Las Naciones Unidas mantienen que “las tierras no pueden ser tratadas como bienes ordinarios, controlados por individuos y sujetos a las presiones e ineficiencias del mercado. La propiedad de las tierras también es instrumento principal en la acumulación y concentración de la riqueza y, por lo tanto, contribuye a la injusticia social… el control público del uso de las tierras es, por tanto, indispensable…” (Conferencia de la ONU sobre Asentamientos Humanos, Vancouver, 1976).
Cualquier norteamericano que no considere repugnante tal declaración debe dedicarle tiempo a estudiar los documentos históricos sobre la fundación de Estados Unidos. Una de las funciones primarias del gobierno fue, originalmente, la protección de la propiedad de los ciudadanos, incluyendo sus tierras. En su quinto discurso a la nación como presidente en 1806, Thomas Jefferson prometió “hacer todo lo posible en administrar fielmente el departamento ejecutivo, y fervorosamente cooperaré con ustedes en cada medida que asegure la libertad, la propiedad y la seguridad personal de nuestros conciudadanos…”
Cómo ha cambiado el panorama político. Hoy, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y hasta los gobiernos estatales consideran que las tierras y los recursos que estas contienen están sujetos al control gubernamental, mientras que el deber de pagar impuestos sigue siendo responsabilidad del dueño.
Aquellos que coinciden con Jefferson, Madison y demás próceres de la independencia están indignados ante leyes ambientales como la introducida hace poco en la legislatura de Illinois. Quienes la apoyan no tienen ninguna intención de asegurar “la libertad, la propiedad y la seguridad personal” de sus conciudadanos, ni tampoco comprenden ni respetan la Quinta Enmienda de nuestra Constitución, la cual establece que tampoco “se tomará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización”.
El proyecto de ley estatal HB 422 asume que las tierras pantanosas son propiedad pública y su uso prohibido, a menos que el estado emita un permiso. Según nuestros próceres y nuestra constitución, si el gobierno despoja de su propiedad a un individuo tiene que pagarle su valor, pero los legisladores en Illinois no sólo le impiden al dueño el uso de su tierra, sino que por el privilegio de hacer uso de ella, el dueño tendría que pagarle al gobierno estatal cinco veces el valor del terreno.
Bajo los principios de libertad amparados por la constitución, el asunto es enteramente al revés. El estado debe decir: “Señor, no queremos que haga uso de estas tierras porque beneficiaría a la comunidad si se dejan en su estado natural y le ofrecemos a cambio otras tierras de igual valor en otra parte o pagarle su precio actual”. Los ambientalistas se oponen, manteniendo que “compensar a los dueños es pagarle a los contaminadores”. Otros dicen que no se les está despojando de sus tierras, sino regulando su uso.
Pero el estado de Illinois no es el único ladrón de propiedades. El gobierno federal y casi todos los demás estados tienen leyes parecidas. La realidad es que la declaración de las Naciones Unidas de 1976, “el control público de las tierras es, por tanto, indispensable” ha reemplazado las garantías constitucionales con el consentimiento o indiferencia de los funcionarios que elegimos para defender nuestros derechos.
La libertad no existe sin propiedad privada y la propiedad privada deja de existir cuando es controlada por el gobierno. Las Naciones Unidas y muchos de nuestros burócratas están empeñados en que dejemos de ser “dueños” y nos convirtamos en simples “inquilinos”, sujetos a sus instrucciones, por el bien de la humanidad. Pero las consecuencias de eso están a la vista de quienes quieran ver. Thomas Sowell lo explica mejor que nadie: “la propiedad privada implica cuidadores con interés propio; ningún bosque corre riesgo si pertenece a alguien”.
Evidentemente necesitamos otra generación de próceres.
© AIPE
Henry Lamb es vicepresidente ejecutivo del Environmental Conservation Organization.