Lo mejor de Bush por la economía

Los políticos suelen preferir las regulaciones más que los impuestos porque su costo no está a la vista de los votantes y de los analistas. Eso explica lo poco conocido que es el gran peso de leyes como la de protección a los discapacitados (Americans with Disabilities Act), promulgada hace una década, las numerosas regulaciones ambientales apoyadas por el ex vicepresidente Al Gore o las normas de eficiencia de consumo de gasolina para los autos, promulgadas durante la crisis energética de los años 70.

Sin embargo, mi colega Casey Mulligan y yo hemos documentado el impacto de las regulaciones federales, aplicando varias medidas. Estas incluyen el número de páginas del Registro Federal anual de leyes y del Código de Regulaciones, como también el número de casos en los Tribunales Federales de Distrito que tienen que ver con regulaciones. Además, incluimos los cálculos del economista Thomas Hopkins sobre lo que todo eso ha costado a las empresas en el período 1977–2000. Según sus investigaciones, en los últimos tiempos, las regulaciones federales en las actividades empresariales –incluyendo medidas ambientales y de seguridad laboral– le cuestan a las empresas 700 mil millones de dólares al año.

Aunque estas mediciones no son perfectas, todas indican que las regulaciones federales han crecido aceleradamente en los últimos 50 años, pero el número de regulaciones creció a tasas diferentes, inclusive cuando el mismo partido controlaba la presidencia.

Las regulaciones aumentaron poco y quizá hasta se redujeron durante los dos períodos del presidente Reagan, quien criticaba la influencia ejercida por los burócratas en la economía. Crecieron, sin embargo, bajo Nixon, otro republicano “conservador”, se aceleraron cuando Bush sucedió a Reagan y se dispararon bajo Clinton. Esto en parte se debió a que durante los años de fuertes déficit fiscales, a fines de los 80 y durante casi todos los 90, el Congreso fomentaba la imposición de erogaciones a las empresas privadas en sustitución del gasto gubernamental.

Durante su campaña electoral, el entonces gobernador Bush se quejaba del exceso de regulaciones y de las altas tasas de impuestos. Esa posición se vio reflejada en sus principales nombramientos, como la de Spencer Abraham como secretario de Energía, Michael K. Powell para dirigir la Comisión Federal de Comunicaciones, Timothy J. Muris como jefe antimonopolios de la Comisión Federal de Comercio y John Graham encargado en la Casa Blanca de revisar las regulaciones propuestas. Como resultado de estos nombramientos, habrá menos agresividad en la regulación ambiental y de las telecomunicaciones, como también en las acciones antimonopolios.

Bush heredó elevados precios de gas y del petróleo, numerosas regulaciones sobre la construcción de nuevas plantas eléctricas que usan carbón y energía nuclear, controles de precio contraproducentes en la electricidad y excesivas restricciones en la exploración de nuevos yacimientos de gas y petróleo en terrenos federales.

El vicepresidente Cheney ha anunciado que el gobierno quiere permitir más exploración, reducir las regulaciones sobre las nuevas plantas generadoras de energía, dar mayor libertad a los mercados en la determinación del precio de la electricidad y se opone al Protocolo de Kyoto.

El gobierno será más liberal en cuanto a la fusión de empresas que no sean principalmente competidoras y está en desacuerdo con la propuesta del juez Thomas P. Jackson de desmembrar Microsoft.

El equipo de Bush evitará las acusaciones de “precios depredadores” porque son muy difíciles de comprobar. Powell eliminará algunas de las reglamentaciones impuestas a la industria de telecomunicaciones en las últimas dos décadas y seguramente permitirá a las compañías de teléfono locales competir más fácilmente en larga distancia, así como permitirá la fusión de empresas telefónicas sin los largos retrasos que imponían las revisiones antimonopolios.

Las actividades reguladoras del gobierno pueden tener un mayor impacto en la economía que los impuestos y los gastos del estado. Creo que el consumidor se beneficiará mucho si el gobierno de Bush, al igual que el de Reagan, reduce drásticamente el aumento de las regulaciones.

© AIPE

Gary S. Becker fue premio Nobel en 1992, es profesor de Economía de la Universidad de Chicago.