tienen otra función: velar por los derechos de las personas. Todo el dinero que gastan es aportado por los contribuyentes. Por eso los empleos que originan las obras públicas destruyen empleos en el sector privado. Los impuestos que financian las obras debilitan la economía, aniquilan fuentes de trabajo y tienden a agravar la pobreza.
La única forma de crear riqueza y oportunidades de empleos es liberalizando la economía para estimular la inversión. Pero los estatistas no ven a la inversión privada como fuente de progreso. No ven que la libertad de invertir, producir, vender y comprar, sin injerencia estatal, es el motor que mueve la economía, promoviendo la aplicación de nuevos capitales y el aumento de la demanda de bienes y servicios. No ven que los inversionistas para llevar a cabo sus proyectos deben contratar nuevos trabajadores, del mismo modo que los empresarios para subir la producción y satisfacer el aumento de la demanda.
En la ficción estatista es posible reactivar la economía y crear empleos con sólo ampliar la inversión pública, expandir el aparato estatal y construir obras. Olvidan que el gasto estatal se financia con impuestos, endeudamiento e inflación que pagan las personas. Todo lo que hace el gobierno es sacar dinero a un grupo para dar empleo a otro grupo en las obras públicas y empresas estatales. Pero los mayores impuestos que debe pagar la gente reducen su capacidad de compra, obligando a empresas a bajar la producción y despedir empleados.
El costo de los empleos que crea el gobierno incluye la caída en la producción y la aniquilación de empleos en otros sectores. El resultado es la pérdida neta de empleos. El crecimiento del gasto público aumenta la desocupación. Pero el proceso no sólo es ineficiente, sino también es inmoral, dado que para crear cargos públicos en beneficio de amigos, parientes y partidarios de los gobernantes de turno, se destruyen empleos en el sector productivo, en perjuicio de muchas personas que rara vez se percatan de la causa de su desgracia.
La única forma en que el gobierno puede promover la creación de empleos y reducir la extrema pobreza es estableciendo marcos legales y económicos atractivos para la inversión. Deben fortalecer el Estado de Derecho y la estabilidad política, así como bajar los impuestos, liberalizar la economía, abrir los mercados, flexibilizar las leyes laborales, abolir los monopolios estatales y dar estrictas garantías a los derechos de propiedad. El empleo aumentará en la medida que crezca la inversión y bajen los costos burocráticos en la contratación de trabajadores.
Los gobernantes no pueden fabricar empleos, pero sí pueden remover los obstáculos a la producción y el comercio para crear el ambiente institucional de libertad económica, estabilidad y seguridad jurídica que estimule el crecimiento y la calidad de vida de la gente.