Para explicar el nombramiento de la nueva vicepresidenta de Economía, Zapatero ha dicho: "Quiero conseguir un cambio de ritmo en las políticas ya implementadas". En español más sencillo, eso quiere decir que el Gobierno, erre que erre, buscará gastar y gastar, sin dedicar un solo pensamiento a cómo financiar y financiar. En el fondo de tanto error late la equivocada noción de que la crisis se arreglará si el Banco Central Europeo baja los tipos de interés a cero, si el Estado se pone a invertir sin tasa y si los consumidores se lanzan a consumir sin freno.
Decir que el presidente español fue incapaz de admitir la existencia de la crisis es quizá demasiado caritativo. Los especialistas se lo dijimos en todos los tonos y nos llamó "anti-patriotas". Manuel Pizarro se lo remachó al entonces vicepresidente económico Pedro Solbes, en un sonado debate televisivo. Solbes le despachó con displicente soberbia, y al parecer fue aplaudido en el siguiente Consejo de Ministros por su victoria dialéctica. ¿Qué importaba que la patria sufriera y los ciudadanos padeciesen? Más importaba conseguir votos en la inminente elección, aun al precio de mentiras sin cuento.
Acuciado por los acontecimientos, el Gobierno lanzó con gran despliegue de medios el Plan E de reactivación económica. Los resultados han sido: aumento (equivalente a seis puntos porcentuales del PIB) del déficit público, provisión de fondos a los ayuntamientos para fomentar el empleo con obras públicas de pacotilla, aplazamiento de las cuotas hipotecarias de algunas familias sin recursos, promesas de financiación especial para pymes a través del Instituto de Crédito Oficial y alguna cosa más. Únicamente se ha conseguido mejorar un poco la situación de solvencia de bancos y cajas sin capital suficiente con la emisión de bonos con aval del Estado por valor, hasta el momento, de 20.000 millones de euros. ¿Quién se acuerda del Plan E? Sí que recordaremos, nosotros y las generaciones venideras, los más de 70.000 millones comprometidos y pronto gastados.
La situación de la economía española sigue empeorando. Según el Banco de España, a finales de 2009 el PIB habrá decrecido un 3% y la tasa de parados habrá alcanzado el 17% –eso, sin contar otro 1,5% de trabajadores "en formación" que la estadística escamotea–. El índice de ventas del comercio al por menor ha caído en febrero, año sobre año, un 7%; la producción industrial, un 23%, y las ventas de automóviles, un 38,6%. Ya ha tenido que ser intervenida una caja de ahorros por su "falta de liquidez", y se teme que haya más en situación comprometida.
Rodríguez Zapatero, con sus nombramientos de esta Pascua Florida, parece haber decidido que la solución de la crisis se encuentra en un gasto público mayor y más concentrado. Ha destituido de la vicepresidencia económica a Pedro Solbes, un inerte hacendista que ya dejó la economía en triste estado como ministro de Economía de Felipe González y que ha repetido la hazaña con Zapatero, y ha puesto en su lugar a Elena Salgado, para que ordene y lleve a cabo los planes de gasto a los que Solbes se oponía. En el ministerio de Fomento, José (Pepiño) Blanco ha desplazado a Magdalena Álvarez, de jocosa memoria, para que cree empleo con obras públicas, aunque el sector sea demasiado pequeño para hacer mella en el paro. A cargo de las políticas sociales ha puesto a su fiel colaboradora Trinidad Jiménez, que intentará hacer buena la promesa de no dejar a ningún parado sin protección y que buscará dinero para poner en marcha la Ley de Dependencia, aunque en los servicios sociales no hay desempleo.
Como decía Keynes, "los locos en puestos de mando, cuando oyen voces en el aire, están destilando su frenesí de algún escritor académico de algunos años atrás". Es irónico que, hoy, quienes están a cargo de las economías adelantadas destilen su frenesí de los textos de Keynes. Los gobernadores de los bancos centrales aplican la receta keynesiana de reducir los tipos de interés, como si eso pudiera aliviar la situación patrimonial de las instituciones financieras. Los gobernantes como Rodríguez Zapatero están obsesionados con salir de la depresión y del desempleo inflando el consumo y las obras públicas.
El camino es otro. Bancos y cajas podrían recobrar la confianza mutua y volver a financiar las empresas solventes si el Gobierno averiguase qué activos tóxicos tienen en su balance y los comprara, o cerrara las instituciones quebradas. La economía española tendría un futuro más despejado si hubiera un gran acuerdo nacional con el objeto de realizar las reformas estructurales necesarias para relanzar nuestra productividad. En vez de eso, parece que el presidente Zapatero repite con maníaca urgencia: "¡Hagamos lo que sea, pero más deprisa!".
© AIPE
Decir que el presidente español fue incapaz de admitir la existencia de la crisis es quizá demasiado caritativo. Los especialistas se lo dijimos en todos los tonos y nos llamó "anti-patriotas". Manuel Pizarro se lo remachó al entonces vicepresidente económico Pedro Solbes, en un sonado debate televisivo. Solbes le despachó con displicente soberbia, y al parecer fue aplaudido en el siguiente Consejo de Ministros por su victoria dialéctica. ¿Qué importaba que la patria sufriera y los ciudadanos padeciesen? Más importaba conseguir votos en la inminente elección, aun al precio de mentiras sin cuento.
Acuciado por los acontecimientos, el Gobierno lanzó con gran despliegue de medios el Plan E de reactivación económica. Los resultados han sido: aumento (equivalente a seis puntos porcentuales del PIB) del déficit público, provisión de fondos a los ayuntamientos para fomentar el empleo con obras públicas de pacotilla, aplazamiento de las cuotas hipotecarias de algunas familias sin recursos, promesas de financiación especial para pymes a través del Instituto de Crédito Oficial y alguna cosa más. Únicamente se ha conseguido mejorar un poco la situación de solvencia de bancos y cajas sin capital suficiente con la emisión de bonos con aval del Estado por valor, hasta el momento, de 20.000 millones de euros. ¿Quién se acuerda del Plan E? Sí que recordaremos, nosotros y las generaciones venideras, los más de 70.000 millones comprometidos y pronto gastados.
La situación de la economía española sigue empeorando. Según el Banco de España, a finales de 2009 el PIB habrá decrecido un 3% y la tasa de parados habrá alcanzado el 17% –eso, sin contar otro 1,5% de trabajadores "en formación" que la estadística escamotea–. El índice de ventas del comercio al por menor ha caído en febrero, año sobre año, un 7%; la producción industrial, un 23%, y las ventas de automóviles, un 38,6%. Ya ha tenido que ser intervenida una caja de ahorros por su "falta de liquidez", y se teme que haya más en situación comprometida.
Rodríguez Zapatero, con sus nombramientos de esta Pascua Florida, parece haber decidido que la solución de la crisis se encuentra en un gasto público mayor y más concentrado. Ha destituido de la vicepresidencia económica a Pedro Solbes, un inerte hacendista que ya dejó la economía en triste estado como ministro de Economía de Felipe González y que ha repetido la hazaña con Zapatero, y ha puesto en su lugar a Elena Salgado, para que ordene y lleve a cabo los planes de gasto a los que Solbes se oponía. En el ministerio de Fomento, José (Pepiño) Blanco ha desplazado a Magdalena Álvarez, de jocosa memoria, para que cree empleo con obras públicas, aunque el sector sea demasiado pequeño para hacer mella en el paro. A cargo de las políticas sociales ha puesto a su fiel colaboradora Trinidad Jiménez, que intentará hacer buena la promesa de no dejar a ningún parado sin protección y que buscará dinero para poner en marcha la Ley de Dependencia, aunque en los servicios sociales no hay desempleo.
Como decía Keynes, "los locos en puestos de mando, cuando oyen voces en el aire, están destilando su frenesí de algún escritor académico de algunos años atrás". Es irónico que, hoy, quienes están a cargo de las economías adelantadas destilen su frenesí de los textos de Keynes. Los gobernadores de los bancos centrales aplican la receta keynesiana de reducir los tipos de interés, como si eso pudiera aliviar la situación patrimonial de las instituciones financieras. Los gobernantes como Rodríguez Zapatero están obsesionados con salir de la depresión y del desempleo inflando el consumo y las obras públicas.
El camino es otro. Bancos y cajas podrían recobrar la confianza mutua y volver a financiar las empresas solventes si el Gobierno averiguase qué activos tóxicos tienen en su balance y los comprara, o cerrara las instituciones quebradas. La economía española tendría un futuro más despejado si hubiera un gran acuerdo nacional con el objeto de realizar las reformas estructurales necesarias para relanzar nuestra productividad. En vez de eso, parece que el presidente Zapatero repite con maníaca urgencia: "¡Hagamos lo que sea, pero más deprisa!".
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