Tal afirmación no es gratuita. Aunque muchos admitan el recorte o contención del gasto público como inevitable mal menor frente a una eventual quiebra del Estado, el dominante pensamiento keynesiano entiende que, ante la contracción de la economía, el gasto público debe sustituir la demanda privada de bienes, manteniendo la actividad económica hasta que llegue la recuperación.
Las falacias keynesianas han sido refutadas con autoridad desde que se enunciaron. El reciente libro de Juan Ramón Rallo Los errores de la vieja Economía es la última y quizá más contundente demostración de que la Teoría general es, en gran parte, un atractivo engaño propagandístico de quien se consideró a sí mismo un genial publicista.
Pero es preocupante que la más burda de estas falacias, la más incomprensible, no sea cuestionada por el gran público. La idea de que un gasto tan irracional y salvaje como el bélico solucionaría la crisis, aparte de sus claras implicaciones morales, es un desafío al sentido común. Quizá por ello se formula habitualmente de forma parecida a la del traje nuevo del emperador: como una evidencia cuya contradicción sería tratada con desprecio.
Por suerte, quedan ciudadanos normales que se hacen preguntas normales: ¿puede una guerra acabar con la crisis?, ¿no consiste la guerra en matar y destruir, en dedicar los más avanzados recursos de una sociedad a eliminar los de otra?, ¿qué complejos y oscuros mecanismos explican que algo tan cruel como una guerra pueda ser económicamente beneficioso?
La Gran Depresión estalla en el famoso crack bursátil de Wall Street. El derrumbe de la Bolsa en octubre de 1929 fue consecuencia, no causa, de lo que hoy llamamos burbuja. Los felices años 20 fueron un periodo de expansión económica provocado en gran parte por un crecimiento artificial del crédito. De hecho, parte de la inversión en el mercado de valores se hacía a crédito. Por ello, la bajada del precio de las acciones se precipitaba al no poder pagarse los préstamos con que se adquirieron.
A partir de 1929 la actividad económica en los Estados Unidos se contrae y el desempleo crece de forma desbocada. En 1933, tres años antes de que Lord Keynes publicase su Teoría general, la Administración Roosevelt inicia su larga andadura. El Producto Interior Bruto ya ha decrecido casi un 50%. Se inicia el llamado New Deal, que no solo implica cuantiosas inversiones en obras públicas, sino, fundamentalmente, ataques al libre mercado en forma de control de precios, restricciones a la producción, salarios, etc.
En 1939 la tasa de desempleo rondaba el 15%. El Producto Interior Bruto estaba aún por debajo del de 1933. Y, sin embargo, el gasto público había aumentado en más de un 70%. Distan de ser unas cifras brillantes. En realidad, la Administración Roosevelt contribuyó a prolongar la crisis; en anteriores ocasiones, las crisis se habían resuelto con rapidez mediante los mecanismos del libre mercado.
Pero en 1941 Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, para bien de la libertad en Europa. El esfuerzo industrial de la nación se orienta hacia la guerra. Más de diez millones de soldados luchan en Europa y en el Pacífico. La disminución del desempleo es evidente, pero discutible en términos económicos: los jóvenes abandonan su trabajo o su formación para dedicarse a destruir al enemigo. Esto implica una disminución del capital humano, que, lejos de emplearse en actividades productivas, es absorbido por la guerra. No es mejor, en términos económicos, la tarea de los hasta entonces parados, que consumen recursos con igual objeto destructivo.
El vertiginoso aumento del gasto público no implicó, en absoluto, un aumento del nivel de vida. Las cifras del PIB, en las que se computa el gasto público, no pueden ocultar la lógica realidad de una población que dejó de consumir lo que no era esencial. El trabajo y la riqueza se orientaron hacia la producción de los bienes que permitirían ganar la guerra, no aumentar el nivel de vida.
En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Una economía orientada hacia la guerra se enfrenta a la vuelta a casa de diez millones de soldados. El gasto público disminuye de forma radical: más de un 50% en cuatro años. Liberado el sector privado de un peso asfixiante y un dirigismo absoluto, la inversión privada se dispara. En 1950 el PIB ha aumentado más de un 30%. La retirada masiva de fondos militares no solo no ha supuesto un desastre, sino que ha permitido al sector privado emplear a los millones de soldados que habían vuelto a casa.
Los datos son tan abrumadores que sorprende que algo tan ilógico como atribuir efectos económicamente beneficiosos a una guerra pueda afirmarse sin rubor. Muchos economistas se han formado en esquemas keynesianos, y no son, sencillamente, capaces de salir de ellos. Una referencia a los estabilizadores automáticos y el multiplicador del gasto basta para justificar que un desbocado gasto público a costa del contribuyente sea más eficiente que las decisiones económicas tomadas por él. Y para tragar sin problema las frivolidades de Paul Krugman, que en el pasado aconsejó la creación de burbujas inmobiliarias y ensalzó conductas como las de Enron sin que sus fieles sintiesen bochorno. No hace mucho, este ínclito Premio Nobel de Economía consideraba los beneficios económicos de una invasión alienígena. No era broma, sino un grotesco símil de la brutal falacia de la guerra como vía de recuperación. Tampoco fue una broma que Krugman augurase beneficios económicos causados por los atentados del 11 de Septiembre. La inmoral falacia keynesiana sobre la guerra no es más que la última consecuencia de la famosa falacia del cristal roto, que el gran Bastiat ya refutó hace ciento cincuenta años.
¿Cuántos cientos de años más tendrán que transcurrir para que nuestros sabios e ilustres economistas admitan la posibilidad de que las guerras sean perjudiciales no solo para la salud de los contendientes sino para la economía?
Hasta entonces, espero que, como mínimo, sean menos soberbios cuando algún inteligente ciudadano proteste ante la idea de que hacer la guerra, no el amor, sea el mejor camino para la prosperidad.