La solución de esta paradoja se encuentra en el derecho, no en la economía. Lo que condena a los pueblos a la pobreza y a las desigualdades es la politización de la ley. Los políticos pervierten el derecho, haciendo creer que todo lo que aprueba una mayoría es ley.
Los latinoamericanos no necesitan ayuda, sino vivir bajo un Estado de Derecho. Sus legisladores han convertido la ley en simple instrumento del saqueo y de injusticia, como advertía Bastiat. A través de leyes despojan a personas de sus bienes, otorgan privilegios, protecciones, subsidios, y crean monopolios para provecho de los grupos de presión, a expensas de la sociedad. Democráticos y autoritarios, conservadores y socialistas, utilizan la ley para imponer su voluntad por sobre los derechos individuales de los ciudadanos.
El imperio de la ley se convierte así en el imperio de la voluntad de los políticos, que, amparados en los votos de las mayorías, crean una maraña de leyes injustas, confusas e impredecibles que sólo benefician a los grupos de presión y en lugar de atacar la injusticia la promueven. Atropellan los derechos de las personas porque creen, como en el nazismo, que el "interés de la mayoría" está por encima del de los individuos, olvidando que todos son iguales ante la ley.
Los gobiernos populistas no se sujetan a la ley, sino que sujetan la ley a ideologías y a sus intereses sectarios. La politización de la ley sustenta el intervencionismo y la economía mercantilista, plagada de privilegios, desigualdades e injusticias. Los grupos más poderosos hacen su propia ley y obtienen privilegios que no consiguen el resto de los ciudadanos. Esta corrupción del derecho impidió al capitalismo radicarse en América Latina durante dos siglos de vida republicana, pues la economía libre precisa del Estado de Derecho. En el capitalismo la ley debe estar siempre por encima del poder político.
Así vemos que el atraso es de origen institucional, no económico. El capitalismo liberal que desarrolló las naciones de Europa y EEUU evolucionó con un régimen de arbitraje y tribunales privados. En esas naciones el derecho común surgió no por la acción de los legisladores, como en América Latina, sino por la práctica del derecho mercantil y la larga experiencia en la resolución de miles de conflictos privados por jueces que orientaban sus decisiones en la experiencia de situaciones anteriores.
Los países capitalistas crecieron, explica Ronald Coase, gracias a sus instituciones legales eficientes y respetuosas de los derechos de los individuos. Las leyes favorables a la iniciativa privada y la libre competencia promueven el progreso. Por esas ideas Ronald Coase recibió el Premio Nobel de Economía en 1991. No obstante, los políticos en América Latina siguen culpando de su infortunio a un capitalismo que nunca tuvieron. Se niegan a ver que la causa de la pobreza y de las marcadas desigualdades ha sido la ausencia de leyes que garantizan la igualdad ante la ley, protegen los derechos de propiedad e incentivan el ahorro, la inversión y producción.
La ley auténtica, a diferencia de las que aprueban los legisladores, es siempre clara, estable y de aplicación general. Se limita a defender la vida, la libertad y la propiedad. No permite privilegios, concentración del poder, usurpación de la propiedad ni restricción de la libertad económica. Su legitimidad radica en la defensa de los derechos naturales de los individuos y no en el voto de las mayorías. Esta antigua institución del capitalismo está en el origen de la justicia, el crecimiento, la paz y el progreso social.
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