Un libro de hace exactamente 60 años nos ilustra sobre el caso. Se trata de España, de S. Madariaga, libro altamente recomendable por muchos motivos. De él quisiera destacar aquí el capítulo dedicado a la —altamente elogiada por el autor— política exterior de la II República española (Pág. 563-593 de la edición de 1944).
La enunciación que don Salvador (tan clarividente en otras partes del libro) hace de las ideas rectoras de dicha política causa sonrojo: la política exterior de la república —afirma— se define basada en los “principios verdaderos” de la Sociedad de Naciones, y perseguía “hacer vivir, en un ambiente moderno”, las ideas de “nuestros grandes teólogos, en particular Vitoria” (sic. La monomanía de algunos de remontarse siempre a Vitoria en temas exteriores da una imagen de pobreza doctrinal inconmensurable en tales materias).
Estos principios debían llevar a una política de colaboración, en la Sociedad de Naciones, con las naciones democráticas de “segundo orden” (al parecer las otras eran indignas de tal colaboración) y manifestarse neutral ante la lucha por el poder “endémica en Europa”.
Estas ideas rectoras tuvieron su plasmación en la Constitución de la segunda República. Así, en su artículo 77, se establecen las restrictivas condiciones que habría de cumplir el Presidente de la república para declarar la guerra:
“El Presidente de la república no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las condiciones prescritas en el Pacto de la S.N., sólo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico, y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje de los convenios de que España forma parte registrados en la S.N…Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la república habrá de ser autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra”.
Mientras que en el artículo 6 se declara que “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”.
Por su parte, el artículo 7 manda que “El Estado acatará las normas universales de derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo” (no existe ni ha existido jamás eso que los ingenuos o malintencionados llaman “Derecho Internacional”).
Estas pueriles y pacifistas directrices son de un total entreguismo incondicional y encierran, en el fondo, un desprecio por las esenciales funciones de defensa de la Nación… y por la Nación misma; desprecio que no es ajeno a la continua fuerza debeladora que hizo la Institución Libre de Enseñanza contra la idea de España (país decadente desde sus orígenes), tan influyente en la mentalidad de muchos republicanos, sobre todo de izquierdas, pero también teóricamente moderados, como Azaña. No es de extrañar que en el pacto de San Sebastián contra la monarquía de Alfonso XIII, en el que se designaron los miembros del primer gobierno republicano, ninguno de los conspiradores y futuros ministros tuviera interés alguno por el ministerio de Estado. Y tampoco parece ajeno este “talante” a la ligereza con que los gobiernos republicanos, en la guerra, entregaron incondicionalmente la integridad nacional a la URSS, hasta el punto que los enviados de Moscú ponían y deponían gobiernos y tomaban las decisiones militares más cruciales.
Con diferentes matices, estas son las ideas “progresistas” que nos gobiernan ahora. Pero esta visión de la política internacional española es la auténtica rémora que impide una presencia relevante de España en el concierto internacional y la deja indefensa ante decisiones que la atañen crucialmente.