En consecuencia, el PSOE se estaría encontrando ahora en la obligación de moderar las expectativas creadas durante la campaña electoral y de abandonar algunas de sus intenciones originales. Así se dice, por ejemplo, del empeño manifestado por J.L. Rodríguez Zapatero en rectificar la actitud de J.M. Aznar de defender rigurosamente los acuerdos de Niza sobre la ponderación del voto en el Consejo (que entrarían en vigor automáticamente a finales de año) y de facilitar la rápida aprobación de la nueva Constitución Europea, como desean Alemania y Francia. Ahora —piensan algunos— Zapatero cambiará su actitud y protegerá los intereses de España defendiendo los acuerdos de Niza. Quienes así piensan añadirán a su razonamiento que el lamentable resultado de la primera negociación europea que ha protagonizado el PSOE, sobre el aceite de oliva y el algodón, favorecerá este deseable cambio de actitud porque permitirá al Gobierno entender qué es realmente la Unión Europea y cómo se debe actuar en ella.
Es posible que ese cambio de actitud se produzca, pero de momento lo que sabemos es que en coincidencia con el desastre en la negociación sobre la agricultura, el Ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, confirmaba lo que muchos temíamos: que la política exterior de España va a consistir en hacer lo que diga Francia, lo que incluye aceptar el sistema de voto por doble mayoría en la Unión Europea y el abandono de los acuerdos de Niza. Más adelante vendrá, probablemente, una “reinterpretación no dogmática” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que no consistirá en aumentar el déficit posible del 3 por ciento al 3,5 por ciento, por ejemplo, sino en no fijar límite alguno.
Para entender este desistimiento en la defensa de los intereses nacionales, es necesario tener presente que para la izquierda española la Unión Europea no es, como para casi toda la derecha, una institución supranacional destinada a promover conjuntamente los intereses de los Estados nacionales que participan en ella, sino un instrumento al servicio de la reordenación de las relaciones internacionales, particularmente al servicio de una tarea que se considera principal: oponerse a los Estados Unidos y crear un núcleo de poder alternativo. En este punto, el nuevo responsable de la política exterior del PSOE guarda una similitud alarmante con una corriente del pensamiento europeísta de la izquierda que dominó al PSOE hasta 1985, y de la cual Fernando Morán, titular de la política exterior socialista después de la victoria electoral de 1982, fue su más importante valedor. Vale la pena aportar algunos testimonios al respecto para entender de qué hablamos y cuáles pueden ser sus efectos.
En 1976, Manuel Medina, que como diputado socialista presidió la Comisión de Exteriores del Congreso entre 1982 y 1986 y ha ostentado destacados puestos en ese partido, expuso del siguiente modo la visión que la izquierda debía tener de Europa:
“La integración europea proporcionaría un amplio campo de maniobra a una planificación socialista del continente, que no estaría tan expuesta al chantaje del capital internacional como lo está en la actualidad. Un área económica con 300 ó 500 millones de habitantes con amplios recursos tecnológicos y naturales podría efectuar innovaciones de desarrollo económico socialista que hasta ahora sólo han podido llevar a cabo los colosos soviético y chino.”
Unos años antes, en 1971, Cuadernos para el Diálogo, argumentó del siguiente modo:
“El fortalecimiento de Europa occidental, saludado con beneplácito desde hace meses por Pekín contribuye a erosionar un sistema político mundial establecido exclusivamente en función de los intereses y temores de “los dos grandes”...por caminos insospechados puede trazarse una senda por la que transiten bastante cercanos los chinos de Mao y los europeos que intenten encontrar nuevas formas de democracia socialista.”
En el mismo año, Gregorio Peces-Barba, asesor personal del Presidente del Gobierno durante la última campaña electoral, se expresaba en términos muy parecidos en la misma publicación, y afirmaba que las instituciones comunitarias encarnaban mejor que cualquier otra el ámbito en el que podía tomar cuerpo “la liberación socioeconómica, por la igualdad, que surge del pensamiento socialista”
Pero sin duda, fue el propio Morán quien con más claridad explicó los fundamentos de su visión socialista de Europa y dejó constancia —sin quererlo— de los malos efectos que ese modo de pensar tuvo sobre la negociación de la adhesión española a las Comunidades Europeas, liderada en su fase final por el propio Morán y por Manuel Marín, actualmente presidente del Congreso de los Diputados:
“Lo que obstaculiza el camino hacia el socialismo es una estructura de poder que bloquea los intentos de cambio general y democrático... Los Estados y los mercados nacionales no tienen envergadura suficiente para oponerse a esta dominación bipolar, imponiéndose las consecuencias de una economía de escala...(La izquierda percibe que) la Unión Europea, de desarrollarse con ímpetu y plasmarse como ideología auténticamente política desembocará de modo inevitable en una definición estratégica y posicional específicamente europea...Esa posición terminará por definirse hacia un grado de autonomía global mínima que le permitirá construir la síntesis que se encuentra en embrión en su acervo cultural: la consolidación de una libertad real apoyada en el respeto de un ámbito individual ajeno a las agresiones del Estado, pero basada en una socialización de los bienes esenciales...”
Esta vocación socializante de Europa es respetable, pero no lo es el efecto que ese predominio de la ideología socialista tuvo, según reconoció el propio Morán, sobre la posición negociadora de España. El empeño en construir una tercera vía europea que fuera capaz de resistir la “maligna” presión de EEUU llevó a Morán a buscar la adhesión casi a cualquier precio, despreciando o desconociendo el impacto que nuestra incorporación iba a tener para la economía y la sociedad españolas. En 1980 Morán afirmó:
“La necesaria consideración sector por sector no puede, sin embargo, evitar encarar el hecho de que la adhesión es una opción general. En el terreno meramente económico, aparte de los índices de error de la prospectiva de un sector determinado, la interacción de los cambios de todos los afectados por la zona de libre comercio, la barrera común y las políticas comunitarias, significa la introducción de tantas variables que la conclusión solamente puede ser global y aproximada. Y ello sin introducir otra variable más y de magnitud considerable, la misma evolución de la Comunidad ante una coyuntura internacional que ella no crea”.
El deseo de estar en Europa no tiene por tanto una justificación económica, un interés nacional, sino ideológico: una Europa socialista y antinorteamericana. En 1988 Morán insistió en lo mismo:
“Los objetivos socialmente deseables a escala nacional exigen la dimensión europea.[..] (Por esta razón, a las fuerzas de la izquierda les convino la adhesión y les conviene seguir favoreciendo el proceso de constitucionalización de Europa) con independencia de que la operación pueda resultar en el incremento de las diferencias económicas y sociales “ad intram”: entre las regiones, los países, las clases. La nueva consecución, por ejemplo, del mercado interior único iría en el sentido del progreso aunque el resultado se lograse sin la aplicación de medidas correctivas favorecedoras de la cohesión entre las economías nacionales o regionales”.
La resucitación de este tipo de pensamiento en la figura de los nuevos responsables de la política exterior socialista cuando Europa está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia, cuando es necesario negociar el peso de cada Estado miembro en las instituciones y cuando se negocian las perspectivas financieras y presupuestarias de la próxima década, genera, como mínimo, una gran inquietud. Más aún la genera la absurda pretensión de constitucionalizar el resultado de la actual conferencia intergubernamental que conducirá a la aprobación del Proyecto de Tratado de Constitución Europea, pretensión manifestada por Rodríguez Zapatero durante el debate de investidura. Es deseable que el Consejo de Estado recuerde al Gobierno los argumentos que el Tribunal Constitucional (contra el criterio que el propio Consejo de Estado manifestó en aquella ocasión) expuso en su Declaración de 1 de julio de 1992 sobre el Tratado de Maastricht. Que el nuevo presidente del Consejo de Estado acceda al cargo después de dirigir un programa de doctorado en estudios europeos y que sea autor de numerosos estudios sobre la integración europea en los que se ha manifestado en el mismo sentido en que lo hizo el Tribunal Constitucional en 1992, permite albergar la esperanza de que no prosperará la sandez de convertir en parte de nuestra constitución política lo que es fruto del trabajo de uno de los sujetos que más se ha esforzado por dañar el interés de España y que bloqueó nuestra entrada en la Comunidad Europea incluso cuando peligraba nuestro proceso de transición a la democracia. Cualquier español tiene derecho a pensar que, por principio, debemos rechazar lo que proponga V. Giscard, y tiene derecho a resistirse a que se nos reforme la constitución para servir a intereses ajenos. Como afirmó un destacado jurista en 1995, el Artículo 93 de la Constitución —el que permite la integración de España en la Unión Europea— “alude a competencias derivadas “de” la Constitución, que, por tanto, no pueden consistir en potestad alguna de disposición “sobre” la Constitución, de modo que se transfiera poder constituyente alguno a la Unión Europea []No será posible que los órganos cesionarios correspondientes, que en cuanto poderes constituidos continúan, en esta actuación como en todas, sometidos al poder constituyente, decidan sobre la suerte del propio Estado (ejerciendo una suerte de potestad de autodeterminación) de modo que se permitiese la disolución o el desleimiento del Estado español en un Estado europeo en el momento de la celebración del Tratado o en otro posterior”.
Felipe González tardó unos años en comprender la imposibilidad de mantener en el gobierno a Morán y a lo que representaba. Por desgracia, Zapatero no dispone de tanto tiempo. Por el bien de todos, es necesario que de inmediato entienda qué es realmente Europa, abandone la tentación de secundar el antiamericanismo suicida de Francia y se ponga firmemente a la tarea de defender los intereses nacionales de España, que pasan por la defensa de los acuerdos de Niza o por una negociación que proporcione un resultado equivalente. De igual manera, el cumplimiento de la Agenda de Lisboa debe ser promovido intensamente, frente a cualquier tentación de oponerle la defensa de un supuesto “modelo social europeo” que ya no es posible mantener sin adaptaciones muy profundas, y que si ha existido ha sido en buena medida porque la protección militar norteamericana ha permitido a Europa detraer de sus presupuestos de defensa los recursos que ha destinado a otras políticas. Otra cosa podría ser justamente considerada como un abandono del interés general, la vuelta a un utopismo europeísta cuyos efectos pueden ser trágicos para España; para empezar sobre el aceite y el algodón, que, como se sabe, no engaña.