La paradoja de la regulación médica

Después de todo, se dice, el médico sabe mucho más que el paciente sobre el estado de salud de éste y sobre los tratamientos que podrían hacerle mejorar. Así pues, nos encontramos ante un desequilibrio debido a una disparidad en la información: lo que la pedantería neoclásica denomina "asimetría en la información". Vamos, que el médico estaría en una supuesta relación de superioridad que hay que corregir.

 

Debido a este tipo de argumentos simplones, la medicina se ha convertido en una actividad en que la relación directa y contractual entre productor y consumidor ha sido reemplazada por una relación indirecta, condicionada y mediatizada por un tercer elemento, el aparato estatal, que impide los acuerdos libres en nombre de la supuesta defensa de la salud de los ciudadanos.

 

Dado el extremo intervencionismo de corte paternalista en que se encuentra sumido el mundo de la sanidad, queda fuera del universo de los planteamientos "razonables" –incluso de los de muchos liberales– el que los propios pacientes, en su libre relación con los médicos, puedan encontrar fórmulas para defender sus intereses sin necesidad de que la actividad médica se vea encorsetada y paralizada por un sinfín de regulaciones. Sin embargo, si miramos hacia atrás comprobaremos que papá Estado no siempre ha estado ahí para decir cómo hay que ofrecer los servicios sanitarios; y, para sorpresa de muchos, no parece que los intereses del paciente se hallaran desamparados.

 

De hecho, si nos remontamos a la antigua Grecia nos encontramos con una sociedad en que la relación médico-paciente era completamente libre. En esa época, en la que ni siquiera las responsabilidades del médico estaban codificadas por las leyes, existía un fuerte incentivo para ofrecer siempre el mejor servicio posible al cliente. El principal incentivo para el desarrollo de prácticas médicas que protegieran el interés del paciente era la valoración que la población hacía del servicio de los médicos, una valoración que generalmente se realizaba en función del historial profesional de éstos.

 

Jacques Jouanna, en su obra Hipócrates, explica que el médico hipocrático corría el peligro de recibir una pena mucho más dura que las sanciones legales que hemos conocido posteriormente: la censura social. En ausencia de regulaciones estatales, el médico que ofrecía un mal servicio quedaba marcado; este marcaje social incentivaba el esfuerzo de los médicos por ofrecer un tratamiento adecuado y minimizar los errores.

 

Es precisamente en este ambiente de libertad entre médico y paciente donde surge el famoso juramento hipocrático, a través del cual el médico se comprometía ante sus colegas a poner la salud del paciente en el centro de sus decisiones, a ayudar al enfermo y evitar los daños intencionales, a no abusar de él y a mantener el secreto profesional.

 

Y es que la responsabilidad difícilmente surge en un ámbito que no sea el de las relaciones libres. El cumplimiento de este juramento en la práctica diaria otorgaba al médico la reputación que le permitía prosperar. Su incumplimiento, en cambio, suponía el descrédito social y la reprobación de la propia clase médica.

 

Qué lejos nos encontramos de aquellas relaciones libres, en el marco de las cuales se resolvían los problemas de la medicina. Observando el caos actual de la sanidad pública, uno se pregunta cómo hemos podido permitir que el Estado desnaturalizara la relación médico-paciente para poner al médico a su servicio y al paciente a su merced. Qué saludable resultaría que deshiciéramos parte del camino recorrido.