La ley y la justicia

De acuerdo con Friedrich Hayek, el concepto de libertad bajo el imperio de la ley descansa en el argumento de que, cuando obedecemos normas generales abstractas, "no estamos sujetos a la voluntad de otro hombre y, por lo tanto, somos libres".

 

En la Grecia antigua encontramos sociedades bien diferentes que lo eran por su diferente concepto de la ley. Así, en Esparta, el Estado-guerrero, la ley era la manifestación de la voluntad de las élites gobernantes, mientras que en Atenas, pueblo de comerciantes, aquélla era la expresión de unas "normas de conducta aplicables a todos por igual". En Esparta asesinaban a los niños que no reunían determinadas aptitudes físicas. En Atenas surgieron la democracia y el humanismo.

 

Solón otorgó al pueblo ateniense "leyes iguales para los altos y los bajos". La isonomía, es decir, la igualdad ante la ley, era lo contrario del gobierno arbitrario de los tiranos. Para Heredoto era la isonomía, antes que la democracia, "el más bello de todos los nombres del orden político".

 

El concepto fue evolucionando, y en la Inglaterra del siglo XVII adquirió el significado de "imperio de la ley", ante la cual debían inclinarse por igual gobernantes y gobernados. Su aplicación representa el más elevado sentido de la justicia.

 

En el mismo tiempo y lugar emergió la gran diferencia entre las democracias antiguas y modernas. En las primeras los ciudadanos podían elegir o ser elegidos para desempeñar funciones de gobierno, pero desconocían los derechos individuales. Inglaterra dio el gran salto cualitativo hacia el objetivo de poner coto a las arbitrariedades, más o menos encubiertas, de los poderosos. Estados Unidos, gracias a las ideas de sus Padres Fundadores, culminó esa gran labor al establecer como eje fundamental de su sistema un poder judicial eficiente e independiente cuya misión fundamental era proteger los derechos individuales de las tropelías del propio Estado

 

He estado reflexionando sobre todo esto tras saber que en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dice que el Gobierno del Uruguay está violando los DDHH de los hermanos Peirano Basso. Para la CIDH, "el Estado uruguayo es responsable de la irrazonable prolongación de [su] prisión preventiva", por lo que está violando tanto su "derecho a la libertad personal" como las "garantías del debido proceso", de ahí que recomiende que sean puestos en libertad hasta que se dicte sentencia.

 

En agosto de 2002 el Estado uruguayo estableció que la pena máxima no podía superar los cinco años de penitenciaría. Pero los Peirano ya han purgado prácticamente la condena entera, sin que se haya establecido su culpabilidad o su inocencia. Cuatro veces fue solicitada la libertad provisional, pero siempre fue denegada. Según informes de prensa, el 60% de la población reclusa uruguaya se encuentra en las mismas condiciones.

 

El caso que nos ocupa es paradigmático. Los Peirano se contaban entre los más ricos de Latinoamérica. El presidente Vázquez, al poco tiempo de asumir el cargo, en 2005, los catalogó públicamente como "delincuentes". La "ley de descongestionamiento de las cárceles" fue redactada expresamente de tal manera que impidiera a los Peirano beneficiarse de ella.

 

El referido informe de la CIDH es reconfortante, porque va más allá del caso específico de los hermanos Peirano...